Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
La batalla de Donald Trump contra las grandes cadenas de televisión estadounidenses ya no se libra únicamente en mítines, redes sociales o despachos regulatorios. Ha llegado a un tribunal federal. Disney, propietaria de ABC, ha pedido a la Justicia que detenga la revisión anticipada de las licencias de ocho de sus emisoras, una medida extraordinaria impulsada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que la compañía considera una represalia por decisiones editoriales que desagradaron al presidente.
El choque quedó expuesto esta semana ante la jueza federal Loren AliKhan, en Washington. La abogada de Disney Beth Wilkinson sostuvo que la compañía está modificando incluso la forma en la que toma decisiones sobre sus contenidos porque sabe que cualquier movimiento puede desencadenar una reacción de la Administración. Entre los episodios citados está la decisión de ABC de no emitir en directo un discurso de Trump del pasado 16 de julio, en el que el presidente volvió a cuestionar la seguridad del sistema electoral estadounidense. NBC tampoco emitió aquella intervención en directo y Trump respondió reclamando que ambas cadenas perdieran sus licencias.
La ofensiva judicial parte de una decisión adoptada meses antes. En abril, el presidente de la FCC, Brendan Carr, ordenó que Disney presentara anticipadamente las renovaciones de ocho licencias vinculadas a ABC, incluidas estaciones de mercados tan importantes como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Houston. Lo extraordinario está en el calendario: ninguna de ellas debía renovarse antes de 2028 y algunas tenían vigencia hasta 2031. La propia FCC reconoció oficialmente que había reclamado esa renovación anticipada mientras investigaba posibles infracciones relacionadas, entre otros asuntos, con las políticas de diversidad de Disney.
Un poder que pasa por las licencias
La disputa toca una peculiaridad fundamental del sistema televisivo estadounidense. La FCC no concede una licencia nacional a ABC, NBC o CBS como cadenas, sino permisos a las estaciones que utilizan el espectro radioeléctrico, normalmente por periodos de ocho años. Eso convierte el procedimiento regulatorio en una herramienta con consecuencias económicas muy importantes para los grandes grupos audiovisuales.
Carr ya había dejado claro meses atrás que estaba dispuesto a utilizarla. En marzo aseguró a Reuters que la retirada de licencias estaba “sobre la mesa” dentro de las investigaciones abiertas sobre distintos operadores. En aquel momento, la FCC examinaba cuestiones relacionadas con ABC, NBC, CBS, PBS y NPR, desde políticas de diversidad hasta programas concretos y normas de igualdad de oportunidades para candidatos electorales. La Comisión no ha retirado la licencia de una televisión abierta estadounidense en más de cuatro décadas.
Disney considera que la revisión anticipada rompe precisamente con esa normalidad regulatoria. Durante la vista de esta semana, la jueza AliKhan preguntó al Gobierno por los precedentes de una decisión de este tipo y puso el foco en el carácter excepcional del procedimiento. Según Reuters, la FCC no había recurrido a una revisión anticipada comparable en más de medio siglo.
La Administración rechaza que exista una represalia política. Sus abogados sostienen que la FCC actuó después de considerar insuficiente o tardía la respuesta de Disney a peticiones de documentación dentro de una investigación sobre sus prácticas de diversidad, equidad e inclusión. También cuestionan que el tribunal de distrito tenga jurisdicción para intervenir en este momento y defienden que ABC no ha demostrado un daño irreparable, puesto que sus estaciones continúan emitiendo. Disney responde que mantener permanentemente sus decisiones editoriales bajo la amenaza de una intervención del regulador ya produce por sí mismo un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión.
El proceso no ha terminado. AliKhan solicitó nuevos argumentos escritos y todavía debe decidir si concede la medida cautelar reclamada por Disney para frenar las revisiones mientras continúa el litigio.
De Jimmy Kimmel a The View
El enfrentamiento con ABC no nació con las renovaciones de abril. Durante el último año, la cadena ha ido acumulando conflictos con Trump y con una FCC presidida desde 2025 por Carr, uno de los reguladores elegidos por el republicano.
Uno de los episodios más polémicos se produjo con Jimmy Kimmel. ABC suspendió temporalmente en septiembre de 2025 el programa Jimmy Kimmel Live! después de unas declaraciones del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Horas antes de aquella suspensión, Carr había advertido de posibles consecuencias para las estaciones que emitieran el programa. Dos grandes grupos de televisiones locales, Nexstar y Sinclair, decidieron posteriormente mantenerlo fuera de decenas de sus afiliadas de ABC incluso cuando Disney anunció su regreso. Entre ambas alcanzaban entonces aproximadamente al 23% de los hogares estadounidenses.
Las palabras de Carr provocaron críticas que no se limitaron al Partido Demócrata. El senador republicano Ted Cruz llegó a describir sus advertencias como extremadamente peligrosas. El episodio adquirió además una dimensión empresarial porque Nexstar necesitaba la autorización de la propia FCC para una operación multimillonaria con Tegna.
La Comisión también ha investigado The View, el veterano programa matinal de ABC, por una posible aplicación de las normas que obligan a ofrecer oportunidades equivalentes a candidatos políticos. Carr ha discutido la posición de ABC de que el formato debe quedar protegido por las excepciones previstas para determinados programas informativos.
Trump, entretanto, ha reiterado públicamente sus peticiones para que la FCC actúe contra cadenas que considera hostiles. La presión no se ha limitado a ABC. El regulador también ha revisado una queja contra CBS relacionada con la entrevista de 60 Minutes a Kamala Harris durante la campaña de 2024 y otra sobre una aparición de la entonces vicepresidenta en Saturday Night Live, emitido por NBC.
Millones, acuerdos y una televisión bajo presión
La vía regulatoria coincide con otro frente utilizado por Trump durante los últimos años: los tribunales y los acuerdos económicos con las propias compañías de comunicación.
En diciembre de 2024, ABC aceptó aportar 15 millones de dólares a la futura biblioteca presidencial de Trump para cerrar la demanda presentada por el republicano a raíz de unas declaraciones del periodista George Stephanopoulos sobre el caso civil de E. Jean Carroll. La cadena publicó además una nota expresando su pesar por aquellas palabras.
Meses después, Paramount, entonces matriz de CBS, acordó pagar 16 millones de dólares para resolver otra demanda de Trump relacionada con la edición de una entrevista de 60 Minutes a Kamala Harris. El acuerdo provocó malestar dentro de CBS News y entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa. La negociación coincidió, además, con el proceso regulatorio de una gran operación empresarial de Paramount que necesitaba luz verde de la FCC, una circunstancia que alimentó las críticas sobre la independencia editorial del grupo.
Es en ese contexto donde el litigio de Disney adquiere una dimensión que va más allá de ocho licencias concretas. Por primera vez, uno de los grandes grupos audiovisuales estadounidenses intenta que un tribunal establezca un límite a la utilización de ese poder regulatorio.
La contradicción se ha hecho todavía más visible durante las últimas semanas. Carr ha rechazado investigar los anuncios televisivos financiados con dinero público en los que aparece Trump y que han provocado críticas incluso dentro del Partido Republicano por su tono electoral. El presidente terminó anunciando que dejarían de financiarse con fondos públicos después de la polémica. Al mismo tiempo, la FCC mantiene abiertas investigaciones sobre distintos contenidos de las televisiones comerciales.
Disney sostiene que detrás de esa sucesión de actuaciones existe un patrón de castigo contra los contenidos que incomodan al presidente. La FCC replica que ejerce competencias legales destinadas a garantizar que las empresas que utilizan el espectro público cumplen las normas.
La decisión de AliKhan no resolverá toda esa disputa, pero puede determinar hasta dónde puede llegar el regulador mientras se discute el fondo del caso. Lo que durante meses había sido una guerra política entre Trump y algunas de las principales cadenas de Estados Unidos tiene ahora un tercer actor: un tribunal que deberá decidir dónde termina la supervisión administrativa y dónde puede empezar una intromisión en las decisiones editoriales protegidas por la Primera Enmienda.
Comentarios
Tu comentario
Solo los socios pueden comentar.