El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido reconocido este jueves con el Premio Internacional Mario Benedetti a la lucha por los Derechos Humanos y la Solidaridad 2025, un galardón que comparte con la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. La Fundación Benedetti subraya que esta edición llega marcada por “un contexto de dolor colectivo y urgencia ética”, acentuado por el genocidio que atraviesa el pueblo palestino, lo que obliga —dicen— a reafirmar el compromiso internacional con la justicia y la solidaridad activa.
Una postura férrea en defensa de Palestina
El reconocimiento a Sánchez no llega aislado: es consecuencia directa de la posición sostenida y firme que el presidente y su gobierno han mantenido desde el inicio de la ofensiva sobre Gaza. Moncloa ha reiterado en numerosas ocasiones que los ataques contra la población civil constituyen una violación del Derecho Internacional Humanitario, y Sánchez ha calificado públicamente la operación israelí como un “ataque injustificable” con efectos devastadores para cientos de miles de personas. Esa lectura ha situado a España en un espacio político poco habitual dentro de la Unión Europea, marcado por una condena explícita de la violencia y por un discurso orientado a la protección de la población palestina.
Esa firmeza se ha traducido en decisiones políticas concretas. En septiembre de 2025, Sánchez anunció un paquete de nueve medidas urgentes cuyo objetivo —según detalló el Ejecutivo— era “detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus ejecutores y apoyar al pueblo palestino”. Entre ellas figuran un embargo total de armas a Israel, la prohibición de tránsito en puertos españoles de buques con combustible militar destinado a las fuerzas israelíes y el cierre del espacio aéreo a aeronaves con material bélico. Moncloa también vetó la entrada en España de personas implicadas en presuntos crímenes de guerra y prohibió la importación de productos procedentes de asentamientos ilegales en territorios ocupados.
El Gobierno ha acompañado estas medidas con una línea diplomática definida: España ha reforzado su apoyo a resoluciones internacionales que exigen un alto el fuego permanente, ha respaldado el trabajo de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional para investigar crímenes cometidos en Gaza, y ha incrementado la cooperación humanitaria. Entre sus compromisos figura el aumento de la financiación a la UNRWA y la dotación de fondos adicionales destinados a la asistencia directa a la población palestina en 2026.
Sánchez ha trasladado este planteamiento a los principales foros multilaterales, insistiendo en que la defensa del Derecho Internacional debe aplicarse con coherencia en todos los conflictos. En intervenciones ante la UE, la OTAN y Naciones Unidas, ha reclamado que la comunidad internacional actúe con la misma contundencia que demanda en otros escenarios bélicos. El presidente ha subrayado que la paz en Gaza no puede asentarse sobre la impunidad, recordando que “cualquier persona que haya participado en crímenes de guerra o genocidio tendrá que responder ante la justicia”.
En línea con esta trayectoria, la Fundación Benedetti destaca la “responsabilidad institucional” del presidente español en la promoción de políticas de acogida y cooperación que refuerzan la dignidad de los más vulnerables. El consejo resalta su respaldo a “iniciativas concretas de paz” y su insistencia en garantizar el acceso humanitario en Gaza, así como las medidas adoptadas para frenar la venta de armas a Israel y la prohibición de importar productos provenientes de asentamientos ilegales.
Albanese, premiada por su denuncia del genocidio
El galardón también distingue a Francesca Albanese por mantener lo que la fundación llama una “valentía ética” frente a presiones internacionales. Los miembros del consejo elogian su defensa de los derechos fundamentales y su denuncia explícita del genocidio del pueblo palestino. Recuerdan, además, el informe que presentó ante la Asamblea General de la ONU, “Genocidio en Gaza, un crimen colectivo”, un documento que interpela a la comunidad global y recuerda que el Derecho Internacional obliga a prevenir y sancionar crímenes atroces, no solo a abstenerse de participar en ellos.