Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa del comisario europeo y exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, se acogió a la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Su nombre se encuentra en el listado de Personas Políticamente Expuestas (PEP) que la Agencia Tributaria envió al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) por si el dinero procedía de actividad derivada del político. 

Según fuentes consultada por El Confidencial, la mujer del exministro, procedente de una familia de terratenientes de Jerez de la Frontera, es una de las 29.000 personas que se acogieron a la amnistía fiscal del ministro Montoro y que afloró 40.000 millones en bienes.

Con esta revelación, Micaela Domecq se suma a la lista de afines al Partido Popular y que se acogieron a esta polémica regulación, la cual desde su nacimiento siempre ha estado señalada por haberse hecho ‘a la carta’. Además de ella, también han aparecido en esta amnistía los nombres de Rodrigo Rato y Luis Bárcenas.

También en los papeles

El nombre de Micaela Domecq apareció en los papeles de Panamá junto con otros miembros de su familia. Figuraban como autorizados de la empresa Rinconada Investments Group S.A., registrada en el país centroamericano. La firma fue registrada el 18 de noviembre de 2005 a través de bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en sociedades offshore.

El comisario europeo Arias Cañete quiso desvincularse de los negocios de su mujer asegurando que tienen una "separación absoluta de bienes" desde que se casaron, en 1978. "Nunca he participado ni en la administración ni en la gestión de los bienes de mi mujer", señaló. Afirmó que estos "bienes y derechos (...) están declarados en España" y consideró que él ha "cumplido las obligaciones del código de conducta de comisario".

Listado de los VIP

El PEP fue creado por la Agencia Tributaria para cribar a los españoles que se acogieron a la amnistía fiscal. En él hay 715 Personas Políticamente Expuestas como políticos o jueces con dinero regularizado en 2012. Fue el propio director de la Agencia, Santiago Menéndez, el que reveló este dato el pasado abril cuando aseguró que “en el curso de estas actuaciones se ha detectado, en algunos casos, la presencia de indicios de blanqueo de capitales, por lo que de conformidad con el artículo 95 de la Ley General Tributaria se envió al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado con un colectivo integrado por 715 personas para su análisis y valoración”.

Por su parte, tuvieron que pasar casi dos años desde la amnistía fiscal hasta que el ministro Montoro dijese que con ella no se iban a regularizar delitos, cabreando a bufetes de abogados y asesores fiscales que habían recomendado a sus clientes acogerse a la amnistía fiscal ya que, entendía, con ella no se les investigaría. "Si se descubre que hay un origen delictivo en el dinero que ha aflorado, la persona implicada debe responder por ello como cualquier otro ciudadano".