El pasado jueves, el ejército de Israel volvió a saltarse el derecho internacional cuando interceptó en aguas internacionales una nueva flotilla que navegaba rumbo a Gaza para tratar de romper el bloqueo humanitario impuesto sobre la Franja. La mayoría de activistas que la integraban fueron liberados, pero dos de ellos siguen secuestrados en la prisión de Shikma, en Ascalón, en el suroeste del Estado judío.
Sus nombres no son casuales. Se trata, por un lado, del activista brasileño Thiago Ávila, uno de los portavoces más relevantes de las misiones de la Global Sumud Flotilla, que este fin de semana ya denunció a la diplomacia de su país haber sido "torturado, golpeado y maltratado" por los soldados israelíes. A su testimonio se suma ahora el del otro secuestrado, que es un activista sueco-español llamado Saif Abu Keshek, de origen palestino, y que también ha participado en varias flotillas en el pasado. El Gobierno sionista de Benjamin Netanyahu acusa a ambos de ser terroristas y de colaborar con Hamás.
Y por ello, a diferencia de sus compañeros, permanecen desde el pasado 1 de mayo en prisión, donde se teme por su situación por los antecedentes de torturas y malos tratos por parte de Israel a los presos de otras flotillas. Aunque desde el Ministerio de Exteriores español aseguran a El Mundo que Abu Keshek "está siendo objeto de un chequeo médico diario", la ONG israelí Adalah ha denunciado los "malos tratos" que estaría sufriendo el activista. Los que le han visitado en la cárcel afirman que ha recibido amenazas de muerte y de "pasar 100 años en prisión" por parte de los soldados.
La ONG denuncia además que ambos secuestrados, que están en huelga de hambre desde su detención ilegal, han sido sometidos a "interrogatorios de hasta ocho horas". El domingo, Israel prolongó su arresto hasta este martes. "Estamos esperando saber si el Estado pedirá prorrogar esta detención", apuntan desde la ONG.
Adalah es una de las organizaciones que asiste a los miembros de la Flotilla cuando son detenidos, como ha ocurrido en otras misiones como las que llevaron al secuestro por parte de Israel de decenas de activistas el pasado verano. En esta ocasión, las 50 embarcaciones fueron abordadas frente a las costas de Grecia, en aguas internacionales, el pasado jueves, tras lo que Abu Keshek y Ávila fueron secuestrados y llevados a Israel. Las preguntas sobre la misión ocuparon "la mayor parte de su interrogatorio", aseguran desde la ONG.
El Gobierno "exige su liberación inmediata"
Sin embargo, las primeras visitas de representantes consulares a la prisión de Shikma ya elevaron la voz de alarma. Los diplomáticos brasileños que visitaron a Ávila, con el que conversaron a través de un cristal, confirmaron que el activista tenía heridas en la cara y un fuerte dolor en el hombro, y que según lo que contó a sus abogados había recibido golpes y un trato degradante por parte de los soldados.
Aquí, en España, la mujer de Abu Keshek, Sally Issa, está liderando una petición a los medios para que liberen a su esposo, llamando también a movilizaciones en Barcelona, donde viven. Exteriores sigue de cerca la situación del activista: "El español ilegalmente detenido, Saif Abukeshek, ha sido visitado este lunes de nuevo por el cónsul de España en Tel Aviv, que ha podido conversar con él y comprobar su estado", informaron desde el área que dirige José Manuel Albares. El representante español en la capital administrativa del Estado de Israel "seguirá visitándolo de manera continua y permanecerá en contacto permanente con su familia", aseguran.
Pero diplomáticamente esto supone un nuevo choque con Israel. La detención de los activistas es ilegal, al haberse producido en aguas internacionales. El Estado sionista controla la costa de la Franja de Gaza, pero aplica un supuesto derecho a detener a cualquier embarcación que supere sin permiso la llamada 'zona de exclusión', delimitada -supuestamente- por un perímetro a 150 millas náuticas del enclave palestino. En la práctica, Israel extiende la zona más allá de ese límite, e intercepta barcos en las aguas en las que no tiene jurisdicción, según el derecho internacional.
Además de esto está el hecho de que Israel retenga a una persona con nacionalidad española, de la que el Gobierno "exige su liberación inmediata". La situación recuerda a la vivida en octubre, cuando entre los 49 activistas detenidos en otra flotilla se encontraba Reyes Rigo, a quien Israel retuvo secuestrada durante más tiempo que al resto después de acusarla de atacar a un oficial del ejército hebreo.
