El genocidio que Israel está perpetrando sobre Palestina sigue activo aunque la guerra de Irán esté copando el foco mediático en los últimos meses. Las acciones que Netanyahu y su Gobierno continúan impulsando dejan a diario multitud de afectados en un conflicto que deja ya más de 74.000 fallecidos por los bombardeos y ataques israelíes, así como una población completamente acorralada a la que, incluso, le llegan a negar la ayuda humanitaria que intenta socorrerles. Es por ello que en distintos países se mantienen y amplían las sanciones a Israel, así como también se ponen en marcha medidas que buscan limitar la facilidad con la que el Ejecutivo de Netanyahu pueda seguir aumentando su armamento o recibir recursos con los que extender una ofensiva que comenzó en octubre de 2023.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido uno de los que ha abanderado el rechazo institucional a los abusos que Israel está cometiendo en la Franja de Gaza, una voz que se ha venido alzando con fuerza y que ha sido reconocida por multitud de países, que han valorado la posición que viene manteniendo España en el conflicto y que han seguido los pasos que se comenzaban a dar desde la Península Ibérica para hallar formas de hacer que las violentas acciones impulsadas por Netanyahu no queden exentas de consecuencias. En este sentido, el Ejecutivo de Sánchez fue de los primeros en promover sanciones a Israel y, entre las medidas promovidas, se implementó un veto a los buques que se dirijan hacia Israel para entregar armas al Ejército israelí. De esta manera, se decidió impedir que estos pudieran atracar en los puertos españoles.
Una parte importante de esos barcos cuyo final de camino termina en las costas de Israel proceden de Estados Unidos. Estas escalas, que venían siendo habituales en enclaves como el del puerto de Algeciras, resultan de importancia en el trayecto de los buques norteamericanos. No obstante, ante la decisión del Gobierno de España, se vieron obligados a buscar alternativas que, puedan ralentizar o no su viaje, no despiertan, precisamente, ilusión entre las distintas compañías que fletan barcos con armas que son enviadas a Israel. Prueba de ello es que, por ejemplo, la empresa Maersk realizaba siete escalas en España al mes antes de noviembre de 2024 y ahora busca evitar el puerto gaditano para desviarse a Tánger, en Marruecos.
Este movimiento ejecutado por el Gobierno de Pedro Sánchez no sentó bien desde un principio en Estados Unidos, donde Donald Trump estudia castigar a España por dificultar el tránsito de los barcos que acuden a Israel. Sin embargo, según se ha podido conocer, después de dos años de denegar a los barcos que atraquen en las costas de la Península Ibérica, justo ahora que en España se han anunciado comicios electorales el próximo 29 de noviembre, la Administración del político republicano estudia imponer restricciones a las exportaciones españolas dirigidas a Estados Unidos.
La propuesta de la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC) concreta así una amenaza que Trump lleva meses esgrimiendo contra España, tanto por su negativa a aumentar el gasto en defensa como por las restricciones al uso de sus bases para operaciones militares en Oriente Próximo. La investigación abierta por Washington tras el veto portuario ha desembocado en dos posibles represalias: un gravamen de 200.000 dólares a cada buque con bandera española que atraque en puertos estadounidenses y restricciones a la entrada de mercancías españolas por valor de más de 3.130 millones de dólares anuales, unos 2.800 millones de euros.
El listado contempla cinco grandes categorías de productos. La más afectada sería la de aceites y grasas, cuyas importaciones desde España alcanzaron los 1.150 millones de dólares en 2025, con especial peso del aceite de oliva, que representa cerca de 837 millones. Le siguen los productos de perfumería y cosmética, con 940 millones de dólares anuales y unos 700 millones correspondientes a perfumes y aguas de tocador. También figuran las manufacturas cerámicas, con 634,7 millones, entre ellas baldosas y mosaicos por valor de 523,7 millones; las manufacturas de piedra, yeso y cemento, y los productos de azúcar y confitería, que incluyen artículos elaborados con chocolate blanco.
La FMC justifica las medidas al considerar que las decisiones españolas han perjudicado al transporte marítimo estadounidense y obligado a modificar rutas comerciales. En su investigación, que ha recopilado alrededor de 8.000 alegaciones, la comisión concluye que existen pruebas de que España ha generado condiciones desfavorables para los operadores norteamericanos. El Gobierno español, por su parte, defendió que actuó dentro de sus competencias soberanas y en cumplimiento de la legislación nacional, europea e internacional que limita el tránsito de armamento hacia Israel.
Washington ha abierto ahora un plazo de 60 días para presentar alegaciones antes de decidir si aplica las restricciones de forma parcial o total. El calendario sitúa la resolución definitiva después de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre, por lo que la amenaza podría recaer sobre un Gobierno en funciones. El Ejecutivo de Sánchez ha adelantado que defenderá los intereses de las empresas españolas y prevé recurrir al marco del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea.
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