Con la pelota de la amnistía ya en dependencias judiciales, el regreso de Carles Puigdemont a Cataluña está cada vez más cerca. La investidura en el Parlament está totalmente bloqueada. Buena parte de la culpa recae sobre el partido del expresident, que, tras reunirse con el presidente de la Cámara autonómica, Josep Rull (Junts), deslizó que su líder en el exilio regresará pronto, pero “no ahora”. Así lo anunciaba Albert Batet, cabeza visible del grupo parlamentario de los neoconvergentes, insistiendo en que “su compromiso”, que además extendió públicamente, es regresar cuando haya “un pleno de investidura”. Sin embargo, dejó en el aire el futuro del que fuera Molt Honorable en caso de que el bloqueo institucional, fomentado por su propia formación, persista.
El primer envite de la legislatura en Cataluña queda en tablas. Nadie ha sido capaz de armar una mayoría suficiente para ungir a ningún candidato como futuro president de la Generalitat. Ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont se postularán el próximo 25 de junio, fecha límite para la primera sesión de investidura. Al no haber propuesta sobre la mesa, el presidente del Parlament convocará el pleno para el 26 de junio que declare el “acto equivalente” y comience la cuenta atrás de la repetición electoral.
A partir del próximo martes, el taxímetro correrá y el trayecto empezará a encarecerse. Se abrirá un periodo de dos meses habilitados para la celebración debates de investidura. Sin embargo, en caso de que todos sean fallidos y el calendario avance hasta el 26 de agosto, los catalanes estarán obligados a votar a finales de octubre automáticamente. Sin prisa, pero sin pausa, los interesados deberán pisar el acelerador para certificar sus acuerdos para una posible unción de sus candidatos, con atención especial al líder del PSC, Salvador Illa, que ve cómo Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) asume el papel de elemento de distracción para dar tiempo a Carles Puigdemont.
No salen las cuentas
Al dirigente de los neoconvergentes no le salen las cuentas, lo que le lleva a incumplir dos de sus promesas de campaña. Ambas van, en cierto modo, de la mano. El expresident de la Generalitat se comprometió a regresar a Cataluña, toda vez se aprobara la Ley de Amnistía, para someterse a un debate de investidura en el Parlament si quedaba por delante de los republicanos en las elecciones. Primer check en la hoja de ruta que conduce al segundo. Y es que el propio Puigdemont aseguró que dejaría la vanguardia política si perdía los comicios. La derrota ante el PSC, sin embargo, le motivó para aferrarse a unos números que no le salen en verde, guardándose la carta de la repetición electoral como último clavo ardiendo.
“Si soy candidato a la investidura, dejaré el exilio definitivamente para asistir al pleno del Parlament y pedir la confianza de la Cámara. Se supone que los jueces habrán aplicado las disposiciones previstas en la ley de amnistía, pero si adoptan una actitud de rebeldía e insumisión y se niegan a cumplir la ley, asistirié igualmente al pleno del Parlament si tengo la mayoría para ser investido”, aseguró el expresident el pasado 22 de marzo desde la localidad de Elna, al sur de Francia.
Puigdemont ni ha regresado, ni ha abandonado la política y, ni por supuesto, cuenta con esa mayoría que le catapulte a la restitución como Molt Honorable. En Junts, al menos de puerta para fuera, mantienen intactas las opciones de su candidato a ser investido. Creen que existe una “mayoría de 59 diputados con Esquerra y la CUP” que es superior a los 48 del PSC y Comunes. “Confiamos que haya investidura”, deslizó el presidente del Grupo Parlamentario de Junts en la Cámara catalana. Pero los anticapitalistas, socios clásicos de los neoconvergentes, ya han avanzado que sus votos no engordarán la saca del expresident.
Tampoco le salen las cuentas a Illa. El PSC está luchando a destajo, amparándose en todos los resortes que tiene a su disposición, para seducir a los Comunes y a una Esquerra que está más preocupada por su sucesión que por el futuro de la Generalitat. Los republicanos están inmersos en plena guerra civil orgánica, con el aparato del partido en manos de una Marta Rovira que quiere redirigir la nave otrora de Junqueras hacia las tesis independentistas. Una enmienda a la totalidad al rumbo preferentemente progresista que quiso tomar el exvicepresident de la Generalitat.
Por lo tanto, al menos en el corto plazo, la opción se antoja más factible es la de una repetición electoral que, a juzgar por la demoscopia, beneficia sobremanera a los socialistas catalanes. Los de Illa serían los únicos que ensancharían sus márgenes en caso de acudir de nuevo a las urnas. Esto en el ámbito de los partidos tradicionales, pues la extrema derecha independentista de Silvia Orriols (Aliança Catalana). Resultado que, a priori, volvería a dibujar el boceto de una Cataluña ingobernable.
El comodín del regreso
En cualquier caso, cuentas de la lechera aparte, la vuelta de Carles Puigdemont es un bucle temporal. Desde 2017, el expresident de la Generalitat juega esta carta en todas y cada una de las manos electorales que se han disputado. “Si quieres que vuelva el president, vota al president”, rezaba el lema de campaña post155, cuando se improvisó la lista de JxCAT en los comicios forzados desde Madrid. Unas elecciones en las que, además, perdió ante el crecimiento inusitado de los Ciudadanos de Inés Arrimadas. Dos años más tarde, volvería a usar el comodín, pero sin suerte a pesar de hacerse con el acta de eurodiputado y ganar la batalla de las urnas.
Tampoco volvió cuando, en 2021, fue primero en las listas de los neoconvergentes y salió derrotado de aquellas elecciones en plena pandemia. Cabe destacar, eso sí, que fue cabeza de cartel desde el punto de vista simbólico, dado que su número dos, Laura Borràs, ocupaba el siguiente escalafón. En ninguna ocasión, Puigdemont ha regresado. Ahora, en pleno 2024 y con la amnistía ya aprobada, su regreso está más cerca que nunca, aunque ya ha incumplido dos de sus promesas electorales que circulaban en este sentido y es muy probable que su regreso capitalice una futura campaña en caso de repetición electoral.
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