La libertad de prensa atraviesa su peor momento en un cuarto de siglo. Por primera vez desde que Reporteros Sin Fronteras elabora su Clasificación Mundial, más de la mitad de los países analizados se encuentran en una situación considerada “difícil” o “muy grave” para el ejercicio del periodismo. La puntuación media global nunca había sido tan baja, un dato que confirma que el deterioro del derecho a la información ya no es una amenaza localizada en dictaduras o zonas de guerra, sino una tendencia internacional que alcanza también a democracias consolidadas.
El informe de RSF traza un mapa inquietante: el periodismo está siendo asfixiado por vías cada vez más diversas. A los asesinatos, encarcelamientos y agresiones físicas contra reporteros se suman ahora fórmulas más sofisticadas de presión: leyes de seguridad nacional utilizadas para silenciar investigaciones, demandas judiciales abusivas, campañas de desprestigio, cierre del espacio informativo, ataques desde el poder político y un ecosistema digital donde la desinformación y el acoso se expanden con enorme facilidad.
La organización resume el momento con una pregunta de fondo: hasta cuándo se va a tolerar la obstaculización sistemática de los periodistas. En su balance de 25 años, RSF no se limita a mirar al pasado, sino que advierte de que la pasividad institucional se ha convertido en una forma de complicidad. Los Estados autoritarios, los gobiernos democráticos que no protegen suficientemente a la prensa, los actores económicos depredadores y las plataformas digitales fuera de control aparecen como responsables de una erosión sostenida de la libertad informativa.
Cuando informar empieza a ser tratado como delito
Uno de los datos más preocupantes de la clasificación de 2026 es el desplome del indicador legal. De los cinco apartados que RSF utiliza para medir el estado de la libertad de prensa —político, legal, económico, social y seguridad de los periodistas—, el marco legal es el que más retrocede este año. La organización alerta de una creciente criminalización del periodismo, impulsada por el uso indebido de leyes de excepción, normas antiterroristas, delitos de opinión o acusaciones de desinformación contra profesionales que investigan asuntos de interés público.
El abuso de las leyes de seguridad nacional se ha convertido en una herramienta global para restringir la información. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, muchos Estados han ampliado el ámbito del secreto oficial y de la seguridad nacional, una tendencia que nació al calor de la lucha contra el terrorismo, pero que hoy sirve en numerosos países para limitar la cobertura de temas sensibles. RSF denuncia que esta deriva ya no se limita a regímenes autoritarios, sino que también se observa en sistemas democráticos donde la protección de las fuentes, la independencia editorial y el derecho a investigar quedan debilitados.
Rusia, Bielorrusia, Birmania, Nicaragua o Egipto figuran entre los ejemplos más claros de instrumentalización legal contra la prensa. Bajo el mandato de Vladimir Putin, Rusia se mantiene entre los peores países del mundo para ejercer el periodismo, con decenas de reporteros encarcelados y muchos otros forzados al exilio. Las acusaciones de terrorismo, extremismo o separatismo funcionan como mecanismos para perseguir la información independiente y extender la represión incluso más allá de las fronteras nacionales.
Pero la presión judicial también aparece en países formalmente democráticos o relativamente bien clasificados. RSF alerta del aumento de demandas intimidatorias, conocidas como SLAPPs, que buscan agotar económicamente a periodistas y medios antes que obtener una reparación real. Este tipo de maniobras erosiona la libertad de información porque introduce un efecto disuasorio: investigar al poder político o económico puede convertirse en un riesgo profesional, financiero y personal.
La consecuencia es clara: cuando la ley se utiliza contra quienes fiscalizan al poder, la democracia pierde uno de sus principales contrapesos. La prensa no necesita únicamente libertad formal para publicar; necesita garantías reales para investigar sin miedo a represalias, procesos abusivos, espionaje, detenciones arbitrarias o campañas organizadas de acoso.
Guerras, autoritarismo y el desplome de América
El deterioro global también está marcado por los conflictos armados. Irak, Sudán, Yemen o Palestina aparecen entre los escenarios donde la guerra golpea directamente al ejercicio del periodismo. La ofensiva israelí en Gaza ocupa un lugar central en el diagnóstico de RSF, que denuncia la muerte de más de 220 periodistas desde octubre de 2023, de los cuales al menos 70 habrían sido asesinados mientras ejercían su labor informativa. La guerra no solo mata reporteros: también impide el acceso independiente a la información, destruye redacciones, corta comunicaciones y convierte la cobertura en una actividad de altísimo riesgo.
En el otro extremo de la clasificación se mantienen regímenes cerrados como Eritrea, Corea del Norte y China. Eritrea vuelve a ocupar el último puesto y simboliza la negación absoluta del derecho a informar, con periodistas encarcelados durante décadas sin garantías judiciales. China y Corea del Norte consolidan también un modelo de control extremo, vigilancia, censura y represión contra cualquier forma de periodismo independiente.
La clasificación de 2026 deja, sin embargo, algunos movimientos significativos. Siria registra el mayor avance del año tras dejar atrás la era de Bashar al Assad, aunque el país continúa en una posición muy baja y en plena transición. En el lado contrario, Níger protagoniza la mayor caída, reflejo del deterioro de la libertad de prensa en el Sahel, una región atrapada entre la violencia de grupos armados y las juntas militares que restringen el pluralismo informativo.
El continente americano aparece como una de las grandes zonas de alarma. Estados Unidos cae siete posiciones y se sitúa en el puesto 64, un retroceso que RSF vincula a los ataques sistemáticos de Donald Trump contra la prensa, la presión política sobre periodistas y los recortes que han afectado a medios internacionales financiados por Washington, como Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty o Radio Free Asia. La degradación estadounidense tiene un valor simbólico especial: cuando una potencia democrática convierte a los medios en enemigos, el mensaje se replica mucho más allá de sus fronteras.
La onda expansiva también alcanza a América Latina. Argentina, bajo Javier Milei, y El Salvador, bajo Nayib Bukele, retroceden en la clasificación en un contexto de hostilidad política contra los medios. RSF advierte de que ambos gobiernos reproducen parte del manual trumpista contra la prensa: deslegitimar a periodistas, presentar la crítica como ataque político y alimentar una relación de confrontación permanente con los medios independientes.
A ese clima político se suma la violencia del crimen organizado. Ecuador se desploma tras los asesinatos de periodistas, Perú retrocede por el recrudecimiento de la violencia y países como Venezuela, Cuba o Nicaragua continúan atrapados en escenarios de represión, censura o clandestinidad informativa. En varios puntos de América Latina, informar sobre corrupción, seguridad, narcotráfico o abusos de poder puede costar la vida.
El balance de RSF es contundente: el mundo ha normalizado una presión creciente contra quienes informan. En 2002, solo una minoría de países se encontraba en situación “difícil” o “muy grave”; 25 años después, esa categoría alcanza ya a más de la mitad del planeta. El dato es todavía más demoledor si se observa desde la población: hace un cuarto de siglo, el 20% de los habitantes del mundo vivía en países donde la situación de la prensa era considerada “buena”; ahora, menos del 1% disfruta de ese entorno favorable.
La libertad de prensa no se deteriora de un día para otro, sino por acumulación. Una ley restrictiva, una demanda abusiva, una redacción cerrada, un periodista encarcelado, una fuente silenciada, una agresión impune, una campaña de acoso o un Gobierno que señala a los medios como enemigos. Cada pieza debilita el mismo edificio: el derecho de la ciudadanía a saber.
Por eso, RSF reclama algo más que declaraciones de principios. La organización exige políticas de protección activa, mecanismos eficaces para defender a periodistas amenazados, sanciones reales contra quienes persiguen la información y una respuesta democrática firme ante el avance del autoritarismo. La advertencia es clara: el contagio autoritario no es una fatalidad, pero frenarlo exige actuar antes de que el silencio se imponga como norma.
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