El incontestable triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos deja un rosario de preguntas sin resolver. Incógnitas, podría decirse, tales cómo el futuro del Partido Demócrata, orillado por el que debería ser su target -la clase trabajadora- por privilegiar a sectores más urbanitas de la sociedad. Pero, sobre todo, resuena en el imaginario colectivo el horizonte penal del futuro presidente; con una ristra de causas pendientes y ya condenado por la falsificación de documentos y la violación de leyes electorales en el caso de la actriz porno Stormy Daniels, al comprar su silencio durante la campaña de 2016 que, a la postre, le acabaría conduciendo a la Casa Blanca. Por lo tanto, la pregunta que ahora manejan principalmente los adversarios del magnate es: ¿Y ahora qué? ¿Qué pasará con el nuevo inquilino de la Casa Blanca?
Lo cierto es que hay quorum entre los analistas. Ninguno de ellos cree que los cuatro procesos judiciales vayan a seguir adelante. No al menos durante el desarrollo de sus funciones como presidente de los Estados Unidos. Además, la jornada electoral del martes no sólo le sirvió para recuperar las llaves del Despacho Oval, sino que también se garantiza cierta cobertura legal al tener bajo su dominio al Departamento de Justicia y al Tribunal Supremo, así como el Congreso (Senado y Cámara de Representantes). Estas dos últimas instituciones, no obstante, son más jugosas en términos de control legislativo.
Sobre la cabeza del presidente penden dos espadas de Damocles en forma de proceso federal. De hecho, son los casos con más peso de su carpeta judicial: el intento de robo de las elecciones de 2020, incluyendo el asalto al Capitolio, y la retención ilegal de documentos sensibles y clasificados que ocultó en su mansión de Mar-a-Lago (Florida). Cabe recordar que se precisó de un registro e intervención del FBI para recuperar los archivos. En torno a este tándem de pleitos hay cierto consenso entre los expertos. Y es que la legislación norteamericana abre una puerta a un camino más llano en el plano judicial, pues con toda probabilidad serán desestimados.
No son los únicos riscos de tamaño considerable en el camino de Trump, pues también cae sobre sí la balanza de la Justicia en casos a nivel estatal en Georgia y Nueva York. Dos causas que no acecharán al presidente durante los cuatro años que presumiblemente dure su mandato. De hecho, los analistas creen que caerá todo el peso de la ley sobre el presidente en el momento en el que deje de serlo. En principio, debería ser en el año 2029, cuando abandone la Casa Blanca.
Un presidente bajo sospecha
Cuatro causas han perseguido a Trump durante estos últimos años. También en campaña, aunque el terreno de juego de estas elecciones no ha sido la integridad o ética de los candidatos, sino el bolsillo del individuo. Todo lo que se saliese de la linde fiduciaria resultaba accesorio, independientemente del mensaje postapocalíptico, xenófobo y machista que proyectaba el republicano. Nada de eso importó, pero sí podría cuajar un papel crucial en un futuro. O puede que todo quede en agua de borrajas.
La más próxima a su resolución es la de la ex actriz porno Stormy Daniels. El magnate fue condenado en mayo de este año. Un jurado presidido por el magistrado colombiano Juan Merchán le encontró culpable de los 34 delitos que se le imputaron por falsificación de registros con el objeto de encubrir los sobornos a su examante. Jornada histórica, pues nunca un presidente estadounidense había sido condenado, pero la sentencia no le inhabilitó para ocupar cargos públicos y continuó la carrera electoral hasta su victoria este mismo martes.
Así, el magistrado fijó la fecha de la sentencia para el 11 de julio, pero el fallo del Tribunal Supremo dio aliento a Trump al concederle una inmunidad penal como presidente durante su mandato. Por lo tanto, volvió a retrasarse hasta el 18 de septiembre, para postergarse hasta el 26 de noviembre de este mismo años, después de que el equipo legal de Trump protestara por una supuesta interferencia que suponía para la campaña electoral. Este camino abre la vía a multitud de posibilidades.
¿Consecuencias penales?
El magistrado podría imponer desde una sanción leve -arresto domiciliario o servicio comunitario- o retrasar la fecha de la sentencia hasta el final del mandato de Trump. En caso de condena con penas de prisión, lo cual se antoja improbable, podría cumplir con los años de cárcel al abandonar la Casa Blanca. No obstante, la respuesta de Trump y de su equipo legal está sobre el abanico de opciones, habida cuenta de que tratarán de postergarla al máximo con apelaciones y alegando inmunidad presidencial.
Tampoco podría autoconcederse el indulto al tratarse de un caso estatal. Sin embargo, y he aquí las otras cuentas pendientes con la justicia, ocurre de manera diferente en los dos procesos federales abiertos en Washington y Florida. El magnate ya advirtió de que tardarían “dos segundos” en quitarse de en medio al fiscal especial que instruye sendas causas, Jack Smith. “Eso es muy fácil”, dijo el republicano durante la carrera hacia la Casa Blanca, confiado con poner fin de inmediato a dos procesos de una tacada.
La inmunidad presidencial también ha pesado en sendas vías, a pesar de que una de las acusaciones que se le imputan es perpetrar un golpe de Estado con el asalto al Capitolio. Lo mismo ocurre en el robo de los archivos clasificados como alto secreto que se encontraron en su mansión de Mar-a-Lago. El FBI registró el domicilio del republicano el pasado 8 de agosto de 2022, hallando 42 cajas de documentos que fueron incautadas de inmediato.
No obstante, y a pesar del optimismo adyacente a la brillante noche electoral para los republicanos, hay un punto de oscuridad para el propio Trump. Y es que Fani Willis, fiscal general en Georgia, fue reelegida y podría ponerle las cosas difíciles al presidente entrante. De hecho, fue ella quien lideró la imputación de Trump y otros 18 colaboradores en el caso del fraude electoral en el estado; cuando llamó al secretario de Estado y le rogó que le consiguiera los votos necesarios para revertir la derrota ante Biden en Georgia en 2016.
Por lo tanto, la deriva del caso descansa ahora sobre un tribunal de apelaciones que podría -o no- facultar a Willis para percutir en el proceso de Trump después de que trascendiera una relación sentimental de la fiscal con el fiscal especial a quien contrató como asistente en el caso, Nathan Wade. En resumen, muchas dudas y pocas certezas sobre una posible imputación del magnate.