Esther Wanja Muthoni lleva más de un año intentando volver a Kenia con su hijo. Tiene 40 años, otros cuatro hijos esperándola en su país y una condena de 100 latigazos dictada por un tribunal de Arabia Saudí. Su delito fue mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, una circunstancia que las autoridades descubrieron después de que diera a luz en agosto de 2025. La sentencia, dictada el pasado octubre, también incluye un año de destierro. Muthoni no sabe cuándo recibirá los latigazos ni si podrá regresar a casa después de cumplir el castigo.
Su historia, revelada esta semana por The New York Times, ha vuelto a poner el foco sobre la situación de las trabajadoras domésticas extranjeras en Arabia Saudí. El mismo país que durante la última década ha anunciado importantes reformas sociales y laborales continúa permitiendo castigos corporales en determinadas circunstancias y mantiene a millones de empleadas migrantes fuera de la legislación laboral general. Las organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando que las mujeres procedentes de países africanos y asiáticos se encuentran especialmente expuestas a estas situaciones.
Muthoni había llegado legalmente a Arabia Saudí para trabajar como empleada doméstica. Estaba contratada a través de Maharah Human Resources, una empresa saudí dedicada a proporcionar trabajadores a otras compañías y particulares. Durante su estancia mantuvo una breve relación sentimental con un hombre egipcio que, según su testimonio, abandonó posteriormente el país. En agosto de 2025 dio a luz a Abudy, su quinto hijo, en las instalaciones donde se alojaba.
Un supervisor descubrió la presencia del bebé y trasladó a ambos a un hospital. Allí comenzó un procedimiento que terminó cambiando por completo su situación. La Policía interrogó a la mujer por su embarazo y su relación fuera del matrimonio, mientras el padre del niño permanecía fuera de Arabia Saudí. Según la documentación judicial examinada por el periódico estadounidense, no consta que las autoridades emprendieran actuaciones contra él.
Tras quedar en libertad, Muthoni tampoco pudo regresar a su alojamiento. Fue rechazada en las instalaciones de la empresa y en un refugio, hasta terminar viviendo temporalmente en una gasolinera utilizada como lugar de encuentro por otras madres migrantes atrapadas en circunstancias similares.
Durante meses trató de abandonar el país junto a su hijo. La empresa que la había contratado acabó proporcionándole alojamiento y la Embajada de Kenia tramitó documentación para facilitar su salida. Sin embargo, el procedimiento penal impidió que pudiera marcharse y los documentos terminaron caducando.
El juicio se desarrolló durante el verano ante un tribunal penal de Riad compuesto por tres magistrados. Muthoni contó con la asistencia de un intérprete, pero no con la de un abogado, según su testimonio y la documentación judicial consultada por The New York Times. Aunque la legislación saudí contempla asistencia jurídica para determinados acusados sin recursos, su aplicación efectiva ha sido cuestionada por organizaciones especializadas.
En octubre llegó la sentencia: cien latigazos y un año de destierro. La mujer decidió no recurrir porque esperaba que el final del procedimiento facilitara su regreso a Kenia. Su prioridad es reunirse con sus hijos, aunque sigue sin conocer el calendario de ejecución de la condena ni las condiciones en las que podrá abandonar Arabia Saudí.
Los castigos que sobrevivieron a las reformas de Mohamed bin Salmán
El caso resulta especialmente significativo por las reformas legales y sociales que Arabia Saudí ha anunciado durante los últimos años. Desde que Mohamed bin Salmán consolidó su posición como principal dirigente del país, el Gobierno ha impulsado una transformación económica y social articulada alrededor del programa Visión 2030, destinado a reducir la dependencia del petróleo y atraer inversión extranjera.
Las mujeres saudíes consiguieron acceder al permiso de conducir en 2018, después de décadas de prohibición. También se introdujeron modificaciones en las normas sobre viajes, empleo y documentación personal, mientras las autoridades promovían una mayor participación femenina en el mercado laboral.
En 2020 llegó otra medida presentada como un avance judicial. Arabia Saudí anunció que eliminaría los latigazos como castigo para determinadas infracciones penales, una decisión que fue interpretada internacionalmente como el final de una práctica muy cuestionada por las organizaciones de derechos humanos.
Sin embargo, la reforma no supuso una prohibición absoluta de los castigos corporales. La decisión se refería principalmente a las penas discrecionales, conocidas como ta'zir, pero mantenía la posibilidad de imponer sanciones establecidas en determinadas interpretaciones de la ley islámica, entre ellas las correspondientes a relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Los jueces que condenaron a Muthoni recurrieron precisamente a esa interpretación religiosa para imponerle cien latigazos. La sentencia demuestra que una práctica cuyo abandono había sido anunciado como parte de la modernización judicial saudí todavía puede aplicarse en determinados procedimientos.
El problema se agrava por la falta de un código penal integral que establezca de manera clara y uniforme todos los delitos y sus correspondientes sanciones. Los tribunales conservan un margen considerable para interpretar determinadas disposiciones de la ley islámica, lo que genera diferencias en el tratamiento de conductas similares.
De hecho, otras madres solteras entrevistadas por medios internacionales han relatado que no fueron procesadas por dar a luz fuera del matrimonio. No está claro por qué Muthoni terminó ante un tribunal penal mientras otras mujeres en situaciones comparables no afrontaron consecuencias semejantes.
La investigación publicada por The New York Times también recoge que muchas mujeres migrantes prefieren dar a luz fuera de los hospitales por miedo a que su situación llegue a conocimiento de las autoridades. Esta decisión puede añadir riesgos sanitarios a embarazos y partos que ya se desarrollan en condiciones de especial vulnerabilidad.
Organizaciones como Human Rights Watch sostienen que las reformas impulsadas por Riad no han eliminado las restricciones estructurales que afectan a los derechos de las mujeres. En su informe mundial de 2026, la entidad cuestiona especialmente la persistencia del sistema de tutela masculina y diversas disposiciones de la legislación sobre el estatuto personal.
Cuatro millones de trabajadores domésticos y una protección insuficiente
La historia de Muthoni también forma parte de un problema laboral que afecta a millones de personas. Arabia Saudí emplea aproximadamente a cuatro millones de trabajadores domésticos migrantes, entre ellos alrededor de 150.000 ciudadanos kenianos, según los datos recogidos por Amnistía Internacional en 2025.
Muchas de estas personas llegan al país a través de agencias de contratación que prometen salarios superiores a los que podrían obtener en sus lugares de origen. Para numerosas familias, trabajar en los países del Golfo representa una oportunidad económica y una fuente de ingresos mediante el envío de remesas.
Sin embargo, las condiciones que encuentran al llegar no siempre coinciden con las ofrecidas durante el proceso de contratación. En mayo de 2025, Amnistía Internacional publicó una investigación sobre las empleadas domésticas kenianas en Arabia Saudí a partir de los testimonios de más de 70 mujeres que habían trabajado en el país.
Las entrevistadas describieron jornadas superiores a las 16 horas, impagos salariales, ausencia de descansos y restricciones para abandonar los domicilios donde trabajaban. Algunas denunciaron agresiones físicas y psicológicas, así como situaciones que, según la organización, podían constituir trabajo forzoso o trata de personas.
Uno de los principales obstáculos es el sistema de patrocinio laboral conocido como kafala, que vincula la situación administrativa de numerosos trabajadores extranjeros a sus empleadores y limita su capacidad para cambiar de trabajo o abandonar el país.
Arabia Saudí ha introducido modificaciones en este sistema durante los últimos años, pero las empleadas domésticas continúan sometidas a restricciones específicas. A diferencia de otros trabajadores, siguen excluidas de la legislación laboral general y dependen de una normativa particular que las organizaciones de derechos humanos consideran insuficiente.
El Gobierno saudí aprobó nuevas regulaciones para el trabajo doméstico que entraron en vigor en 2024. Entre sus disposiciones figuran límites a la jornada laboral, descansos obligatorios y la prohibición de que los empleadores retengan los pasaportes de los trabajadores.
También se han incorporado mecanismos electrónicos para registrar contratos, tramitar reclamaciones y supervisar determinados pagos salariales. Estas herramientas forman parte de los esfuerzos oficiales para combatir las irregularidades en la contratación.
No obstante, la existencia de nuevas normas no garantiza que las trabajadoras puedan ejercer efectivamente esos derechos. Muchas desarrollan su actividad dentro de domicilios privados, espacios donde las inspecciones laborales resultan más difíciles. Otras encuentran barreras lingüísticas, desconocen los mecanismos de denuncia o carecen de acceso regular a dispositivos electrónicos.
El informe estadounidense sobre trata de personas de 2025 recogía que las autoridades saudíes habían sancionado a empleadores y agencias de contratación por incumplimientos de la normativa. Al mismo tiempo, advertía de que persistían denuncias de impagos, confinamiento forzoso, privación de alimentos y abusos físicos y sexuales.
Para las mujeres que sufren estas situaciones, abandonar el domicilio del empleador también puede originar problemas administrativos. Determinadas denuncias por ausencia laboral o incumplimiento contractual pueden comprometer su permiso de residencia y exponerlas a procedimientos de expulsión.
La dependencia económica, la falta de redes de apoyo y las dificultades para acceder a asistencia jurídica aumentan considerablemente el riesgo de explotación. En el caso de las trabajadoras que se quedan embarazadas, estas circunstancias pueden combinarse con las restricciones relacionadas con las relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Kenia interviene ante una condena que califica de cruel e inhumana
La difusión del caso de Muthoni ha provocado una reacción del Gobierno keniano. El miércoles 11 de noviembre, el secretario principal de Asuntos Exteriores, Korir Sing'oei, expresó su preocupación por la condena y anunció que Nairobi continuará manteniendo conversaciones con las autoridades saudíes.
El representante diplomático consideró que una sanción de estas características constituiría un castigo cruel e inhumano bajo la jurisdicción keniana, aunque también señaló que su Gobierno respeta la soberanía del sistema judicial saudí.
Según la información publicada por el diario keniano The Standard, Sing'oei aseguró que ambos países seguirán trabajando para abordar las dificultades jurídicas del caso.
La respuesta llega después de años de denuncias sobre la protección consular que reciben los ciudadanos kenianos empleados en los países del Golfo. Amnistía Internacional ha reclamado al Gobierno de Nairobi mayores controles sobre las agencias de contratación, recursos para las embajadas y mecanismos de asistencia jurídica y alojamiento para las trabajadoras que necesiten protección.
La propia organización señaló en su investigación de 2025 que las autoridades kenianas deben asumir una responsabilidad más activa en la supervisión de las condiciones en las que sus ciudadanos emigran para trabajar. También pidió al Gobierno saudí que investigue las denuncias de abusos y garantice que las empleadas domésticas puedan abandonar situaciones de explotación sin exponerse a represalias administrativas.
En junio de ese mismo año, una coalición de organizaciones de derechos humanos y sindicatos dirigió una carta al Ministerio saudí de Recursos Humanos para reclamar la incorporación de las empleadas domésticas a la legislación laboral general y la eliminación de las restricciones del sistema de patrocinio.
La situación de Esther Wanja Muthoni continúa pendiente de resolución. No consta públicamente que los cien latigazos hayan sido ejecutados, pero tampoco que la sentencia haya quedado anulada. La mujer sigue necesitando resolver su situación judicial y administrativa para regresar a Kenia junto a Abudy, mientras el padre del pequeño permanece fuera del país.
Su caso ha adquirido dimensión internacional en un momento en el que Arabia Saudí intenta ampliar su presencia económica, turística y deportiva. El país prepara grandes acontecimientos como el Mundial de fútbol de 2034 y presenta sus reformas sociales como parte de un proceso de transformación nacional. Al mismo tiempo, organizaciones internacionales siguen reclamando garantías judiciales y laborales para las millones de personas extranjeras que sostienen una parte de su economía.
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