El Congreso de los Diputados ha aprobado el real decreto con las medidas del Gobierno para paliar las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo. El Ejecutivo ha conseguido mantener en vigor sus 80 medidas, que ya han empezado a movilizar más de 5.000 millones de euros, a pesar de la abstención del Partido Popular y Podemos, y el voto en contra de Vox. Como prometieron, Junts ha votado a favor, salvando un decreto necesario para afrontar el "mayor shock al suministro energético de la historia moderna", como ha recalcado Carlos Cuerpo.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa ha defendido que el Gobierno ha "actuado rápido", con el decreto "receta y marca España" asegurado en menos de un mes desde los bombardeos de Trump y Netanyahu sobre Irán. Cuerpo ha insistido en que el Gobierno aboga por la búsqueda de un cese el fuego a través de "las vías diplomáticas y el respeto al derecho internacional" y ha remarcado que España está "en una situación estructural más fuerte que hace unos años" para afrontar la crisis.
Tras la defensa del decreto por parte de Cuerpo, las medidas anticrisis del Gobierno han salido adelante con 175 votos a favor, 33 votos en contra -de los diputados de Vox-, y 141 abstenciones -de PP y Podemos-.
El Gobierno negocia hasta el final
Las negociaciones no han sido sencillas. Las matemáticas, que acostumbran a atormentar al Ejecutivo, parecían fáciles después de que Junts anunciara su 'sí' al decreto a cambio de que el PSOE apoyara su moción para eliminar el IVA a los pequeños autónomos, que también se ha aprobado este jueves en el Congreso. Esto dejaba el camino despejado hiciera lo que hiciera el PP, que no ha confirmado su voto hasta unas horas antes. Los de Alberto Núñez Feijóo anunciaban que se abstendrían para que el Gobierno se comprometa a bajar el IRPF.
'Ni sí, ni no', porque, según han defendido, el decreto no alivia "la difícil situación que padecen cientos de miles de familias", a pesar de que entre las 80 medidas que se han aprobado están algunas, como la reducción del IVA a la electricidad y los hidrocarburos al 10%, que ellos mismos proponían. Aún así, creen que "no es suficiente", e instaban al Ejecutivo a aplazar la votación al mismo tiempo que criticaban que las medidas llegaban tarde.
Sin embargo, en Moncloa no estaban tan pendientes del voto del PP, que no era determinante, como del de sus socios de izquierda, con los que han negociado hasta el último momento para evitar sustos. Con la abstención de Podemos, que exige medidas más severas contra el beneficio de las empresas como el tope de precios, el Gobierno necesitaba una tranquilidad que le ha llegado a lo largo de la mañana, tras negociar con grupos más díscolos como Coalición Canaria o el BNG, que han votado a favor.
Las 80 medidas que siguen en pie
El Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio incluye "el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea", en palabra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso. Entre las rebajas fiscales, que el Gobierno introdujo para convencer al PP y los socios a su derecha -Junts y PNV-, está la bajada de los impuestos a la electricidad en un 60%, pasando del 21% al 10% de IVA. Además, también incluye la reducción al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad (IEE) y la suspensión temporal del impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica (IVPEE). También en materia de IVA, se reduce hasta el para el gas natural, los pellets y las leña.
Por otro lado, el decreto contiene la congelación del precio máximo de venta del butano y propano. Si bien, junto con la bajada en el tributo de la luz, una de las medidas estrella es la bajada del IVA al 10% del gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos, a más de la rebaja del impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo permitido en la UE. Esto, calcula el Gobierno, reducirá en hasta 30 céntimos por litro de carburante, aunque se teme a la absorción por parte de petroleras y gasolineras, que asociaciones de consumidores ya denuncian que está sucediendo.
En materia de combustible se suma la ayuda de 20 céntimos por litro para los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores y una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes. Más allá, se contempla la extensión durante todo 2026 de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, el refuerzo del bono térmico y la prohibición de interrumpir suministros esenciales en los hogares más vulnerables, única moratoria en pie, esta última.
Centrado en empresas y autónomos, el decreto contiene la bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, que se ahorrarán unos 200 millones de euros, y una mayor flexibilidad por ley en los contratos de suministro energético para empresas y autónomos. Para vigilar que estas ayudas se implementan correctamente y que las empresas no las aprovechan para obtener más beneficios, se dota a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) de nuevas capacidades de supervisión y sanción.
El futuro del decreto de vivienda
El decreto que ha aprobado el Congreso salió del Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes, que Sumar bloqueó para forzar al PSOE a incluir en él medidas de vivienda. La solución del ala socialista del Ejecutivo fue dividir las ayudas en dos textos. El primero, el que ya está refrendado por la Cámara Baja, y el segundo incluyendo la prórroga de los alquileres que exigían las izquierdas. No hay fecha, de momento, para que este otro texto llegue a las Cortes, pero la vicepresidenta Yolanda Díaz anunció que se estirará al máximo para tratar de convencer a las derechas.
El Real Decreto-ley 8/2026 de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán está vigente desde el pasado 21 de marzo. La Constitución obliga a su convalidación en un plazo de 30 días hábiles, lo que se lleva el plazo máximo hasta el 6 de mayo. Hasta entonces, el Ejecutivo intentará negociar para sostener la norma, pero se espera que la alianza de Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya acabe con ella. Si bien 600.000 contratos, que agrupan a 2,7 millones de personas, podrían aprovechar estas semanas.
