Lo que comenzó como una travesía solidaria hacia la Franja de Gaza se ha transformado en un nuevo frente de tensión internacional. La interceptación de trece barcos de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel ha desencadenado protestas en Europa y en el Mediterráneo, mientras España exige garantías para sus ciudadanos. El trasfondo del choque vuelve a ser el mismo: el bloqueo de Gaza y las acusaciones de genocidio.
Los activistas partieron con un objetivo: romper el cerco marítimo de Gaza y llevar ayuda humanitaria. Entre los interceptados se encontraba el Sirius, con una pasajera conocida en España: Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona. También viajaba en otra embarcación el politólogo y periodista Néstor Prieto, entre otras personalidades.
Ambos habían grabado mensajes previos, sabiendo lo que podía ocurrir. Colau miraba a cámara y advertía: “Si ves este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Estamos absolutamente incomunicados”. Prieto pedía lo mismo en sus redes: “Depositad toda la presión en el Gobierno español para que garantice el respeto a nuestros derechos”. Eran palabras de precaución. Horas después, se convirtieron en testimonios de urgencia.
El Gobierno de Pedro Sánchez reaccionó rápido. Desde Copenhague, el presidente aseguró que el Ejecutivo ha estado “desde el primer minuto” en contacto con la flotilla. Recordó que España envió el buque de salvamento Furor como apoyo logístico. Y fijó prioridades: primero la seguridad de los españoles, después las valoraciones legales.
“Lo más importante ahora es que nuestros compatriotas puedan regresar pronto a casa”, subrayó. Al mismo tiempo, pidió a Israel que garantice los derechos de todos los participantes, no solo los españoles. En sus declaraciones, Sánchez fue claro. “Desde España vamos a garantizar la protección diplomática y, sin duda alguna, la protección de los derechos”, aseguró. Añadió que se trasladó al Gobierno de Netanyahu que la flotilla no representa ninguna amenaza y pidió que se respeten los derechos de los participantes. El presidente se mostró cauto al hablar de ilegalidad. Primero seguridad, después valoraciones. Esa fue la línea marcada.
La versión de Israel
En Tel Aviv, la operación se justificó con un argumento clásico: la seguridad. El Ministerio de Exteriores israelí habló de una intervención “segura” y del traslado de los pasajeros a un puerto del país. En un mensaje en redes, la diplomacia israelí ironizó con la presencia de figuras conocidas: “Greta (Thunberg) y sus amigos están sanos y salvos”.
Antes de la interceptación, la Marina israelí había lanzado una advertencia por radio. Les pedía cambiar el rumbo. “Se acercan a una zona de bloqueo. Si desean entregar ayuda, háganlo por los canales establecidos”, fue el mensaje retransmitido a distancia. Para Israel, la flotilla no era ayuda humanitaria. Era una provocación.
El trasfondo: Gaza y el genocidio
Nada de esto ocurre en el vacío. Desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza, las relaciones con España se han vuelto cada vez más tensas, con acusaciones cruzadas y gestos diplomáticos que han dejado huella. El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido uno de los más firmes en Europa a la hora de señalar lo que considera un genocidio contra el pueblo palestino, denunciando públicamente la muerte de miles de civiles, el hambre forzada y la destrucción sistemática de la Franja.
El Ejecutivo español dio un paso simbólico pero cargado de consecuencias al reconocer oficialmente al Estado palestino, una decisión que alineó a Madrid con otros países europeos pero que levantó una tormenta de críticas desde Tel Aviv. Sánchez, además, ha reclamado en foros internacionales un alto el fuego inmediato y verificable, subrayando que la ofensiva israelí no solo es desproporcionada, sino que vulnera de forma reiterada el Derecho Internacional Humanitario.
La reacción israelí no tardó en llegar. Primero fueron las declaraciones de reproche contra el presidente español. Después, la retirada temporal de la embajadora en Madrid, un gesto poco habitual entre dos países aliados en el marco de la UE y el Mediterráneo. Aquello marcó un antes y un después en unas relaciones diplomáticas que ya transitaban por un terreno frágil.
Un cerco en aguas internacionales
Los organizadores insisten: las embarcaciones fueron interceptadas en aguas internacionales, a decenas de millas de la costa, en un espacio que no está bajo soberanía israelí. Ese detalle es clave. Para la flotilla, no hay margen de interpretación: se trata de un “ataque ilegal contra humanitarios desarmados” y de una violación flagrante del Derecho Internacional. No era una operación de seguridad, aseguran, sino un acto de fuerza para impedir que el mundo vuelva a mirar hacia Gaza.
Por eso la denuncia va más allá del incidente concreto. Reclaman que los gobiernos europeos y las instituciones internacionales actúen “de manera urgente y firme”, porque no solo están en juego las vidas de los activistas, sino también los principios básicos que rigen la navegación en el mar.
Los tripulantes viajaban sin armas, sin escolta militar, únicamente con suministros y banderas de solidaridad. Y aun así fueron abordados con cañones de agua, comunicaciones cortadas y traslado forzoso a un puerto israelí. El mensaje, para los organizadores, es claro: no se trata de impedir un cargamento, sino de silenciar la denuncia pública contra el bloqueo de Gaza.
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