El grupo municipal del Partido Popular de Valencia, liderado por la mano derecha de Carlos Mazón, María José Catalá, es un refugio, un oasis, para varios imputados por corrupción. De hecho, Catalá tiene como asesores a tres procesados por blanqueo y una investigada por corrupción. Se trata de los asesores Luis Salóm, Cristina Diego y Cristobal Grau, todos procesados por la pieza del pitufeo del caso Taula, y de la sobrina de la exalcaldesa Rita Barberá, que está imputada junto a toda su familia en el caso Azud.

Pero es que a esos cuatro habría que sumar un quinto, Julio Valero, que hasta que hace unos meses volvió a su plaza como funcionario, estaba en el equipo de prensa de María José Catalá. Es decir, la mano derecha de Mazón tiene casi un 40 por ciento de sus asesores vinculados a tramas de corrupción.

La pregunta que surge ahora es qué hará Catalá, quien ha llegado a normalizar hasta tal extremo la corrupción que no solo mantiene como asesores a los procesados, sino que loa el ‘legado’ de Barberá como algo a lo que aplaudir y copiar.

Un legado presuntamente cimentado sobre la financiación irregular y el amaño de contratos municipales. Catalá quiere ser como Rita, quien era conocida como ‘la alcadesa de España’, pero también como la persona que cerró los ojos mientras su cuñado, José María Corbin, y su mano derecha, el exvicealcalde Alfonso Grau, presuntamente se forraban amañando los contratos del consistorio valenciano. En este sentido, ambos fueron detenidos en la operación Azud. El primero estuvo un mes en prisión preventiva, y el segundo lleva varios meses en la cárcel de Picassent.

Una Barberá que se llegó a gastar tres millones de euros en la campaña de las elecciones municipales, mientras declaraba al Tribunal de Cuentas que el presupuesto era 20 veces menor, de 150.000 euros.

Según la documentación, los tres millones se consiguieron con ‘la ayuda’ de varios empresarios contratistas del consistorio valenciano. Entre los presuntos donantes del dinero negro, que figuraban en una relación en la documentación aportada, se encuentran Secopsa, que supuestamente hizo dos entregas de dinero, de 225.000 y 150.000 euros; Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), que primero entregó 300.000 euros y después otros 150.000; Rulv Valencia (UTE de Secopsa), 100.000 euros; el Grupo Rover Alcisa (60.000); Urbana Ducat (30.000); Nou Litoral (360.000); PKL Real State (30.000); Pavasal (dos entregas de 90.000 y 150.000 euros); Luján (20.600); Lubasa (200.000 y 150.000 euros); Edival (30.000 y 20.000); FCC (200.000), y Ágora Patrimonial (30.000).

Explicar hasta qué punto llegó el dopaje del PP de Rita Barberá es fácil. El PP gastó más en unas elecciones municipales que, por ejemplo, Podemos en las generales de 2015 y 2016, donde utilizaron 2,9 y 1,9 millones según los datos hechos públicos por la formación morada.