El Gobierno de Emmanuel Macron quiere que los manifestantes franceses puedan pagar por los destrozos cometidos durante una protesta aunque no hayan participado directamente en ellos. La propuesta, que comienza este martes su tramitación en el Senado, contempla responsabilidades económicas de hasta 10.000 euros y abre la puerta al embargo de determinadas prestaciones sociales. Una iniciativa que ha provocado el rechazo de sindicatos, organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda, pero que ha encontrado el respaldo de Marine Le Pen, cuya formación lleva años defendiendo un endurecimiento de las medidas contra las movilizaciones.
La polémica llega en plena oleada de protestas sociales en Francia, con miles de estudiantes movilizados contra las deficiencias del sistema educativo y un creciente malestar por el coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos. El Ejecutivo defiende la necesidad de reparar los daños materiales provocados durante los disturbios, pero sus detractores advierten de que la nueva legislación puede convertirse en un mecanismo de intimidación contra quienes ejercen su derecho a manifestarse. La controversia adquiere una dimensión política adicional: Macron podría dejar aprobadas nuevas restricciones a las libertades públicas pocos meses antes de unas elecciones presidenciales en las que la extrema derecha aspira a hacerse con el poder.
Una multa de 10.000 euros sin necesidad de haber causado los daños
El proyecto, conocido en Francia como ley de los "casseurs-payeurs", busca modificar las normas de responsabilidad civil para facilitar que las víctimas de actos violentos o de vandalismo puedan reclamar indemnizaciones. Sin embargo, su principal novedad reside en que no sería imprescindible demostrar que una persona ha provocado directamente los desperfectos para exigirle que contribuya a repararlos.
Según el texto presentado por el Gobierno, quienes participen conscientemente en determinados grupos o concentraciones en los que se cometan actos violentos, robos o daños materiales podrían quedar sujetos a una responsabilidad civil solidaria, con un límite individual de 10.000 euros. La propuesta contempla también la responsabilidad de quienes permanezcan voluntariamente en determinadas concentraciones violentas después de los requerimientos policiales.
La diferencia resulta especialmente importante desde el punto de vista jurídico. Una persona podría tener que responder económicamente por las acciones de terceros, siempre que concurran las condiciones previstas en la norma, aunque no se acredite que haya roto un escaparate, incendiado un contenedor o participado materialmente en una agresión.
El proyecto va todavía más lejos en el terreno económico. Contempla excepciones a la protección habitual de algunas ayudas familiares, prestaciones de vivienda y subsidios sociales, que podrían utilizarse para satisfacer las indemnizaciones pendientes. La medida afectaría potencialmente a hogares con recursos limitados y plantea dudas sobre sus consecuencias para las familias que dependen de estas ayudas para cubrir sus necesidades básicas.
La iniciativa fue presentada inicialmente después de los incidentes registrados durante las celebraciones de la victoria del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, pero el Gobierno ha acelerado su tramitación en medio de las actuales movilizaciones sociales. El proyecto comienza a debatirse en el Senado los días 27 y 28 de octubre, antes de continuar su recorrido parlamentario.
La extrema derecha encuentra una ley a su medida
El debate ha abierto una contradicción política para el macronismo. Mientras el presidente francés mantiene su discurso de oposición a la extrema derecha, su Gobierno promueve una iniciativa que el partido de Marine Le Pen reivindica como propia.
Según recoge The Guardian, la dirigente de Agrupación Nacional ha respaldado públicamente la propuesta y ha situado el endurecimiento de las medidas contra los disturbios en el centro de su discurso político de cara a las próximas elecciones presidenciales.
En un acto celebrado en Orleans, Le Pen prometió recuperar el orden en Francia y defendió que los responsables de los destrozos asuman íntegramente sus consecuencias económicas. La formación ultraderechista sostiene, además, que el planteamiento coincide con una de sus reivindicaciones históricas.
La coincidencia entre el Ejecutivo y Agrupación Nacional no implica que ambos compartan todas sus propuestas en materia de seguridad, pero sí evidencia cómo determinadas medidas restrictivas pueden acabar incorporándose a la legislación de un Gobierno que se presenta como alternativa a la extrema derecha.
Ese es precisamente uno de los riesgos señalados por juristas y organizaciones de derechos humanos. Las restricciones aprobadas durante un mandato pueden permanecer vigentes cuando cambia el Gobierno. Si la extrema derecha alcanza el poder, podría encontrarse con un marco legal más favorable para endurecer el control de las movilizaciones sin necesidad de impulsar desde cero una reforma legislativa.
Amnistía Internacional advierte de un retroceso en las libertades
Las críticas no se limitan a la oposición parlamentaria. Amnistía Internacional ha pedido expresamente a los legisladores franceses que rechacen el proyecto, al considerar que puede perjudicar gravemente al ejercicio del derecho de reunión pacífica.
En un comunicado publicado el 26 de octubre, la organización alerta de que responsabilizar a manifestantes por actos que no han cometido personalmente puede propiciar sanciones arbitrarias y entrar en conflicto con las obligaciones internacionales de Francia.
Nathalie Godard, responsable del área de Acción de Amnistía Internacional Francia, ha denunciado que la iniciativa puede disuadir a los ciudadanos de participar en movilizaciones por miedo a sufrir consecuencias económicas. La organización recuerda que cualquier responsabilidad debe estar fundamentada en la conducta individual y en pruebas suficientes que acrediten la implicación de la persona afectada.
También ha cuestionado la posibilidad de embargar prestaciones destinadas a familias vulnerables, al entender que podría agravar situaciones de pobreza. A ello se suma otra disposición del proyecto que amplía el alcance de las medidas de expulsión aplicables a extranjeros condenados por determinados delitos graves cometidos durante concentraciones públicas.
Los sindicatos y organizaciones francesas de defensa de los derechos humanos han expresado preocupaciones similares. En una carta abierta publicada en Le Monde, han reclamado la retirada de la propuesta y advertido del riesgo de un retroceso significativo del Estado de derecho.
Desde la izquierda, La Francia Insumisa y el Partido Comunista también han cuestionado el alcance de la reforma. Sus representantes consideran que el miedo a recibir una reclamación económica por las actuaciones de otras personas puede vaciar las calles de manifestantes, incluso cuando la mayoría de los participantes actúe pacíficamente.
Francia endurece las restricciones mientras crece el malestar social
La ofensiva legislativa coincide con un momento de elevada tensión social. Las movilizaciones estudiantiles se han extendido durante las últimas semanas para denunciar la falta de profesores, el deterioro de instalaciones educativas y los problemas del sistema de acceso a la universidad. Las reivindicaciones han acabado confluyendo con protestas sindicales y movimientos críticos con las políticas económicas del Ejecutivo.
La respuesta de las autoridades ha incluido restricciones a determinadas concentraciones, prohibiciones de manifestaciones en zonas céntricas y limitaciones en las inmediaciones de centros educativos, además de medidas excepcionales de seguridad en algunos territorios.
El Gobierno sostiene que estas actuaciones responden a la necesidad de evitar nuevos episodios de violencia y garantizar la seguridad pública. Sus críticos consideran, por el contrario, que se está recurriendo al endurecimiento policial y legislativo mientras siguen sin resolverse las causas del descontento social.
La cuestión de fondo trasciende la obligación de reparar los daños. En Francia ya existen mecanismos para exigir responsabilidades a quienes cometen delitos o provocan desperfectos durante una manifestación. La nueva propuesta pretende ampliar los supuestos en los que puede reclamarse una indemnización, incluso cuando no se haya acreditado la autoría material de los daños.
La responsabilidad individual y el derecho a la protesta quedan así en el centro de una discusión que también tiene consecuencias electorales. La extrema derecha ha convertido la seguridad en uno de sus principales argumentos políticos y aprovecha los episodios de violencia para reclamar respuestas más contundentes.
El precedente que puede heredar el próximo presidente
El calendario añade un último elemento al conflicto. Macron afronta la recta final de su presidencia y Francia celebrará elecciones en la primavera de 2027, con Agrupación Nacional intentando capitalizar el desgaste del bloque gubernamental y el malestar de una parte del electorado.
El Ejecutivo todavía necesita superar el trámite parlamentario para convertir el proyecto en ley. Su aprobación no está garantizada y el alcance definitivo de las medidas dependerá de las modificaciones que puedan introducir las cámaras.
Sin embargo, la coincidencia entre la agenda legislativa del Gobierno y algunas de las reivindicaciones de la extrema derecha ya ha provocado inquietud entre los defensores de las libertades públicas. El debate no consiste únicamente en determinar quién debe pagar los daños de una protesta, sino en establecer hasta dónde puede extender el Estado la responsabilidad económica de los participantes.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.