La Agencia Tributaria y Juan Carlos I han alcanzado un acuerdo para cerrar la inspección abierta por los regalos de las cacerías después de su abdicación en el año 2014. El exjefe del Estado español ha asumido la sanción administrativa propuesta hace unas semanas a través de un acta de conformidad con el organismo dependiente de Hacienda, cuya postura señala que debió declarar los viajes en avión que le regalaron varios empresarios para acudir a las jornadas de caza, según lo publicado por El Mundo.

Esta era la última cuestión fiscal restante en España para Juan Carlos I tras sus regularizaciones voluntarias, aceptadas por la Fiscalía del Tribunal Supremo y por las que tuvo que abonar una cantidad de más de cinco millones de euros para no acabar acusado de varios delitos fiscales. Sobre este último procedimiento, iniciado el pasado mes de junio esta vez por la vía administrativa, el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria lo abrió para solicitar formalmente al padre de Felipe VI que confirmara el número de cacerías donde había participado en fechas posteriores a su abdicación, en concreto, entre los ejercicios económicos de 2014 y 2018, además de preguntar quién había corrido con los gastos, sobre todo los de los vuelos.

Esta causa tenía como propósito investigar si Juan Carlos I se benefició de un incremento patrimonial no justificado cuando dejó de ser jefe del Estado, momento a partir del cual perdió el privilegio de inviolabilidad ante la Justicia que la Constitución Española le otorga. Según fuentes judiciales consultadas por el citado diario, los inspectores han centrado el foco de sus pesquisas en los vuelos privados que el rey emérito utilizó para viajar hasta los lugares donde se producían las cacerías, ya que consideran estos gastos los de mayor importe, por lo que Hacienda le ha requerido las regularizaciones de todos ellos.

A través de sus asesores jurídicos y fiscales, Juan Carlos I admitió no haber declarado ninguna cantidad durante el tiempo que ya no ostentaba su privilegio de inviolabilidad, ni siquiera en concepto de desplazamientos. Por ello, Hacienda ha elaborado unas actas recientemente para dar cuenta de la respectiva sanción contra el padre de Felipe VI.

También jamones ibéricos o calzado a medida

También las fuentes contactadas por el referido medio de comunicación, los importes reclamados a Juan Carlos I en el expediente abierto por el organismo que dirige la fiscalidad en España no llegan a los 120.000 euros, cantidad a partir de la cual su omisión en la declaración de estos gastos pasaría a constituir un delito contra la Hacienda Pública, tal y como está previsto en el Código Penal. Además, a diferencia de otras veces, la Agencia Tributaria no ha cuestionado en este caso las anteriores regularizaciones del rey emérito, que fueron posteriormente calificadas como “completas, válidas y veraces” por parte de la Fiscalía.

Esta situación ha representado un alivio para Juan Carlos I, ya que la peor en la que él se habría encontrado sería que Hacienda, en aplicación de la Ley General Tributaria, estimara incompletas las declaraciones voluntarias que llevó a cabo por el regalo de vuelos privados mediante la Fundación Zagatka, dirigida por su primo Álvaro de Orleans, o los recibidos por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. En el caso de que el organismo fiscal público lo hubiera interpretado de dicha manera, el padre de Felipe VI tendría que haber hecho frente a un proceso por delito fiscal.

También Juan Carlos I ha sido objeto de investigación por regalos de importes más bajos. Según las fuentes del mismo periódico, Hacienda ha llegado a requerir al rey emérito la justificación de algunos pagos como jamones ibéricos o calzado a medida fabricado por una conocida zapatería de Barcelona.