La Administración de Donald Trump prepara una nueva venta de armamento a Israel valorada en unos 2.800 millones de dólares, un paquete que contempla 40.000 bombas de 2.000 libras —aproximadamente 907 kilogramos—, según fuentes del 'The Washington Post' familiarizadas con la operación. La propuesta, todavía no definitiva, ha sido comunicada de manera informal a las comisiones del Congreso competentes en materia de grandes transferencias de armas.
La operación incluye 20.000 unidades MK-84 y otras 20.000 BLU-117, además de 20.000 cuerpos penetradores I-2000, según la información publicada inicialmente por el periodíco estadounidense y posteriormente confirmada por fuentes citadas por Reuters y Associated Press. El armamento pertenece a una categoría de municiones de enorme capacidad destructiva, concebidas para atacar estructuras y objetivos endurecidos, aunque sus efectos pueden extenderse ampliamente en entornos urbanos.
La Administración estadounidense no ha presentado públicamente todavía los términos definitivos de la transferencia. Un alto funcionario citado por The Washington Post señaló que las ventas de armamento extranjero siguen el procedimiento correspondiente y declinó comentar operaciones pendientes. La Embajada de Israel tampoco respondió inicialmente a las solicitudes de declaraciones.
Una transferencia con una carga política excepcional
En 2024, durante la Administración de Joe Biden, Washington suspendió un envío de bombas de 2.000 libras a Israel debido a las preocupaciones sobre su utilización en zonas densamente pobladas de Gaza. Trump levantó aquella suspensión tras regresar a la Casa Blanca en enero de 2025.
La nueva operación sería, según The Washington Post, la mayor venta individual de este tipo de munición a Israel en varios años y superaría transferencias anteriores realizadas tanto durante el mandato de Biden como durante el primer y segundo periodo presidencial de Trump. En 2025, la Administración Trump ya había aprobado otra operación cercana a los 3.000 millones de dólares que incluía más de 35.500 bombas de esta clase.
El mecanismo financiero también resulta relevante: aunque se presenta formalmente como una venta, buena parte de la operación se financiaría mediante Foreign Military Financing, un sistema por el que Estados Unidos proporciona fondos a Israel para adquirir material militar estadounidense. El dinero, por tanto, no constituye simplemente una transacción comercial ordinaria entre dos Estados, sino que se inscribe en la arquitectura más amplia de la asistencia militar estadounidense a Israel.
El peso de una bomba concebida para destruir
La MK-84 es una bomba de propósito general de aproximadamente 2.000 libras. Su capacidad explosiva permite atravesar estructuras de gran resistencia y generar una onda expansiva y una dispersión de fragmentos considerable. La BLU-117 es una variante de ese cuerpo de bomba con un recubrimiento térmico destinado, entre otras funciones, a facilitar su almacenamiento naval.
Expertos citados por The Washington Post han señalado que este tipo de bombas ha sido utilizado por Israel en Gaza y Líbano. Investigaciones basadas en imágenes de ataques y análisis de fragmentos de munición también han identificado indicios del empleo de bombas estadounidenses de 2.000 libras en Gaza.
La existencia de la munición, sin embargo, no demuestra por sí misma que un ataque concreto haya vulnerado el derecho internacional humanitario. La legalidad de cada operación depende, entre otros factores, del objetivo militar, las circunstancias conocidas en el momento del ataque, las medidas de precaución adoptadas y la proporcionalidad entre la ventaja militar prevista y el daño incidental esperado.
Gaza, entre la estadística y la devastación
La propuesta estadounidense llega después de casi tres años de guerra y en un escenario en el que la violencia no ha desaparecido pese al alto el fuego respaldado por Washington en octubre de 2025. Reuters informa de que más de 73.000 palestinos han muerto, según las autoridades sanitarias de Gaza, mientras los ataques israelíes y las acusaciones mutuas de incumplimiento de la tregua continúan.
Las cifras de víctimas procedentes de Gaza deben atribuirse expresamente a sus autoridades sanitarias y están sometidas a las dificultades inherentes a la recopilación de datos en una guerra. Aun así, Naciones Unidas y organizaciones internacionales han documentado una destrucción de enormes proporciones y una crisis humanitaria persistente. En septiembre de 2026, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó, además, del hallazgo de más de 630 cuerpos entre los escombros de edificios destruidos y señaló que miles de personas podrían continuar sepultadas bajo las ruinas.
El paisaje material de Gaza añade otra dimensión a la discusión sobre las armas pesadas: hospitales, viviendas, escuelas y otras infraestructuras esenciales han sufrido daños masivos desde el comienzo de la ofensiva israelí. La cuestión ya no se limita, por tanto, al número de víctimas, sino a la posibilidad de reconstruir una sociedad sobre un territorio cuya infraestructura civil ha quedado profundamente erosionada.
La ONU habla de genocidio; Israel rechaza la acusación
El tratamiento de la palabra "genocidio" exige especial precisión. En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel concluyó que Israel había cometido actos que, a su juicio, constituían genocidio en Gaza. La comisión fundamentó su conclusión en varias categorías de actos contempladas por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Israel ha rechazado esas acusaciones y sostiene que sus operaciones militares responden a una amenaza de seguridad y que sus fuerzas actúan conforme al derecho internacional. También ha cuestionado la interpretación de actuaciones de Naciones Unidas y ha defendido que la finalidad de su campaña es combatir a Hamás, no destruir al pueblo palestino.
Conviene distinguir esta conclusión de Naciones Unidas de la posición de la Corte Internacional de Justicia. En enero de 2024, la CIJ dictó medidas provisionales en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel, pero esas medidas no equivalieron a una sentencia definitiva que determinara que se hubiera cometido genocidio. El proceso sobre el fondo de la acusación continúa.
La diferencia no es un tecnicismo menor: en derecho internacional, una conclusión de una comisión de investigación, una medida provisional de un tribunal y una sentencia definitiva son instrumentos jurídicos distintos y poseen alcances diferentes.
Una opinión pública estadounidense cada vez más dividida
La controversia sobre la nueva transferencia se produce también en un contexto de transformación de la opinión pública estadounidense. Una encuesta nacional de Quinnipiac University, publicada el 24 de junio de 2026 entre votantes registrados, mostró que el 48% consideraba que Estados Unidos presta «demasiado apoyo» a Israel, frente al 38% que juzgaba adecuado ese respaldo y el 7% que lo consideraba insuficiente. Entre los votantes demócratas, la proporción que consideraba excesivo el apoyo ascendía al 66%.
Una encuesta posterior de la misma universidad, publicada el 10 de septiembre, mantuvo prácticamente el mismo nivel: el 48% de los votantes registrados consideraba excesivo el apoyo estadounidense a Israel, mientras que entre los demócratas la cifra ascendía al 67%.
Los datos no permiten convertir una encuesta en una explicación causal de la política exterior estadounidense. Sí muestran, en cambio, que la relación entre Washington e Israel se desarrolla en un entorno político interno más disputado que años atrás.
El Congreso ante una decisión que trasciende las armas
La notificación informal a las comisiones del Congreso abre ahora una fase política y administrativa antes de que la operación pueda materializarse. La cuestión no se limita al número de bombas ni a su valor económico. En ella convergen la alianza estratégica entre Estados Unidos e Israel, la financiación pública estadounidense, las obligaciones derivadas del derecho internacional y el debate sobre los límites de la asistencia militar en una guerra con un elevado coste civil.
En ese cruce, cada cifra adquiere un significado que excede su aritmética. 2.800 millones de dólares representan una partida presupuestaria; 40.000 bombas, una capacidad material de destrucción; y, en un territorio densamente poblado, cada decisión sobre su empleo puede proyectar consecuencias que ninguna hoja de cálculo consigue contener por completo.
La discusión que ahora llega a Washington es, por ello, también una discusión sobre los límites de la fuerza: qué armas se transfieren, bajo qué garantías, para qué objetivos y con qué mecanismos de supervisión. En última instancia, la controversia devuelve a primer plano una pregunta elemental del derecho de la guerra: no si un Estado puede defenderse, sino cómo debe hacerlo cuando la defensa armada se desarrolla entre viviendas, hospitales, familias desplazadas y ruinas.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.