Rula Daood y Alon-Lee Green habían pasado buena parte del verano intentando construir un espacio político que parecía improbable en la Israel de Benjamin Netanyahu: un partido dirigido conjuntamente por judíos y palestinos, con el mismo número de hombres y mujeres y un programa que defendía el fin de la ocupación, la igualdad de derechos y la justicia social. Lo llamaron Makom Lekulanu, Un lugar para todos. Pero el 8 de septiembre, apenas unas semanas antes de las elecciones israelíes, anunciaron que no se presentarían. En un país donde unos pocos miles de votos pueden dejar a una formación fuera del Parlamento, consideraron que concurrir a las urnas podía terminar debilitando a las fuerzas que pretendían desalojar a la ultraderecha del Gobierno. Habían creado una candidatura para transformar Israel y decidían retirarla para no perjudicar esa misma causa.
La paradoja resume buena parte de las dificultades que atraviesa la izquierda judeoárabe israelí. Mientras el Gobierno de Netanyahu ha profundizado la ocupación y la expansión de los asentamientos en Cisjordania y el genocidio de Gaza ha provocado una devastación humana de enormes dimensiones, organizaciones como Standing Together (Omdim Beyachad) intentan construir una alternativa política desde dentro de la sociedad israelí. Sus integrantes salen a la calle con camisetas moradas, hablan en hebreo y árabe y defienden una premisa que desafía las jerarquías sobre las que se articula el Estado: la seguridad y la libertad de los judíos israelíes no pueden construirse sobre la ausencia de derechos de los palestinos.
Su proyecto no consiste en sustituir a Netanyahu por otro dirigente que mantenga intactas las estructuras de dominación sobre la población palestina. Tampoco se reduce a un llamamiento abstracto a la convivencia. La organización defiende el final de la ocupación de los territorios palestinos, una solución política al conflicto y la igualdad de derechos dentro de Israel. El problema es que esas reivindicaciones siguen encontrando resistencias incluso entre sectores políticos que desean terminar con la etapa de Netanyahu.
Las elecciones del 27 de octubre han vuelto a poner esa contradicción sobre la mesa. Con el recuento todavía provisional, el bloque del primer ministro rondaba los 53 escaños, frente a unos 48 de la oposición encabezada por Gadi Eisenkot, mientras las candidaturas de mayoría palestina se situaban alrededor de los 19 diputados en una Knéset de 120 miembros. Ninguno de los grandes bloques alcanzaba por sí solo los 61 escaños necesarios para gobernar. Los representantes palestinos podían convertirse, por tanto, en una pieza importante para construir una alternativa, aunque parte de la oposición judía seguía mostrando reticencias a depender de ellos.
Dos nombres y una izquierda que se niega a desaparecer
La historia de Standing Together comenzó en 2015, bastante antes de la última guerra de Gaza y de la ofensiva política que ha llevado al Gobierno israelí a algunas de sus posiciones más extremas. El movimiento nació con la intención de construir una organización compartida entre ciudadanos judíos y palestinos de Israel, vinculando la defensa de la paz con problemas cotidianos como los salarios, la vivienda o el deterioro de los servicios públicos.
Desde sus primeros años, sus dirigentes rechazaron la idea de que las desigualdades económicas y la ocupación pudieran tratarse como conflictos independientes. Un trabajador palestino y uno judío pueden compartir problemas laborales, pero no necesariamente la misma posición ante el Estado, ni las mismas posibilidades de participar en la vida política. La organización intenta actuar sobre ambas realidades sin borrar las diferencias que existen entre ellas.
Esa perspectiva está presente en las trayectorias de sus dos principales referentes. Rula Daood, palestina con ciudadanía israelí, creció en Kafr Yasif, una localidad de Galilea. Trabajó como logopeda antes de dedicarse a la organización política y adquirió protagonismo en las movilizaciones contra la ley del Estado-nación aprobada en 2018, que consagró constitucionalmente el carácter judío del Estado y reservó el derecho de autodeterminación nacional exclusivamente al pueblo judío. En 2019 pasó a formar parte de la dirección nacional de Standing Together.
Alon-Lee Green llegó desde el sindicalismo y las protestas laborales. Su trayectoria comenzó en movilizaciones por los derechos de los trabajadores y evolucionó hacia una crítica más amplia de las desigualdades económicas y nacionales existentes en Israel. La conexión entre ambos no procede de compartir una misma experiencia social, sino de defender que la transformación política requiere organizaciones en las que judíos y palestinos puedan intervenir como sujetos con capacidad de decisión.
Cuando presentaron Un lugar para todos el 16 de junio de 2026, Daood encabezó la candidatura y Green ocupó el segundo puesto. El proyecto, jurídicamente independiente de Standing Together, estaba integrado por seis candidatos repartidos de forma paritaria entre judíos y palestinos y entre mujeres y hombres. Su programa defendía la igualdad civil y nacional, el final de la ocupación, una solución negociada con los palestinos y medidas contra el encarecimiento de la vida y la criminalidad.
No se trataba únicamente de repartir puestos de salida. Daood y Green querían cuestionar un modelo político en el que los palestinos suelen aparecer como una minoría a la que otros partidos ofrecen representación, pero raramente como socios en condiciones de igualdad. En declaraciones recogidas por The Times of Israel durante la presentación, Green defendió que la colaboración judeoárabe debía poder empezar dentro de un mismo partido, sin limitarse a reservar un puesto simbólico para un representante de otra comunidad.
Las camisetas moradas frente al geneocidio en Gaza
Durante la guerra de Gaza, Standing Together amplió su actividad mediante manifestaciones contra los ataques israelíes, campañas por un alto el fuego y acciones de solidaridad con la población palestina. Sus integrantes también organizaron iniciativas para facilitar la entrada de ayuda humanitaria y responder a las movilizaciones de grupos ultranacionalistas que intentaban obstaculizar su llegada al enclave.
La organización ha defendido simultáneamente la liberación de los rehenes capturados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y el fin de los ataques y del bloqueo que han castigado a la población civil de Gaza. Pero esas reivindicaciones no representan dos sufrimientos equiparables en sus causas, responsabilidades o dimensiones. La ocupación, el control territorial y las decisiones militares israelíes determinan una relación de poder profundamente desigual, que los movimientos contrarios a la guerra deben afrontar al formular sus propuestas políticas.
La apuesta de Standing Together se desarrolla, además, en una sociedad atravesada por el nacionalismo, el miedo y una creciente hostilidad hacia las voces que cuestionan la actuación militar israelí. Sus militantes han participado en protestas contra el genocidio y en campañas de protección de comunidades palestinas frente a agresiones racistas. La organización también denuncia la violencia criminal que afecta a numerosas localidades árabes y reclama una intervención pública que garantice seguridad sin reproducir prácticas discriminatorias.
En sus manifestaciones aparecen carteles en hebreo y árabe. El morado de sus camisetas se ha convertido en una seña reconocible de una movilización que intenta disputar el espacio público a la extrema derecha. Su principal desafío no consiste únicamente en reunir a personas dispuestas a manifestarse juntas, sino en convertir esa presencia en una organización política capaz de alterar las decisiones del Estado.
El movimiento ha conseguido visibilidad dentro y fuera de Israel, pero esa notoriedad no equivale a influencia parlamentaria. Durante años, las fuerzas que se oponen a la ocupación han debido actuar en un escenario donde el consenso favorable al control militar sobre los territorios palestinos se extiende más allá de las formaciones ultranacionalistas. La dificultad para transformar sus reivindicaciones en poder institucional explica parte de la apuesta electoral que Daood y Green emprendieron durante el verano.
Un partido que decidió no presentarse
El nacimiento de Un lugar para todos abrió una discusión inmediata entre las organizaciones que representan a la ciudadanía palestina israelí. El sistema electoral exige superar el 3,25% de los votos válidos para entrar en la Knéset, un umbral que puede dejar sin representación a decenas de miles de electores cuando sus candidaturas no alcanzan el mínimo establecido.
Los críticos de la nueva formación temían precisamente ese escenario. La candidatura podía atraer a jóvenes desencantados y a sectores de la izquierda judía, pero también restar apoyos a los partidos árabes que ya tenían representación parlamentaria. Si no conseguía superar el umbral, todos aquellos votos quedarían fuera del reparto de escaños y podrían favorecer indirectamente al bloque de Netanyahu.
La preocupación no era menor. En las elecciones de 2022, la participación entre la ciudadanía árabe había sido del 53,2%, frente a aproximadamente el 75% entre los votantes judíos. La capacidad de movilizar a ese electorado y evitar la fragmentación se convirtió en uno de los grandes objetivos de las fuerzas contrarias al Gobierno.
Daood y Green defendieron inicialmente que su candidatura podía ampliar la participación, no limitarse a repartir entre más partidos los mismos votos. Apostaban por atraer a personas que no se identificaban con las formaciones existentes y por demostrar que una alianza judeoárabe podía aspirar a representar a sectores sociales más amplios.
Sin embargo, el 8 de septiembre anunciaron que abandonaban la carrera electoral. Daood explicó que, en un momento decisivo, la prioridad era apartar del Gobierno a las fuerzas ultranacionalistas. Green sostuvo que no querían desperdiciar votos y que continuarían organizándose fuera de las urnas. La decisión, recogida por el medio israelí Zman Israel, puso fin a la primera tentativa electoral del proyecto, pero no a la organización que había surgido durante aquellos meses.
La renuncia no resolvía el problema que había motivado el nacimiento del partido. Simplemente reconocía que las condiciones electorales no permitían afrontarlo mediante una candidatura independiente sin asumir riesgos que sus propios dirigentes consideraban excesivos.
El problema de Israel no termina en Netanyahu
El resultado de las elecciones ha vuelto a demostrar hasta qué punto la política israelí está atravesada por una división que va más allá de la continuidad de Benjamin Netanyahu. Los principales partidos de la oposición discrepan del primer ministro en cuestiones relacionadas con su liderazgo, la gestión de la seguridad o el futuro institucional del país, pero esas diferencias no implican necesariamente un rechazo compartido a la ocupación de los territorios palestinos.
Gadi Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor israelí y principal figura de la oposición electoral, procede de las Fuerzas Armadas y ha desarrollado su carrera dentro de los grandes consensos de seguridad del Estado. Su enfrentamiento con Netanyahu no equivale a asumir el programa de la izquierda contraria a la ocupación. Otras fuerzas opositoras, encabezadas por dirigentes como Naftali Bennett o Avigdor Lieberman, mantienen posiciones nacionalistas o derechistas sobre cuestiones fundamentales del genocidio.
La contradicción se hace especialmente visible ante el peso parlamentario de las candidaturas de mayoría palestina. Los resultados provisionales de octubre les conceden alrededor de una quinta parte de los escaños de la Knéset, una presencia que podría resultar decisiva para construir una mayoría alternativa. Pero algunos dirigentes de la oposición judía se resisten a incorporar a esos partidos a sus acuerdos de gobierno o a depender de sus votos.
La ciudadanía palestina representa aproximadamente una quinta parte de la población israelí, pero su participación política sigue condicionada por desigualdades estructurales y por un debate recurrente sobre la legitimidad de sus representantes para influir en las decisiones del Estado. El crecimiento de sus candidaturas en las urnas no elimina automáticamente esas barreras.
Para Standing Together, esa exclusión forma parte del problema que pretende combatir. Una alternativa política que se limite a sustituir a Netanyahu sin modificar las relaciones de poder entre judíos y palestinos dejaría intactas algunas de las cuestiones que alimentan el conflicto. El final de un Gobierno y el final de la ocupación son objetivos distintos, aunque puedan coincidir en determinados momentos políticos.
La convivencia no basta cuando el poder sigue siendo desigual
El proyecto de Standing Together tampoco está exento de críticas dentro del propio activismo palestino. Algunos militantes y analistas cuestionan que las organizaciones conjuntas puedan presentar a judíos y palestinos como participantes equivalentes de un conflicto cuando sus posiciones ante el Estado son profundamente distintas.
La revista independiente israelopalestina +972 Magazine ha examinado esas tensiones en su cobertura del movimiento. Una parte del debate gira alrededor de si la colaboración entre comunidades puede convertirse en una fórmula de convivencia que no cuestione suficientemente las estructuras de dominación, o si constituye una vía para organizar a sectores de la sociedad israelí contra esas mismas estructuras.
La igualdad entre participantes dentro de una organización no elimina por sí sola la desigualdad entre las comunidades a las que pertenecen. Los palestinos de Cisjordania viven bajo ocupación militar; los habitantes de Gaza han sufrido una guerra devastadora y fuertes restricciones a sus derechos; y los palestinos con ciudadanía israelí afrontan discriminaciones que los movimientos de derechos humanos llevan años documentando. Son situaciones diferentes que no pueden confundirse bajo una misma categoría política.
Standing Together concentra su organización entre ciudadanos israelíes, pero vincula expresamente sus demandas de igualdad interna con el final de la ocupación. Su proyecto debe examinarse desde esa doble perspectiva: lo que ha conseguido movilizar y las limitaciones que todavía enfrenta para convertir sus reivindicaciones en cambios institucionales.
El desafío no es menor. Construir una alianza entre judíos y palestinos exige algo más que compartir manifestaciones, consignas o espacios de militancia. Requiere afrontar las relaciones de poder, el reconocimiento de los derechos nacionales palestinos y las consecuencias de décadas de ocupación y discriminación.
El país que todavía no cabe en una papeleta
Las elecciones del 27 de octubre han dejado una Knéset sin una mayoría clara y con una representación palestina reforzada. Mientras los partidos negocian posibles alianzas, Daood y Green permanecen fuera de una institución a la que intentaron acceder durante el verano. Su proyecto político no aparece en el reparto de escaños, aunque algunas de las cuestiones que plantearon se han situado en el centro de las negociaciones.
La retirada de Un lugar para todos evitó que su candidatura compitiera con otras fuerzas contrarias a Netanyahu, pero también aplazó la posibilidad de medir en las urnas el apoyo a una organización compartida entre judíos y palestinos con un programa explícitamente contrario a la ocupación.
Standing Together continuará siendo, por ahora, un movimiento que actúa principalmente fuera del Parlamento, mientras las formaciones que sí han conseguido representación afrontan la cuestión de si están dispuestas a negociar una mayoría que incluya a los partidos palestinos.
La historia de Daood y Green deja al descubierto una paradoja de la política israelí: los partidos palestinos pueden contar con los escaños necesarios para facilitar una alternativa al Gobierno de Netanyahu y, aun así, seguir encontrando resistencias para ser aceptados como socios políticos.
En ese escenario, las camisetas moradas de Standing Together representan una propuesta que todavía no ha encontrado traducción parlamentaria propia. Sus integrantes seguirán organizando manifestaciones y campañas contra la guerra, la ocupación y la desigualdad, mientras una parte importante del debate institucional continúa concentrada en quién debe sustituir al primer ministro.
Para Rula Daood y Alon-Lee Green, la pregunta es más profunda: qué tendría que cambiar para que judíos y palestinos pudieran compartir no solamente una protesta contra el poder, sino también las decisiones sobre el futuro del país.
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