Miles de personas mueren cada año en Europa, y cientos de miles caen enfermas o incapacitadas, por el mero desempeño de su trabajo. Las leyes de prevención de riesgos y otras medidas laborales de los Veintisiete están demostrando su ineficiencia ante los nuevos riesgos para la seguridad que están introduciendo las tecnologías o el agravamiento de las injerencias climáticas. Una falta de regulación que la clase trabajadora paga, en el peor de los casos, con su vida y que, ahora, el Parlamento Europeo quiere abordar.

Un total de 395 diputados europeos han aprobado una resolución para instar al Ejecutivo comunitario, comandado por Úrsula von der Leyen, para reducir a los 2,8 millones de accidentes laborales, 3.298 de ellos mortales, que sufrieron trabajadores europeos en 2023 (últimos datos conjuntos disponibles). Determinados riesgos laborales han ido siendo aplacados gracias a la legislación, pero rápidamente se han sumado nuevos, devenidos de los cambios productivos y de factores externos, a los que la Unión Europea (UE) todavía no ha llegado, con las consecuencias vitales que esto supone.

La penetración cada vez mayor de las nuevas tecnologías o los efectos del cambio climático son algunos de los más evidentes. “Debemos estar atentos a los nuevos retos: la inteligencia artificial, el cambio climático, las olas de calor y las nuevas formas de trabajar. Esto exige que la estrategia de la UE en materia de condiciones de trabajo ofrezca respuestas. Un entorno laboral deficiente cuesta, ante todo, vidas humanas. Y sí, también supone un alto coste para la sociedad”, defendía la socialista Marianne Vind, cuando se debatía la resolución.

España, especialmente afectada por el agravamiento de las condiciones climáticas extremas, es uno de los países europeos que ha ido introduciendo medidas regulatorias sobre el trabajo en estas situaciones y, aún así, año tras año siguen sucediéndose muertes provocadas por el efecto de las elevadas temperaturas durante el desempeño de la actividad laboral. Además, el conjunto de sindicatos europeos denuncia que la falta de un abordaje homogéneo en la Unión es una dejación de funciones por parte del Gobierno comunitario, a quien exigen tomar cartas en el asunto.

“Destaca la necesidad de reconocer los efectos del calor extremo y el cambio climático como factores de riesgo laboral importantes”, recoge el texto suscrito por la mayoría de los eurodiputados, quienes piden a la Comisión y a los Estados miembros que “refuercen las medidas preventivas, de protección y de adaptación en el lugar de trabajo con el fin de reducir los accidentes laborales, las enfermedades profesionales y las muertes”. Un abordaje que no puede carecer de equipos de inspección en los centros de trabajo.

Existe, también “la necesidad de dotar a las inspecciones de trabajo y a los empresarios de orientaciones prácticas a escala de la UE sobre la gestión del calor en el trabajo y sobre otros riesgos laborales relacionados con el clima”, trasladan. En el foco se encuentran sectores como la Agricultura, la Construcción o el Transporte, especialmente afectados por las injerencias climatológica. Si bien no son los únicos, pues los eurodiputados exponen otros riesgos asociados a la penetración de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA).

“Los trabajadores contratados a través de plataformas de trabajo digitales y aquellos cuyas tareas, ritmo y rendimiento son dirigidos o evaluados por herramientas basadas en la IA pueden enfrentarse a mayores riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo como consecuencia de la intensificación de los ritmos de trabajo, la supervisión abusiva, la transparencia insuficiente en la toma de decisiones algorítmica”, reclama el texto. Una denuncia que, no obstante, no cae en el determinismo tecnológico y llama a usar estas propias tecnologías para salvaguardar la salud de los trabajadores.

Una de las propuestas simbólicas es asumir el 8 de agosto (en 1956 un incendio acabó con la vida de 262 mineros belgas) como día de recuerdo a las víctimas de la accidentalidad laboral. Sin embargo, la comisaria de derechos sociales y empleo, Roxana Minzatu, no se ha mostrado del todo convencida. “Ya contamos con el Día Internacional de los Trabajadores y con el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de las Naciones Unidas, que se celebra el 28 de abril. Por eso analizaremos la propuesta concreta en este contexto”, ha trasladado.

Síguenos en Google Discover y no te pierdas las noticias, vídeos y artículos más interesantes

Síguenos en Google Discover

Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.

Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.

Activar ahora