La Administración de Donald Trump ha autorizado un acuerdo de cooperación nuclear civil con Arabia Saudí que abre la puerta a que la monarquía del Golfo pueda enriquecer uranio dentro de su territorio. La decisión representa un cambio profundo en la política de no proliferación de Estados Unidos y expone una contradicción difícil de disimular: Washington concede a uno de sus principales aliados árabes acceso a una tecnología nuclear sensible mientras utiliza el programa atómico iraní para justificar sanciones, amenazas y operaciones militares.
El pacto, negociado durante años entre ambos gobiernos, establece el marco jurídico necesario para que empresas estadounidenses puedan vender reactores, componentes y tecnología nuclear a Riad. No supone que Arabia Saudí vaya a comenzar a enriquecer uranio de forma inmediata, pero sí elimina uno de los principales obstáculos que habían bloqueado las conversaciones anteriores: la negativa saudí a renunciar expresamente al enriquecimiento y al reprocesamiento de combustible nuclear.
Ambas actividades pueden tener finalidades civiles. El uranio enriquecido a baja concentración se emplea como combustible para centrales eléctricas. Sin embargo, la misma infraestructura, los mismos conocimientos técnicos y buena parte de los mismos equipos pueden utilizarse para avanzar hacia material apto para armas nucleares. Por ese motivo, los acuerdos estadounidenses más restrictivos obligan a los países receptores a descartar esas capacidades.
Una excepción para el aliado de Washington
El precedente más citado es el acuerdo firmado entre Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos en 2009. Abu Dabi aceptó renunciar al enriquecimiento de uranio y al reprocesamiento de plutonio a cambio de acceder a tecnología nuclear estadounidense. Aquella fórmula fue presentada como el denominado “estándar de oro” de la cooperación atómica: energía nuclear civil sin tecnologías que puedan facilitar la proliferación militar.
Arabia Saudí nunca aceptó esas condiciones. Durante años, Riad defendió que tenía derecho a desarrollar el ciclo completo del combustible nuclear y rechazó depender permanentemente de proveedores extranjeros. Esa posición frenó tanto a la primera Administración de Trump como al Gobierno de Joe Biden, que también intentó integrar el programa nuclear saudí en un acuerdo diplomático más amplio.
La nueva autorización supone que Washington ha terminado cediendo en la cuestión central. El pacto permite estudiar y desarrollar capacidades saudíes de enriquecimiento bajo un sistema de controles todavía poco transparente. El alcance exacto de esos mecanismos, los límites técnicos que se impondrán y el papel de los inspectores internacionales siguen siendo algunos de los elementos más controvertidos.
La Administración estadounidense sostiene que el programa tendrá fines exclusivamente pacíficos y que estará sometido a salvaguardias. No obstante, la ausencia de una renuncia inequívoca al enriquecimiento alimenta las críticas de expertos en desarme y legisladores demócratas, que alertan del riesgo de que Arabia Saudí adquiera una capacidad nuclear latente: la posibilidad de fabricar material militar en un plazo relativamente corto si toma la decisión política de hacerlo.
La doble vara frente a Irán
La firma del acuerdo se produce mientras Trump mantiene una estrategia de máxima presión contra Irán. Washington presenta el enriquecimiento iraní como una amenaza directa para la seguridad regional y como una prueba de las supuestas ambiciones militares de Teherán. Esa acusación ha servido para justificar el endurecimiento de las sanciones, la ruptura de acuerdos diplomáticos y la escalada militar.
La diferencia de trato resulta evidente. A Irán se le castiga por enriquecer uranio; a Arabia Saudí se le ofrece cooperación tecnológica para desarrollar esa misma capacidad. La Casa Blanca argumenta que Riad es un socio estratégico, que su programa estará supervisado y que el régimen saudí cumple formalmente sus compromisos internacionales. Sin embargo, el carácter autoritario de la monarquía, la falta de transparencia institucional y las declaraciones de sus dirigentes hacen que esas garantías sean cuestionadas.
El príncipe heredero Mohamed bin Salmán, gobernante de facto del país, ha asegurado públicamente que Arabia Saudí buscaría la bomba atómica si Irán llegara a obtenerla. Sus palabras convierten el programa nuclear saudí en algo más que un proyecto energético. Aunque Riad insiste en sus objetivos civiles, el propio liderazgo del país ha vinculado su futuro nuclear a la rivalidad estratégica con Teherán.
Esa posición puede acelerar una carrera regional. Turquía, Egipto y otros Estados de Oriente Próximo podrían reclamar capacidades similares si perciben que Arabia Saudí se aproxima al umbral nuclear con el respaldo estadounidense. El peligro no reside únicamente en la fabricación inmediata de un arma, sino en la expansión de programas capaces de producirla en caso de crisis.
Negocio nuclear y alianza estratégica
El acuerdo también tiene una dimensión económica. Arabia Saudí pretende construir varios reactores para diversificar su sistema energético y reducir el consumo interno de petróleo y gas, que puede destinar a la exportación. El proyecto abre contratos de miles de millones para compañías estadounidenses, con Westinghouse como una de las principales aspirantes a suministrar los futuros reactores.
Trump presenta esta cooperación como una victoria para la industria nacional. Su Administración defiende que, si Estados Unidos rechaza las exigencias saudíes, Riad recurrirá a China o Rusia, países que también compiten por hacerse con el mercado nuclear del reino. Según este argumento, mantener a Arabia Saudí dentro de la órbita tecnológica estadounidense permitiría ejercer una supervisión mayor que dejar el programa en manos de Pekín o Moscú.
Sin embargo, ese razonamiento convierte las normas de no proliferación en una variable comercial y geopolítica. Las restricciones dejan de aplicarse de forma uniforme y pasan a depender del valor estratégico del aliado y de los contratos en juego. El mensaje es que las líneas rojas nucleares pueden negociarse cuando existen suficientes intereses económicos y militares.
El pacto deberá atravesar el procedimiento previsto en el Congreso estadounidense, donde los legisladores pueden examinarlo y tratar de bloquearlo. La capacidad real de las cámaras para impedir su aplicación dependerá de las mayorías políticas y de la disposición de los republicanos a enfrentarse a Trump.
Mientras tanto, varias cuestiones siguen sin respuesta pública: el nivel máximo de enriquecimiento autorizado, el control de las instalaciones, la capacidad de inspección del Organismo Internacional de Energía Atómica, las consecuencias de un eventual incumplimiento y la posibilidad de que Riad utilice tecnología propia o de terceros países.
Lo que ya está claro es el cambio político. Estados Unidos ha optado por aceptar un programa nuclear saudí más ambicioso para preservar su alianza con la monarquía y asegurar la entrada de sus empresas en uno de los mayores proyectos energéticos de la región. La misma Administración que presenta el enriquecimiento de uranio como una amenaza intolerable cuando lo realiza Irán está dispuesta a asumirlo cuando el beneficiario es Mohamed bin Salmán.
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