España vuelve a perder terreno en materia de libertad de prensa. La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, elaborada por Reporteros Sin Fronteras, sitúa a nuestro país en el puesto 29, seis posiciones por debajo del año anterior. El retroceso no responde a un único factor, sino a un deterioro transversal de las condiciones para ejercer el periodismo: precariedad laboral, presión judicial, politización de los medios y aumento del acoso contra profesionales de la información, especialmente contra las mujeres periodistas.
El informe de RSF dibuja una fotografía preocupante del ecosistema mediático español. España obtiene 75,42 puntos, frente a los 77,35 del año anterior, y empeora en todos los indicadores analizados. La organización atribuye la caída al agravamiento de la situación económica del sector, al avance del llamado ‘lawfare’ contra periodistas, a la politización de medios públicos y privados y a un clima de hostilidad cada vez más visible contra quienes informan.
Cuando informar empieza a salir caro
Uno de los puntos más delicados del diagnóstico de RSF es el referido al marco legal. Aunque España mantiene todavía una posición relativamente favorable en este apartado, la organización advierte de un empeoramiento notable por el aumento de acciones judiciales abusivas contra periodistas, conocidas como SLAPPs. Estas demandas o querellas no siempre buscan ganar en los tribunales, sino intimidar, agotar recursos, provocar autocensura y elevar el coste personal y económico de publicar determinadas informaciones.
En este contexto aparece uno de los nombres propios que más ha marcado el debate público en los últimos meses: el del juez Juan Carlos Peinado. Según ha recogido elDiario.es a partir del informe y de las explicaciones de RSF, la organización sitúa las actuaciones del magistrado dentro de un clima de acciones “intimidatorias” contra la prensa, junto al entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. RSF advierte de que las tensiones políticas se han trasladado también al ámbito judicial, con procedimientos que afectan directamente al trabajo de los medios.
La referencia a Peinado no es menor. El señalamiento de RSF introduce una cuestión de fondo: qué ocurre cuando el poder judicial se convierte, de forma directa o indirecta, en un actor que condiciona la labor periodística. Para una democracia, la libertad de información no depende solo de que no exista censura formal. También se ve erosionada cuando los periodistas deben trabajar bajo la amenaza constante de denuncias, citaciones, filtraciones interesadas o campañas de descrédito.
La caída española también tiene una raíz económica evidente. El indicador económico es, según RSF, uno de los grandes lastres estructurales del país. La organización alerta de una precariedad cronificada, salarios insuficientes, dificultades para sostener modelos de negocio independientes y una dependencia creciente de fuentes de financiación externas, incluida la publicidad institucional. Todo ello debilita la independencia editorial y convierte a muchos profesionales en trabajadores vulnerables dentro de redacciones cada vez más tensionadas.
El acoso ultra como método de desgaste
El otro gran foco del informe está en la seguridad de los periodistas. Aunque sigue siendo el indicador mejor valorado, también retrocede. RSF advierte del aumento del acoso, la violencia digital y la hostilidad contra profesionales de los medios. En ese escenario se sitúan los llamados agitadores de extrema derecha que, bajo apariencia de actividad informativa, irrumpen en coberturas, increpan a periodistas y trasladan la presión desde los espacios públicos hasta el terreno personal.
Ahí emerge otro nombre propio: Vito Quiles. Su figura se ha convertido en símbolo de una forma de hostigamiento que mezcla activismo político, exposición en redes sociales y persecución de adversarios ideológicos o profesionales de la información. En las últimas semanas, Quiles ha vuelto a ocupar titulares tras ser denunciado por Begoña Gómez por un incidente en un restaurante de Madrid, en un episodio que él difundió parcialmente en redes y que ha reabierto el debate sobre los límites entre preguntar, acosar y generar intimidación.
El problema, según alerta RSF, no se limita a casos individuales. La organización describe una tendencia más amplia: la normalización del acoso a periodistas como herramienta política, amplificada por redes sociales y por determinados entornos mediáticos. Este clima afecta al conjunto de la profesión, pero golpea con especial dureza a las mujeres periodistas, que sufren ataques más intensos, personalizados y, en ocasiones, de carácter sexualizado o misógino.
La politización de los medios completa el cuadro. RSF señala que la frontera entre información y opinión se difumina, que los medios públicos también se ven afectados por sesgos partidistas y que la dinámica de bloques está dañando la credibilidad del periodismo. La consecuencia es doble: por un lado, crece la desconfianza ciudadana hacia los medios; por otro, esa misma desconfianza alimenta nuevas campañas de hostilidad contra periodistas, en un círculo cada vez más difícil de romper.
El deterioro del contexto sociocultural refleja precisamente ese cambio de clima. La sociedad española, tradicionalmente situada en un entorno relativamente abierto para la prensa, muestra ahora mayores niveles de crispación y rechazo hacia la profesión periodística. La polarización política no solo contamina el debate público, sino que convierte a los periodistas en blanco recurrente de ataques cuando sus informaciones incomodan a determinados actores políticos, judiciales o mediáticos.
La advertencia de Reporteros Sin Fronteras llega, además, en un momento en el que España tiene pendiente adaptar plenamente sus compromisos al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, conocido como EMFA. RSF considera insuficientes los avances en materias como la transparencia en la propiedad de los medios, la regulación de la publicidad institucional, la protección frente a demandas abusivas y la independencia de los medios públicos.
La caída al puesto 29 no supone que España haya dejado de ser una democracia con garantías formales para el ejercicio del periodismo, pero sí evidencia una tendencia inquietante. La libertad de prensa no se deteriora de golpe: se desgasta por acumulación. Una querella intimidatoria aquí, una campaña de acoso allá, una redacción precarizada, una televisión pública sometida a presiones partidistas, una periodista insultada en redes o perseguida en la calle.
