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Geraldine Achiah era profesora de primaria y tenía un hijo de 18 años que soñaba con convertirse en ingeniero mecánico. Se había casado en julio y apenas dos meses después estaba muerta. Su familia sostiene que su marido la golpeó durante una discusión doméstica. El hombre, que niega haberla matado, permanece en prisión preventiva acusado de asesinato y a la espera de juicio. Su muerte ha pasado a formar parte de una estadística que no deja de crecer en Camerún: cerca de 70 mujeres han sido asesinadas por motivos relacionados con su género en lo que va de 2026, según las cifras del Ministerio de Promoción de la Mujer y la Familia recogidas por Associated Press.
El caso de Achiah ha contribuido a alimentar una movilización que ya ha llevado a miles de personas a las calles de Yaundé y Duala, las dos principales ciudades del país. Las manifestantes reclaman protección frente a la violencia machista, investigaciones eficaces y un cambio legislativo que lleva años pendiente. Camerún todavía no reconoce expresamente el feminicidio como un delito autónomo en su Código Penal, de modo que los asesinatos de mujeres por razones de género se persiguen mediante las figuras generales de homicidio y asesinato. La distinción no supone que estas muertes queden legalmente impunes de forma automática, pero las organizaciones de derechos humanos denuncian que el sistema no identifica adecuadamente la dimensión de género de los crímenes ni ofrece suficientes mecanismos de prevención y protección.
La presión social ha obligado al Gobierno a acelerar una reforma que pretende incorporar el feminicidio al ordenamiento penal. El proyecto, cuya presentación parlamentaria está prevista para noviembre, llega después de años de compromisos institucionales que apenas se han traducido en mejoras para las víctimas. El problema, según las organizaciones feministas, va mucho más allá de la ausencia de un delito específico: la dependencia económica, las leyes familiares discriminatorias, los retrasos judiciales y la falta de recursos públicos dificultan que muchas mujeres puedan abandonar una relación violenta o denunciar a sus agresores.
Un asesinato que ha puesto rostro a las protestas
La familia de Geraldine Achiah todavía intenta asimilar lo ocurrido. Su hijo, Courage Abombi, tuvo que presentarse a una prueba de acceso a la universidad al día siguiente del entierro de su madre. Los familiares sostienen que la profesora sufrió una agresión a manos de su marido y reclaman que se esclarezcan las circunstancias de su muerte. Según la documentación médica consultada por Associated Press, Achiah presentaba diversos hematomas en el rostro y los labios antes de fallecer.
Los investigadores han incorporado al procedimiento otras pruebas, entre ellas grabaciones telefónicas relacionadas con los hechos y una sábana manchada de sangre. El marido está acusado de asesinato, pero todavía no ha sido juzgado. La presunción de inocencia obliga a distinguir las acusaciones de la familia y las pruebas reunidas por la Policía de una responsabilidad penal que deberá establecer el tribunal.
La muerte de Achiah no es un episodio aislado. El Ministerio de Promoción de la Mujer y la Familia contabilizaba al menos 50 asesinatos de mujeres por razones de género en 2023 y 67 en 2024. En 2026, la cifra se aproxima ya a 70, aunque las autoridades reconocen dificultades para registrar todos los casos. La ministra Marie-Thérèse Abena Ondoa ha advertido de la gravedad del problema y ha vinculado la exposición de las mujeres a la violencia con su falta de autonomía económica.
Las cifras, además, deben interpretarse con cautela. Camerún carece de un sistema completo y coordinado para recopilar información sobre la violencia machista. La ausencia de registros homogéneos dificulta conocer la dimensión real del fenómeno y establecer comparaciones precisas entre ejercicios. Las organizaciones de derechos humanos advierten de que las cifras oficiales pueden dejar fuera numerosos casos que nunca llegan a denunciarse o investigarse.
Una justicia que castiga los asesinatos sin reconocer su dimensión machista
El vacío legislativo es uno de los principales motivos de las protestas. Aunque el Código Penal camerunés contempla delitos como la violación y el asesinato, no incluye una figura específica para los crímenes cometidos contra mujeres por razones de género. El Gobierno trabaja ahora en una reforma destinada a establecer el feminicidio como delito autónomo y reforzar las medidas contra otras formas de violencia machista.
La propuesta está prevista para la sesión parlamentaria de noviembre, pero las organizaciones de mujeres reclaman que la reforma no se limite a introducir una nueva denominación penal. Exigen investigaciones eficaces, asistencia jurídica, espacios seguros para las víctimas y mecanismos que permitan actuar antes de que una situación de violencia termine en asesinato.
Las deficiencias del sistema judicial han quedado reflejadas en procesos anteriores. En 2025, un hombre que reconoció haber matado a su esposa recibió una pena de cinco años de prisión suspendida y una multa de 52.000 francos CFA, unos 90 dólares al cambio recogido por Associated Press. El caso se ha convertido en un ejemplo de las sanciones que las organizaciones defensoras de las mujeres consideran insuficientes.
Las activistas también denuncian obstáculos durante las investigaciones, desde la intimidación a testigos hasta errores procesales y sospechas de corrupción. Los procedimientos prolongados pueden provocar la pérdida de pruebas y el agotamiento de las familias, que en ocasiones carecen de medios económicos para sostener durante años una batalla judicial.
Cuando el marido controla también el dinero y la casa
Uno de los diagnósticos más completos sobre la situación de las mujeres en Camerún lo publicó Human Rights Watch en junio de 2026, después de entrevistar a 60 supervivientes de violencia doméstica o discriminación y examinar las políticas públicas de protección. Su investigación concluyó que la desigualdad legal y económica continúa dejando a muchas mujeres expuestas a abusos dentro de sus propias familias.
La legislación camerunesa conserva disposiciones que reconocen al marido como jefe del hogar y principal administrador de determinados bienes matrimoniales. Esta distribución desigual del poder económico limita la capacidad de decisión de las mujeres sobre su residencia, su empleo y su patrimonio. Human Rights Watch documentó casos de maridos que habían vendido propiedades adquiridas conjuntamente sin consentimiento de sus esposas, impedido actividades profesionales o destruido herramientas de trabajo para privarlas de ingresos.
La falta de independencia económica puede convertirse así en una barrera para abandonar una relación violenta. Una mujer que carece de recursos propios, de una vivienda alternativa o de acceso efectivo a protección institucional se enfrenta a dificultades adicionales para denunciar. El estigma social y el temor a perder el sustento de sus hijos agravan esa dependencia.
El problema se extiende a la protección legal dentro del matrimonio. Según la base de datos de ONU Mujeres sobre Camerún, el país no dispone de una ley integral independiente contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, ni de disposiciones específicas que penalicen la violación conyugal. Tampoco reconoce una igualdad plena entre los cónyuges en las normas sobre matrimonio y divorcio.
A estas carencias se añade el retraso de una reforma del Código de Familia que lleva más de dos décadas pendiente. Para Human Rights Watch, esta situación demuestra que los compromisos anunciados por las autoridades no han ido acompañados de los cambios institucionales necesarios para garantizar la seguridad de las mujeres.
Años de promesas y una reforma pendiente
El Gobierno de Camerún lleva más de una década anunciando medidas para combatir la violencia de género. En 2022 aprobó una estrategia nacional contra estas agresiones y una política de género, pero las organizaciones de derechos humanos consideran que su aplicación ha sido insuficiente. En junio de 2026, la ministra de Promoción de la Mujer aseguró ante el Parlamento que su departamento estaba ultimando una nueva iniciativa legislativa.
La violencia machista también llegó en agosto a una reunión nacional de seguridad convocada por el presidente Paul Biya. Sin embargo, Human Rights Watch advirtió entonces de que las sucesivas declaraciones oficiales no habían permitido establecer una respuesta coordinada y efectiva. La organización reclama financiación suficiente para los centros de acogida, asistencia sanitaria, acompañamiento judicial y mecanismos de protección para las mujeres amenazadas.
La movilización social ha llevado el asunto a otros espacios institucionales. El 24 de septiembre, Yaundé acogió una conferencia nacional sobre prevención del feminicidio, con participación de autoridades, expertos jurídicos, organizaciones civiles y representantes internacionales. La UNESCO respaldó el encuentro, que abordó la identificación temprana de situaciones de riesgo, la independencia económica de las mujeres y la necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones.
A comienzos de octubre también se puso en marcha una iniciativa nacional de diálogo sobre feminicidios y protección familiar. Son pasos que muestran una mayor presencia del problema en la agenda pública, aunque su eficacia dependerá de las medidas concretas que terminen aprobándose y de los recursos destinados a aplicarlas.
Las mujeres movilizadas reclaman que la reforma prevista para noviembre no sea otra promesa sin consecuencias. La tipificación del feminicidio permitiría reconocer expresamente la naturaleza de estos asesinatos y establecer una respuesta penal específica. No resolvería, por sí sola, las dificultades para denunciar, conseguir protección o acceder a la justicia.
Mientras el Gobierno prepara el proyecto, la familia de Geraldine Achiah sigue pendiente del juicio por su muerte. Su hijo intenta continuar sus estudios y sus familiares reclaman responsabilidades por lo ocurrido. El proceso judicial deberá determinar quién causó la muerte de la profesora. Su caso, entretanto, se ha sumado a las protestas de unas mujeres que exigen algo más que una reforma del Código Penal: poder vivir sin violencia y contar con instituciones capaces de protegerlas.
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