Francia vuelve a mirar hacia la calle. Esta vez, sin embargo, la protesta no nace de una reforma de las pensiones, de los chalecos amarillos ni de una convocatoria sindical contra el Gobierno. El nuevo foco de contestación ha surgido en los institutos, impulsado por una generación de estudiantes que denuncia la falta de profesores, las malas condiciones de numerosos centros, las jornadas escolares interminables y un sistema de acceso a la universidad que consideran cada vez más asfixiante.
La protesta alcanzó este martes una dimensión nacional. Unas 266.000 personas se manifestaron en toda Francia, 56.000 de ellas en París, según el Ministerio del Interior, mientras que los organizadores elevaron la participación hasta las 450.000. Profesores, familias, universitarios y sindicatos se sumaron a una movilización que hasta hace apenas unas semanas permanecía fundamentalmente circunscrita a los alumnos de secundaria. La jornada terminó además con 488 detenidos y enfrentamientos en distintas ciudades entre algunos grupos de manifestantes y las fuerzas antidisturbios.
El movimiento comenzó a extenderse a finales de septiembre desde los alrededores de París. Uno de sus primeros focos estuvo en Créteil, donde alumnos bloquearon un instituto para denunciar puestos docentes sin cubrir. Desde allí, la protesta se propagó por otros centros de la periferia parisina antes de llegar a ciudades como Lyon, Toulouse, Rennes, Estrasburgo o Marsella. Le Monde ha reconstruido cómo aquel primer bloqueo terminó convirtiéndose en un movimiento nacional.
De los institutos a las calles
Las reivindicaciones son amplias, pero comparten una misma sensación de fondo: una parte de los jóvenes franceses considera que la escuela pública no dispone de medios suficientes para garantizar las mismas oportunidades a todos sus alumnos. Las protestas denuncian profesores ausentes que tardan semanas en ser sustituidos, aulas masificadas, edificios deteriorados, falta de personal sanitario y jornadas que pueden extenderse durante buena parte del día.
A ello se suma el rechazo a Parcoursup, la plataforma que organiza el acceso a la educación superior y que desde hace años genera críticas entre estudiantes y organizaciones juveniles. Algunos de los lemas escuchados durante los bloqueos se dirigieron directamente contra un sistema que los manifestantes consideran opaco y excesivamente competitivo. Los estudiantes también reclaman mayor transparencia, menos desigualdad entre centros y unas condiciones materiales que no dependan del barrio en el que se estudia.
El malestar ha conseguido además dar un salto generacional. Lo que comenzó entre estudiantes de instituto ha terminado incorporando a universitarios, profesores y asociaciones de padres. Organizaciones estudiantiles presentaron esta semana una plataforma conjunta con diez medidas consideradas urgentes, concebida como base para negociar con el Ejecutivo durante la tramitación de los presupuestos de 2027.
El Gobierno de Sébastien Lecornu intenta ahora contener una movilización que amenaza con abrir un nuevo frente social justo cuando Francia encara una de sus discusiones presupuestarias más complicadas de los últimos años. El primer ministro ha prometido abordar algunos de los problemas señalados por los estudiantes y su Ejecutivo ha anunciado conversaciones sobre sustituciones de profesores, organización de los horarios, estado de los edificios y funcionamiento de Parcoursup.
El Ministerio de Educación también ha abierto un proceso para recoger las propuestas de los alumnos. La hoja de ruta presentada por el Gobierno identifica cinco ámbitos de actuación: garantizar que se impartan las clases previstas, mejorar los centros junto a las regiones, reorganizar las jornadas escolares, introducir mayor transparencia en Parcoursup y dar continuidad a los mecanismos de participación estudiantil.
Una protesta en plena batalla por el presupuesto
El problema para Lecornu es que las demandas llegan precisamente cuando el Ejecutivo intenta demostrar que Francia es capaz de poner orden en unas cuentas públicas sometidas a una enorme presión.
El proyecto presupuestario para 2027 combina subidas de impuestos y reducción de determinados gastos con el objetivo de iniciar una senda de consolidación fiscal. Entre otras medidas, contempla límites al aumento de algunas pensiones, ajustes en prestaciones y ahorros sanitarios. El Gobierno pretende reducir progresivamente el déficit y llevarlo hacia el límite europeo del 3% del PIB en 2029.
La educación constituye, sin embargo, una excepción parcial dentro de ese ajuste. El proyecto presentado por el Ejecutivo prevé 64.000 millones de euros para Educación Nacional, 1.200 millones más que el ejercicio anterior. El Gobierno utiliza ese incremento para defender que la escuela continúa siendo una prioridad pese a las restricciones fiscales.
La fotografía completa es algo más compleja. El mismo presupuesto prevé la desaparición de 1.588 puestos de profesores titulares, una reducción que el Ejecutivo justifica por la caída de alumnos derivada de la evolución demográfica. Al mismo tiempo se crearán otras plazas, entre ellas puestos vinculados a profesores en formación y al acompañamiento de alumnos con discapacidad.
Por eso, reducir la movilización únicamente a una protesta contra un recorte presupuestario concreto dejaría fuera buena parte del conflicto. Los estudiantes están poniendo sobre la mesa un deterioro que consideran acumulado durante años: desde la sustitución de docentes hasta las diferencias entre barrios, pasando por el estado de los centros y la presión académica. La discusión sobre el presupuesto ha actuado, sobre todo, como amplificador de unas reivindicaciones anteriores.
La respuesta policial agranda el conflicto
A las reivindicaciones educativas se ha añadido en los últimos días otro elemento capaz de alimentar la protesta: la actuación policial. Algunos bloqueos han desembocado en incendios, lanzamiento de objetos y enfrentamientos, mientras las fuerzas antidisturbios han utilizado gases lacrimógenos y otros medios para dispersar concentraciones.
Las intervenciones policiales han provocado críticas después de que varios estudiantes resultaran gravemente heridos durante las protestas. El Ministerio del Interior defiende que la actuación de los agentes ha sido proporcionada en términos generales, mientras organizaciones de derechos humanos y colectivos juveniles reclaman investigaciones sobre varios episodios.
El propio Gobierno ha intentado separar las reivindicaciones educativas que considera legítimas de los episodios violentos registrados alrededor de algunos institutos. Esa distinción, sin embargo, no ha impedido que la respuesta policial se convierta en una nueva reivindicación dentro de las manifestaciones.
La protesta llega además a pocos meses de que Francia entre definitivamente en campaña para las elecciones presidenciales de 2027. Emmanuel Macron no puede concurrir a un tercer mandato consecutivo y la carrera por sucederle ya condiciona buena parte de la política francesa. Tanto la izquierda como la extrema derecha intentan incorporar el descontento social a sus respectivos discursos, mientras Lecornu busca evitar que la movilización estudiantil termine confluyendo con otras protestas contra su política económica.
Francia conoce bien ese proceso. En los últimos años, las pensiones, el coste de la vida, los servicios públicos o el malestar de las periferias han provocado grandes episodios de contestación. La novedad está ahora en quién ocupa la primera línea. Una generación que en buena parte todavía no ha llegado a las urnas ha conseguido situar durante semanas a la escuela pública en el centro del debate nacional.
El Ejecutivo tiene ahora que responder a esas demandas al mismo tiempo que intenta convencer a Bruselas y a los mercados de que puede contener el gasto público. Entre el ajuste presupuestario y unos estudiantes que reclaman más recursos, Lecornu ha encontrado en las aulas un nuevo frente para una Francia que vuelve a salir a la calle.
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