La nueva Ley de Educación aprobada en el Congreso ha nacido con dificultades respiratorias difíciles de superar. La ministra de Educación, Isabel Celaá, el Gobierno, los expertos en educación del Ministerio, los 177 diputados que votaron a favor, todos hicieron lo posible para que el bebé naciera robusto. Pero, los que se opusieron a un parto tranquilo, aplauden sin mascarillas para que sus aerosoles contaminen cuanto antes al recién nacido.

Antes del alumbramiento ya se habían preparado para que la nueva vida se enterara de lo que vale un peine. Alarmas sin fundamento, campañas elaboradas con esmero para persuadir a los alumnos de hoy que mañana les espera lo peor, bulos sobre lo que ocurriría con los colegios concertados que no aparecen ni por asomo en el texto aprobado y ácidas críticas en torno a la enseñanza de la asignatura de Religión.

El cardenal arzobispo de Valencia, José Antonio Cañizares, lanzó la víspera de la votación su particular arenga desde las páginas de La Razón, en un artículo en el que calificó la nueva ley como “un retroceso gigantesco, que nos llevará al abismo.”

Es más, en su habitual tono tremendista advirtió que no sabe si lo que quiere “el Gobierno social comunista que nos rige y trata de dominarnos, es renegar del conjunto de derechos humanos fundamentales de la democracia o abolirla y llevarnos a épocas pasadas o a otra de dictadura”.

Una vez más, este prelado ignora la posición de la Conferencia Episcopal Española, a la que pertenece, cuyas evidentes críticas a la Ley aprobada parecen fruto de una prudente reflexión, mientras Cañizares se envuelve en la bandera de la libertad y advierte sin recato del riesgo de acabar en una dictadura.

La nueva norma define que “la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo”, con lo que desaparecen prerrogativas que hasta ahora disfrutaban centros de gestión privada, como la donación gratuita por parte de los Ayuntamientos de terrenos escolares a los centros concertados.

Durante años, el alumnado menos favorecido estudiaba en la escuela pública (9 de cada 10 niños) pero ahora se les va a redistribuir entre colegios públicos y concertados. Una oficina de garantía vigilará que los centros no manipulen la elección de sus alumnos. Se resuelven casos sangrantes como los de los hijos de inmigrantes, que podrán optar por un centro concertado cuando llegan a mitad de curso.

También se dictamina que las actividades extraescolares de pago tengan que realizarse fuera del horario escolar. Cosa que tampoco gusta al cardenal. Respecto a los centros de educación especial, que tantos inventos y campañas embusteras han concentrado, la ministra Celaá dijo el jueves en Hora 25 de la Cadena SER que de “ninguna de las maneras esta ley acaba con los centros de educación especial. Es más, les atribuye una función de ser referencia y apoyo”.

La actitud del prelado Cañizares es demoledora. Señala con dedo acusador al gobierno social comunista y clama por ocupar las calles al grito de libertad. ¿Libertad para seguir difundiendo en niños y jóvenes una visión limitada de la vida y para fomentar la desigualdad?