La emergencia climática tiene una contabilidad propia. Carreteras y viviendas que reconstruir, cosechas perdidas, negocios obligados a cerrar, redes eléctricas sometidas a temperaturas para las que no fueron diseñadas, hospitales que atienden más pacientes durante las olas de calor y administraciones que movilizan bomberos, militares y protección civil. Durante años, buena parte de ese gasto pudo registrarse como una anomalía. Un incendio, una inundación o una sequía especialmente grave eran episodios extraordinarios. La acumulación de fenómenos extremos está haciendo cada vez más difícil mantener esa categoría.
Reuters ha puesto este martes cifras a esa transformación: los daños climáticos comienzan a aparecer como una presión cada vez más habitual sobre las cuentas públicas europeas, precisamente cuando los gobiernos afrontan simultáneamente mayores necesidades de gasto en defensa, pensiones, sanidad e infraestructuras. El problema no es únicamente que cada catástrofe cueste dinero, sino que empiezan a repetirse con suficiente frecuencia como para dejar de ser acontecimientos presupuestarios aislados.
La fotografía acumulada permite medir la dimensión del fenómeno. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), los acontecimientos meteorológicos y climáticos extremos causaron pérdidas económicas por unos 822.000 millones de euros en la Unión Europea entre 1980 y 2024. Además, los cuatro últimos años incluidos en la estadística estuvieron entre los cinco más costosos de toda la serie.
El agujero que dejan las catástrofes
La distribución de los daños también importa. Las inundaciones representan alrededor del 47% de las pérdidas, las tormentas cerca del 27% y las olas de calor casi un 18%, según la AEMA. Pero hay otra cifra especialmente relevante cuando se traslada el problema a las cuentas públicas: gran parte de las pérdidas no está asegurada. En muchos países europeos más de la mitad de los daños queda fuera de la cobertura privada y en algunos casos el porcentaje sin asegurar supera ampliamente el 90%.
Eso significa que una vivienda destruida, una carretera dañada o una empresa paralizada no se convierten automáticamente en gasto público, pero sí aumentan la presión política para que el Estado intervenga. Ayudas directas, exenciones fiscales, reconstrucción de infraestructuras o compensaciones extraordinarias terminan absorbiendo una parte de la factura.
Francia ofrece estos días un ejemplo. Después de los grandes incendios del verano, el Gobierno ha anunciado 12 millones de euros para municipios que deben realojar a personas cuyas viviendas han quedado destruidas, además de beneficios fiscales para empresas afectadas, especialmente en zonas dependientes del turismo. Solo las recientes olas de calor francesas podrían ocasionar entre 10.000 y 15.000 millones de euros en costes directos e indirectos, según estimaciones citadas por el Gobierno francés.
España conoce bien esa mecánica. Reuters señala que la reconstrucción posterior a las graves inundaciones de 2024 supondrá aproximadamente un 0,7% del PIB español entre 2024 y 2026. La cuestión fiscal aparece cuando episodios semejantes dejan de espaciarse durante décadas y comienzan a solaparse.
El problema no termina cuando se apaga el incendio
El verano de 2026 ha ampliado además el mapa de daños. Los incendios habían quemado hasta mediados de agosto alrededor de 576.000 hectáreas en Europa, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales citados por Reuters. Bélgica ha sufrido el mayor incendio registrado en su territorio, mientras Francia, España, Portugal, Grecia y Croacia han afrontado grandes fuegos y evacuaciones.
Al mismo tiempo, la sequía está afectando al transporte de mercancías por el Rin y el Danubio, a la agricultura y a la producción eléctrica. Más de media docena de reactores nucleares europeos han tenido que detener o reducir su producción por dificultades relacionadas con la refrigeración. En julio ya se estimaban pérdidas de entre el 6% y el 7% en cultivos tardíos como el maíz y el girasol.
El impacto, por tanto, no sigue una única línea. Un río con poco caudal puede elevar el coste del transporte. Una central que reduce producción altera el mercado energético. Una cosecha menor repercute sobre los precios de los alimentos. Una zona turística evacuada pierde ingresos antes incluso de contabilizar las propiedades quemadas.
El Banco Central Europeo ha advertido de que la mayor frecuencia e intensidad de olas de calor, sequías, inundaciones e incendios tiene consecuencias macroeconómicas y financieras. Los asesores climáticos de la UE calculaban ya a comienzos de este año que los daños anuales sobre edificios e infraestructuras europeas alcanzaban unos 45.000 millones de euros, cinco veces más que en la década de 1980.
Pagar después o invertir antes
Aquí surge un debate menos visible que el de los objetivos de reducción de emisiones: cuánto debe gastar Europa en adaptarse al clima que ya tiene.
Entre 2021 y 2025, el grueso del gasto climático del presupuesto común europeo se dirigió a mitigar el calentamiento —reducir emisiones— y no a adaptación, según datos recogidos por Reuters. La diferencia es importante. Instalar energías renovables ayuda a limitar el calentamiento futuro; adaptar una ciudad para soportar inundaciones, reforzar un dique o preparar un bosque frente al fuego intenta reducir el coste del desastre cuando llegue.
También está cambiando la discusión sobre los seguros. Si los riesgos aumentan, las primas pueden encarecerse o determinadas zonas convertirse en demasiado costosas para asegurar. Una posibilidad que estudian las instituciones europeas pasa por crear mecanismos comunes de reaseguro para grandes catástrofes. Grecia y Portugal, entre otros países, exploran fórmulas para ampliar las coberturas.
No existe una solución fiscal sencilla. Hacer obligatorios determinados seguros desplaza parte del coste desde el contribuyente hacia propietarios y empresas; asumir más riesgos desde el Estado incrementa la exposición de las cuentas públicas; e invertir miles de millones en adaptación exige recursos antes de que los daños se produzcan.
Lo que sí empieza a cambiar es la naturaleza de la discusión. El coste económico del clima extremo ya no aparece únicamente después de una catástrofe, cuando se cuentan hectáreas quemadas o casas destruidas. Empieza a incorporarse a debates sobre déficit, inversión pública, seguros, infraestructuras y prioridades presupuestarias. Y ese cálculo se produce mientras Europa intenta decidir cuánto está dispuesta a gastar para evitar que la siguiente emergencia resulte todavía más cara.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
