Es una noticia magnífica. La Comisión Europea publica su Plan de Acción para la implementación del Pilar Europeo de Derechos Sociales con objetivos sociales vinculantes y legislación de aquí a 2030. Una primera aproximación al Plan me deja una cierta incertidumbre respecto a la concreción de las propuestas y las posibilidades reales de su transformación en medidas legislativas. Por un lado, los objetivos son escasos y, en algunos casos, menos ambiciosos que los ODS de Naciones Unidas. Incluso en algunas áreas no se plantean objetivos concretos; por ejemplo, en pobreza laboral, muertes por accidentes de trabajo, eliminación de la brecha salarial de género, de la pobreza energética, del sinhogarismo, o cobertura de la garantía Infantil. Respecto a las medidas legislativas, tampoco se han cumplido todas las expectativas, quedando fuera prioridades tan importantes como la del ingreso mínimo vital, el reconocimiento de los trastornos musculoesqueléticos y los relacionados con el estrés como enfermedades laborales, la regulación del teletrabajo y derecho a la desconexión, entre otras.

No obstante, otras áreas sí han recibido, según mi opinión, una considerable y ambiciosa concreción, especialmente las referidas a la necesidad de formación en nuevas capacidades vinculadas con la digitalización. Sin embargo, no podemos olvidar que si bien es cierto que hasta no hace mucho las familias pensaban que posibilitar unos estudios a sus hijos e hijas les garantizaba un trabajo en el futuro y que este trabajo les garantizaría una vida digna, a día de hoy, las dos cosas son inciertas. Cada vez más, jóvenes sobradamente preparados se encuentran en paro, y trabajadores y trabajadoras sufren una precariedad laboral que no les permite sobrepasar el umbral de la pobreza. El trabajo precario, las bajas retribuciones, el empleo atípico, las prácticas sin salario, el trabajo en plataformas o el trabajo autónomo falso han agudizado las desigualdades sociales, y lo que es peor, socaban las percepciones subjetivas y colectivas de  mejorar la situación a lo largo de la vida futura.

Es evidente, por tanto, que hace falta algo más que invertir en formación en nuevas y especializadas capacidades; hay sectores laborales que no requieren habilidades digitales sino condiciones laborales dignas y protección social. La formación digital no debería hacernos soslayar escalones previos de derechos sociales y laborales todavía sin consolidar. La formación abordada desde la perspectiva del capital humano rentable, competitivo y adaptado permanentemente a la demanda cambiante y acelerada de las empresas y el mercado, se ha instalado en el discurso europeo casi como un mantra. Debemos apostar en su lugar por un modelo de competitividad del mercado laboral que equilibre eficiencia y justicia social; que es el que nos ha hecho avanzar hacia un Estado de Bienestar referente a nivel mundial. Mi opinión es que debemos ser competitivos, sí, pero no a cualquier coste; también tenemos la responsabilidad de ser competitivos en valores colectivos que enaltezcan la dignidad de la vida humana.

No podemos hacer recaer la resiliencia, es decir, la capacidad de sobreponerse y adaptarse a una situación inesperada (ese es el significado semántico de dicha palabra) en los individuos. La resiliencia no es sólo un atributo de las personas, lo es también de las sociedades, de sus mercados laborales, y, sobre todo, de sus sistemas de protección social. Es evidente que la pandemia del coronavirus ha puesto a prueba la resiliencia de los sistemas de bienestar europeos. Quizá es el momento de desarrollar tests de estrés a los sistemas de bienestar social. De la misma forma que se desarrollaron los tests de estrés para analizar los riesgos del sistema financiero de la UE, fortalecerlo y hacerlo resiliente a futuras crisis, hace tiempo que deberíamos haber analizado los riesgos que sufren nuestros sistemas de bienestar social, desde el sistema de salud al de empleo, servicios sociales, vivienda, seguridad social, educación y justicia. La pandemia del Covid-19 ha puesto en evidencia sus debilidades ante crisis inesperadas; extraigamos pues las conclusiones de esta prueba real, identifiquemos sus vulnerabilidades y pongamos en marcha los mecanismos públicos necesarios para fortalecerlos y que sean realmente resilientes ante futuras crisis.

El Next Generation EU y el nuevo Marco Financiero Plurianual deben servir para que los Estados Miembros fortalezcan la resiliencia de sus sistemas de bienestar. Para ello es necesario que los Planes Nacionales de reforma incluyan planes de progreso social, de forma que, alejándonos de otro mantra que se instauró en el discurso europeo como solución a la crisis de 2008 -la austeridad-, se considere la inversión en objetivos sociales como una prioridad -junto con las transiciones verde y digital-. También es necesario que se evalúe el impacto social de cualquier propuesta de medidas fiscales, y que sólo se consideren cuando sean beneficiosas para la convergencia social ascendente y la mejora del bienestar.

Queda pues todavía margen y mucho camino por delante para definir y concretar medidas más ambiciosas para una verdadera Europa Social. Dos vías posibilitarían este avance. Por un lado, la próxima Cumbre Social en Oporto en Mayo de 2021 debe servir para que las instituciones europeas se comprometan a dar valor jurídico a los principios del PEDS, otorgándoles el mismo rango de obligatoriedad que a los objetivos económicos y medioambientales. Por otro lado, la postpuesta Conferencia sobre el Futuro de Europa debe ser la oportunidad para plantearse un nuevo modelo de gobernanza en la UE que incluya en los Tratados un Protocolo de Progreso Social que prevalezca en caso de conflicto entre las libertades económicas fundamentales y los derechos sociales colectivos.

Estrella Durá Ferrandis. Eurodiputada. Delegación Socialista Española, Parlamento Europeo.