La Comisión Europea, al cargo de Ursula Von der Leyen, ha avisado al Gobierno de España que la bajada al 10% del IVA en los carburantes con motivo de las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán contradicen las reglas europeas sobre esta materia. Esta decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez fue aprobada la pasada semana en el Congreso de los Diputados para mitigar estos efectos en los bolsillos de los españoles.
En la misiva enviada de Bruselas a Madrid el pasado 28 de marzo, según ha avanzado este martes ElPaís, el Ejecutivo comunitario advirtió que la directiva del IVA en la UE “no prevé la posibilidad de aplicar un tipo reducido a los suministros de combustible” y, por ende, “recomienda los impuestos especiales”. Una carta que también fue enviada a Polonia.
Moncloa ha venido defendiendo esta medida como uno de los ejes vertebradores del decreto anticrisis con validez desde hace una semana atrás y que fue convalidado por buena parte de la Cámara Baja. Dicha rebaja aprobada en España tendrá un impacto de recaudación de en torno a 507 millones de euros hasta el próximo 30 de junio, con un coste fiscal que rondará el montante de 5.000 millones.
Cabe recordar que el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, se ha dedicado las últimas semanas a pedir a los Estados miembro de la UE que coordinen sus medidas en materia energética y en aras de evitar medidas fiscales excesivas, además de reclamar que no se exceda en el aumento del consumo de combustibles fósiles, como el petróleo, instando a que la crisis actual detonada por el conflicto en Oriente Próximo muestra aún más razones para acelerar el camino hacia una transición verde. En el caso español, se ha optado por una disminución generalizada sobre el IVA de los hidrocarburos.
En voz de la Comisión en el conjunto de marzo fue advertir de que las medidas fiscales tuvieran una orientación más a largo plazo que a corto o medio, persiguiendo el objetivo de la electrificación del consumo energético. Aunque cabe recordar en este punto que las más recientes crisis de similares características, como bien fue la provocada por la guerra de Ucrania, se afrontaron con gasto público, lo que elevó la deuda y estrechó los márgenes de respuesta de los distintos Estados en sus presupuestos.
En línea con esta postura, la Comisión no está atendiendo por ahora la petición de Italia de suspender las reglas fiscales, una medida que permitiría recurrir al gasto público —o a reducciones de impuestos— sin el riesgo de que un déficit excesivo derive en sanciones por parte de Bruselas. La normativa vigente con una trayectoria de vida de apenas dos años, prevé esa posibilidad únicamente en caso de “una grave recesión económica en la zona euro o en el conjunto de la UE”, según ha señalado este martes un portavoz del Ejecutivo de Von der Leyen: “No estamos en esa situación ahora”.
Un escenario con el que la Comisión también responde a la carta remitida el sábado por los ministros de Economía de España, Italia, Alemania, Portugal y Austria, en la que se planteó la propuesta de crear un gravamen sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas derivados del encarecimiento de la energía. Según el medio citado, las fuentes comunitarias han asegurado que se encuentran “evaluándolo” y responderán próximamente.
Hacienda, sobre la misiva de Bruselas
Según recoge el medio citado, el Ministerio ahora a cargo de Arcadi España, anteriormente en manos de María Jesús Montero, ha confirmado haber recibido la carta de Bruselas, pero defiende al tiempo la rebaja fiscal acometida bajo la justificación de que no se constituye como una medida estructural, sino temporal debido a las características de las consecuencias económicas que está sembrando en Occidente la guerra en Irán.
Al menos por el momento, Hacienda no revertirá esta medida esencial del decreto anticrisis, la cual tendrá una vigencia de en torno a tres meses y, en caso de que para entonces la situación no se haya revertido, el Gobierno contemplará su posible prórroga para aliviar la carga en los bolsillos de la ciudadanía.
Cabe marizar que el Gobierno de Sánchez, dentro del amplio paquete de medidas que obtuvo luz verde en la Cámara Baja hace apenas unos días atrás, también incluye la reducción hasta el mínimo avalado por la UE del tipo impositivo del impuesto sobre los carburantes en los productos más consumidos, como bien se trata de la gasolina, pero ampliándose al gas licuado, al gas natural o el queroseno, entre otros. Por ello, queda un ajustado margen para continuar rebajando el precio de los hidrocarburos.