La escalada de las tensiones a nivel internacional ha derivado en el inicio de conflictos bélicos como el surgido en Irán tras los primeros bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos e Israel sobre este país. Esta guerra, que desde la Administración Trump se vaticinaba iba a ser rápida, sigue extendiéndose en el tiempo y, ahora, comienza a afectar cada vez más a la economía mundial por el bloqueo del Estrecho de Ormuz y los ataques tanto sobre refinerías como yacimientos de gas. No solo eso, sino que se está expandiendo territorialmente al llevar a cabo Irán ofensivas sobre países aliados de EEUU e Israel, así como también, incluso, de la Unión Europea.
No obstante, tanto este conflicto, como la intervención estadounidense sobre Venezuela o la guerra de Ucrania no son, sino, la punta del Iceberg. Muchas más son las intervenciones sobre el terreno que se llevan a cabo por parte de numerosos países sin que gocen de presencia mediática y que, directamente, en numerosas ocasiones se llevan a cabo en la sombra.
Muchas de estas operaciones que escapan a la transparencia o la comunicación pública se efectúan a través de las conocidas como Empresas Militares Privadas (EMP). Estas compañías reciben multimillonarios contratos unas veces, simplemente, por realizar labores de logística o protección de un determinado grupo de militares y agentes de servicios de inteligencia, y otras por entrar directamente en combate o gestionar zonas de conflicto.
Grupo Wagner o Blackwater son algunas de las más conocidas, principalmente por ser las mayormente contratadas por Rusia y Estados Unidos, respectivamente. Sin embargo, no no han acaparado titulares solo por las grandes cifras económicas que han manejado, sino también por las violaciones de los derechos humanos que han perpetrado o su preocupante alta capacidad militar. Entre otros aspectos, las EMP se tornan peligrosas pues no deben atender a la normativa internacional o los derechos humanos de la misma manera que lo hace cualquier ejército nacional.
Francisco Rubio Damián, coronel del Ejército de Tierra retirado y actual profesor de la Universidad de San Jorge de Zaragoza, ha analizado en distintas ocasiones la presencia de las Empresas Militares Privadas en numerosos territorios, alertando de los riesgos que suponen su contratación. Habiendo sido especialista en Operaciones Especiales y ocupado puestos en instituciones como la OTAN o la Unión Europea, Rubio Damián ha abordado en diferentes publicaciones asuntos de actualidad referidos a los conflictos armados y algunos de los temas más sensibles relativos a estos.
Autor de libros como Conceptos básicos de seguridad internacional o La Guerra de los robots, este militar que ha participado en misiones de la ONU en países como Nicaragua, Guatemala, Líbano o Haití conversa hoy con ElPlural.com para poner sobre la mesa algunos de los principales peligros que implica el crecimiento del mercado que están experimentando estas compañías.
Pregunta: La contratación de empresas militares privadas es, en algunos momentos, necesaria y requerida, como apoyo para determinadas misiones o labores. Sin embargo, en sus libros y en diversas entrevistas ha subrayado que también traen consigo importantes peligros o inconvenientes. ¿Cuáles serían estos?
Respuesta: La contratación de estas empresas puede ser la solución para bastantes problemas políticos y operativos de las operaciones militares, sobre todo cuando los ejércitos nacionales están infra dimensionados o carecen de ciertas capacidades militares, algo habitual en Europa. Sin embargo, hay motivos muy serios para preocuparse por la presencia de las EMP en los teatros de operaciones militares.
Para empezar, el sector privado, con sus criterios de empresa, no debería participar en las operaciones militares. La defensa nacional es un servicio público que presta el Estado utilizando una fuerza letal, por lo que no resulta muy tranquilizador que haya compañías privadas –gestionadas con criterios de productividad y beneficio– proporcionando servicios militares en zonas de operaciones por encargo de Gobiernos enfrascados en una guerra.
En segundo lugar, la experiencia nos dice que la mera presencia de contratistas militares privados en las operaciones es un factor de riesgo para ellos mismos y para la población local. Ocurrió en 2004 en Faluya (Irak), donde cuatro contratistas de Blackwater fueron asesinados a tiros, quemados y desmembrados mientras una multitud lo celebraba cantando y bailando. Pero también vimos tres años después, en Bagdad, cómo otros cuatro contratistas de la misma empresa mataron a catorce civiles inocentes. En todo caso, la presencia de estas empresas se relaciona con violaciones de los derechos humanos y abusos de poder.
En tercer lugar, la contratación de EMP suele cristalizar en relaciones de interdependencia, subordinación y complicidad que se desarrollan al límite de lo legal. Por un lado, las empresas proporcionan a los Gobiernos algo parecido a un ejército privado. Por otro, la supervivencia de la empresa depende de la voluntad del Gobierno de turno para contratarla, por lo que hará lo que haga falta para satisfacer las demandas gubernamentales, sean las que sean. Lo alarmante de esta dependencia es que los Gobiernos la aprovechen para que los contratistas privados realicen acciones improcedentes o para ocultar la participación del Estado en una determinada guerra.
En cuarto lugar, las EMP pueden proporcionar involuntariamente armamento, información y adiestramiento a actores que forman parte del conflicto. Las EMP suelen subcontratar personal local porque les resulta más económico y conocen el idioma, la cultura y la situación operacional. Parte de estos individuos, una vez adiestrados, terminan sirviendo a señores de la guerra, delincuentes y grupos terroristas o insurgentes. De hecho, existen EMP que solo prestan sus servicios a este tipo de actores conflictivos, como la uzbeka Malhama Tactical, la primera compañía militar yihadista del mundo, que operó con regularidad en la Guerra Civil Siria.
A todos estos elementos preocupantes hay que añadir la falta de transparencia y de control, así como la inexistencia de reglas claras sobre quién puede contratar los servicios de las EMP y quién puede trabajar en ellas.
P: ¿Es común que un Gobierno, a nivel de imagen pública o estrategia política, contrate una EMP para que actúe sobre una zona concreta y evitar una exposición pública de envío de militares del Ejército del país?
R: Algunos Estados utilizan las EMP para ocultar o negar su participación en una determinada guerra. La conocida como negación plausible es muy propia de la Rusia de Putin, quien, en 2012, dijo en la Duma que «un grupo de empresas militares privadas sería un instrumento eficiente para alcanzar objetivos nacionales sin implicar directamente al Estado ruso».
Dos años después se creó el Grupo Wagner. Por poner solo un ejemplo, en 2020 aviones de combate rusos sin identificación apoyaron a contratistas del Grupo Wagner que combatían en Libia contra el ejército del Gobierno de Acuerdo Nacional. Debemos recordar que en esas fechas Rusia pretendía asumir el papel de árbitro neutral para alcanzar una solución política a la crisis libia, por lo que su apoyo militar a una de las partes era contrario a su posición oficial y debía ocultarse.
P: En su libro Guerra S.A. menciona que el mercado de las empresas militares privadas está en expansión y surgen cada vez más compañías dedicadas a esta actividad. ¿Considera esto algo peligroso?
R: En general, la expansión de las EMP no es una buena noticia, pero en el caso particular de su empleo en zonas de operaciones militares, es una muy mala noticia.
La gestión de la defensa nacional debería corresponder en exclusiva a los poderes públicos, no sólo por su importancia capital, sino porque se ejecuta con medidas coercitivas y, llegado el caso, con el uso de la fuerza letal. La única razón por la que hay EMP involucradas en los conflictos armados es porque los Estados las contratan. La demanda ha creado la oferta.
Cuando la gestión se comparte, la responsabilidad es de los Gobiernos, que deberían limitar la contratación de las EMP a lo estrictamente imprescindible. Cuando no lo hacen así, están delegando en manos privadas el monopolio del uso legítimo de la fuerza para garantizar la supervivencia de la nación. Esto es muy grave.
P: En este mismo libro que le menciono habla sobre la contratación de EMPs que hacen estados fallidos o enormemente desestructurados, muchos de ellos recién salidos de una guerra civil o inmersos en una. De hecho, expone que una EMP israelí fue pagada por sus servicios recibiendo una explotación de petrolífera. Teniendo en cuenta que el dinero todo lo mueve, ¿supone esta práctica un riesgo? ¿Es algo preocupante que estas empresas pasen a disponer de tanta influencia en este tipo de zonas? Teniendo en cuenta el poder económico que adquieren y sus capacidades militares, ¿no podría esto derivar en que, en algún momento, puedan tratar de controlar un territorio o sublevarse contra un Gobierno nacional y hacerse con el poder?
R: En los países que menciona es habitual que las EMP cobren sus servicios mediante la explotación de recursos locales. Esta es, por ejemplo, la forma empleada por el Grupo Wagner –la actual Africa Corps– en el continente africano. En la República Centroafricana, Mali, Burkina Faso o Sudán, Wagner tiene derechos de explotación de oro y diamantes, minerales estratégicos como cobre, plomo y zinc, y recursos energéticos como petróleo, gas natural y carbón.
Esta práctica es muy perjudicial. La producción extractiva es uno de los sectores críticos para los países inestables y en desarrollo, que es donde actúan Wagner y otras EMP, por lo que resulta fundamental retener la propiedad pública de estos recursos o, al menos, mantenerlos bajo estricta regulación de los Gobiernos nacionales.
Estas explotaciones mineras, además de limitar las capacidades de desarrollo del país local, desvían el esfuerzo operativo de la EMP de turno, más preocupada por proteger sus fuentes de ingreso que por llevar a cabo las tareas para las que fue contratada.
P: El Grupo Wagner ha sido especialmente llamativo entre las EMP. Quisiera preguntarle si, ante la extendida presencia de este tipo de compañías en múltiples lugares, no termina por convertirse en una amenaza, en cierto modo, para la población civil que sean ellas las encargadas de actuar. Al final, un Ejército de cualquier país y sus militares están, en principio, mucho más vigilados en el aspecto del respecto a los derechos humanos y continuamente sus actuaciones son miradas con lupa. ¿Responden estas empresas de la misma manera en estos ámbitos o tienen menos presión?
R: No solo tienen menos presión, sino que, en ocasiones, se les contrata para que actúen sin las limitaciones que supone el derecho internacional humanitario y el respeto por los derechos humanos.
Un ejemplo lo tenemos en Mali. Tras el golpe de estado de 2021, la Junta Militar terminó con la presencia militar de Francia (Operación Barkhane), de la Unión Europea (EUTM Mali) y de la ONU (MINUSMA), y se puso en manos del Grupo Wagner. Más allá de las consabidas justificaciones contra el neocolonialismo, la Junta buscaba en Rusia un aliado geopolítico que a, diferencia de las potencias europeas, no condicionara su ayuda al respeto de los derechos humanos ni exigiera la transición a un gobierno democrático. Esto permitió que el Grupo Wagner, primero, y el Africa Corps, después, lanzara operaciones militares con mayor libertad de acción, pero en las que se cometieron gravísimos abusos contra la población civil.
P: Ahora que hablamos del Grupo Wagner, quisiera plantearle una pregunta para terminar en relación a esta EMP. En Guerra S.A. relató muchas de las actuaciones controvertidas y atrocidades cometidas por esta especie de EMP. Aunque las conociera antes de comenzar a reunirlas por escrito, ¿era capaz de evitar sorprenderse ante todas las violaciones de los derechos humanos que llevaron a cabo?
R: A mi edad y con mi experiencia, he perdido mi capacidad de sorpresa ante las barbaridades que cometen algunas personas. Lo que me sigue sorprendiendo es la capacidad humana para normalizar estos dramas.