La crisis de la vivienda no es una sola realidad en los márgenes de nuestro país, sino que los países vecinos de la Unión Europea afrontan una situación de tensión del mercado de similares características. El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, ha alertado este miércoles de la compra de edificios enteros con el objetivo de alquilar sus viviendas para uso turístico, un fenómeno extendido en multitud de puntos españoles que también se está extrapolando al plano europeo.
Jorgensen ha denunciado que este escenario está creando “hoteles en la sombra”, puesto que son inmuebles que podrían destinarse a uso residencial y es una práctica que viene agravando las dificultades del mercado de la vivienda: “En demasiados casos vemos que se compran edificios enteros con el único propósito de destinarlos exclusivamente a alquileres de corta duración, o que las personas se ven obligadas a abandonar sus pisos o casas porque resulta más rentable utilizarlos únicamente para este tipo de alquiler”, ha enfatizado en un debate sobre el coste de la vivienda en el Parlamento Europeo.
De esta manera, desde Estrasburgo, el comisario danés ha situado el acento en la problemática de que este uso de la vivienda se prolongue en el tiempo para uso turístico y no únicamente para temporadas de corta estancia: “Hemos creado un sistema en el que, en la práctica, tenemos hoteles en la sombra donde podría estar viviendo gente”, ha señalado, al tiempo que ha urgido a las administraciones a impulsar “herramientas” para crear regulaciones eficaces en el mercado.
Medidas a corto plazo y al fondo estructural: "Tenemos que actuar"
En cuanto a los trabajos que está acometiendo el Ejecutivo comunitario de Ursula Von der Leyen para comenzar a revertir este escenario, el comisario ha precisado que ya se presentó una propuesta de vivienda asequible que aborda este preciso problema y da cabida a un marco jurídico para los Estados miembro, ciudades y regiones para que puedan “regularlo mejor”, aunque no incluye una cláusula de obligatoriedad para ello y se deja a la libre elección. “No es en absoluto un ataque al derecho a la propiedad privada, sino un intento de analizar qué funciona en algunos países y no se está aplicando en otros, y de ofrecer estas herramientas. Esto puede funcionar a corto plazo”, ha incidido.
Aunque la propuesta de la Comisión aún debe pasar por la negociación en el Consejo Europeo, conformado por los líderes, y el Parlamento, condiciona este tipo de restricciones a que las autoridades demuestren con datos que existe una presión significativa sobre la disponibilidad o asequibilidad de la vivienda durante al menos tres años y que la medida planteada es proporcionada y no puede sustituirse por alternativas menos restrictivas.
Las actuaciones deberán además limitarse a las zonas “tensionadas” y tendrán una duración máxima de cinco años, aunque podrán revisarse. Además, Bruselas ha matizado que estas medidas no pueden sustituir a soluciones estructurales frente a la escasez de vivienda, tales como aumentar la oferta o la renovación del parque de vivienda público existente.
Jorgensen ha reiterado que, tal y como se está suscribiendo el debate en España, la crisis de vivienda merecerá de cambios estructurales profundos y a largo plazo, apostando por rehabilitar aún más el mercado para dar una transformación más residencial. “Tenemos que construir mucho más, utilizar edificios que hoy se destinan a otras cosas como vivienda para las personas en el futuro”, ha abogado. Al tiempo, ha reiterado que buena parte de estas medidas quedarán en manos de los gobiernos de cada país para llevarlas a la práctica.
Y es que las cifras no dejan lugar a dudas: la Comisión viene señalando que los precios de la vivienda han crecido en un 60% de media en la zona euro en la última década, reconociendo que para buena parte de la población se hace “imposible” comprar o alquiler a precios asequibles. “Vemos a jóvenes que a menudo siguen viviendo con sus padres hasta los 30 años. Si es una elección y es algo que quieren, está bien, por supuesto, pero si es algo que tienen que hacer porque no pueden permitirse encontrar un lugar para ellos mismos, no solo es un problema para la persona, que no puede formar una familia, estudiar lo que quiere porque tiene que mudarse para hacerlo o aceptar el trabajo que le ofrecen, sino que también es un problema para nuestras sociedades”, ha referido.
Con todo ello, y teniendo en cuenta que las competencias recaen sobre las manos nacionales de cada país, y en consecuencia sus administraciones regionales y locales, ha situado el comisario por delante que los ciudadanos esperan “que quienes toman las decisiones actúen”, más en un problema cada vez más acuciado como es la vivienda. “No podemos simplemente cruzarnos de brazos y decir: ‘Eso corresponde a los Estados miembro’. Tenemos que actuar”, ha emplazado.
Precisamente la crisis de vivienda está en su punto álgido en España. La movilización social en las calles, con acampadas históricas en la Puerta del Sol de Madrid y otras capitales de provincia, ha puesto contra las cuerdas a los poderes públicos y, tras la caída de los dos decretos de vivienda de urgencia en el Congreso de los Diputados la pasada semana, la situación política en nuestro país se ha visto abocada a elecciones generales anticipadas el 29 de noviembre y una huelga general en clamor por el derecho a la vivienda el 11 de noviembre.
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