Ceuta afronta dos crisis que avanzan en paralelo y que cada vez resultan más difíciles de separar. Sobre el terreno, miles de menores migrantes aguardan a que las administraciones determinen su situación después de la llegada masiva registrada a finales de julio. Fuera de la ciudad autónoma, la emergencia se ha convertido en munición para una batalla política mucho más amplia: desde la presión de PP y Vox para acelerar los retornos hasta el desembarco en España de una campaña de la ultraderecha europea que presenta Ceuta como prueba de un supuesto “reemplazo” demográfico.
La Policía Nacional ha localizado e identificado ya a 2.168 menores migrantes desde las entradas del pasado 30 de julio, citando datos del Ministerio del Interior. La cifra todavía es provisional. Save the Children calcula que el número real de menores presentes en la ciudad podría rondar los 4.000.
El procedimiento que debe decidir el futuro de cada uno de ellos, sin embargo, está lejos de ser automático. Antes de cualquier reagrupación familiar, traslado a otra comunidad o eventual retorno debe analizarse individualmente la situación del menor, localizar a su familia, escucharle y determinar cuál es la opción que protege mejor sus intereses. CEAR recuerda que algunos pueden haber escapado de contextos de violencia o reunir condiciones para recibir protección internacional, lo que impediría una repatriación.
El Gobierno de Ceuta todavía no había iniciado las entrevistas individualizadas en el momento de publicarse la información de infoLibre. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia explican que la prioridad inmediata sigue siendo afrontar la emergencia asistencial. El departamento ha desplegado un equipo permanente en la ciudad para tratar de acelerar los expedientes.
La dimensión de la crisis desborda ampliamente los recursos ordinarios de la ciudad. El Real Decreto 556/2026 fija en 29 menores la capacidad ordinaria atribuida a Ceuta, frente a los más de dos millares ya identificados. Los jóvenes están siendo distribuidos entre centros habituales y dispositivos provisionales mientras se prepara su posible traslado a otras comunidades autónomas.
Del reparto a las devoluciones
La saturación ha vuelto a colocar la inmigración en el centro de la disputa política. El presidente ceutí, Juan Vivas, del PP, ha pasado de reclamar solidaridad territorial para repartir la acogida entre las comunidades autónomas a defender las devoluciones a Marruecos como una de las primeras opciones.
Vox va más lejos. Las comunidades en las que la formación controla las competencias de infancia —Aragón, Castilla y León y Extremadura— no participaron en la última reunión preparatoria con el Ministerio en protesta por el mecanismo de redistribución. El partido mantiene así la presión contra el traslado de menores a la Península, una cuestión que ya provocó en 2024 su salida de varios gobiernos autonómicos compartidos con el PP.
Pero mientras en España la discusión gira alrededor de las plazas disponibles, las responsabilidades autonómicas y las posibilidades legales de retorno, Ceuta está siendo utilizada también como escenario simbólico por una corriente de extrema derecha que pretende llevar el debate migratorio mucho más allá.
Ceuta como símbolo del supuesto “reemplazo”
La denominada Save Europe Act ha convertido durante agosto la crisis ceutí en uno de los principales ejemplos de su ofensiva contra la inmigración. La campaña, impulsada entre otros por el activista austríaco Martin Sellner y la neerlandesa Eva Vlaardingerbroek, defiende la protección de la llamada “continuidad étnica” de los pueblos europeos y promueve políticas de “remigración”, término empleado por estos movimientos para defender expulsiones a gran escala.
Según informa El País, la iniciativa prepara actos en Barcelona el 22 de agosto y Madrid la semana siguiente, dentro de una gira europea. La Comisión Europea rechazó reconocerla como iniciativa ciudadana oficial al considerar que persigue una discriminación basada en la raza y el origen étnico incompatible con los valores de la Unión.
La campaña cuenta además con el respaldo político de Vox. Santiago Abascal ha firmado la propuesta y dirigentes de su formación aparecen entre sus apoyos públicos. El acercamiento se produjo después de que la diputada Rocío de Meer participara en mayo en una cumbre sobre “remigración” celebrada en Portugal junto a activistas de distintos movimientos de extrema derecha europeos.
Ceuta ocupa ahora un lugar central en esa estrategia comunicativa. Sellner viajó a la ciudad a comienzos de agosto y utilizó las imágenes de la crisis para difundir la teoría de un supuesto “reemplazo étnico”. El activista llegó a sostener, en declaraciones remitidas a El País, que lo sucedido allí demuestra la necesidad de impulsar su propuesta.
También Elon Musk amplificó en X un vídeo de Vlaardingerbroek en el que la activista describía las llegadas como una “invasión” y las vinculaba con las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez.
Dos debates que convergen
La coincidencia no es menor. Mientras las autoridades españolas deben decidir individualmente qué ocurre con miles de menores —con procedimientos en los que intervienen los servicios de protección, la Fiscalía y la Delegación del Gobierno—, la ultraderecha europea plantea el fenómeno en términos colectivos y étnicos.
La legislación obliga a estudiar las circunstancias concretas de cada niño antes de cualquier repatriación. La campaña internacional respaldada por Vox, por el contrario, construye su discurso alrededor de categorías como población “nativa”, identidad étnica europea o “remigración”.
Ceuta se encuentra así atrapada entre ambas dimensiones. Es, por un lado, el escenario de una emergencia humanitaria inmediata, con una capacidad de acogida completamente superada y miles de expedientes todavía por resolver. Pero también se ha transformado en un escaparate político desde el que fuerzas nacionales y movimientos ultras europeos intentan desplazar el debate desde la gestión de la acogida hacia la expulsión y la identidad.
La próxima reunión entre el Gobierno y las comunidades está prevista para el 27 de agosto, con un crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta sobre la mesa. Mientras tanto, la Fiscalía ya ha advertido de que podrá intervenir ante aquellas autonomías que se nieguen a cumplir sus obligaciones legales de acogida.
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