La Amazonia se enfrenta a una amenaza que va mucho más allá de la deforestación y la crisis climática. Las organizaciones criminales dedicadas a la extracción ilegal de oro, el narcotráfico y la explotación de los recursos naturales están extendiendo su presencia por la mayor selva tropical del planeta, dejando tras de sí ríos contaminados, bosques destruidos y comunidades indígenas sometidas a amenazas y violencia. Ante una situación que consideran cada vez más grave, representantes de cuatro países amazónicos han llevado sus denuncias hasta Naciones Unidas para exigir que la lucha contra las mafias se convierta también en una prioridad internacional de protección ambiental y derechos humanos.
Más de una docena de líderes indígenas de Brasil, Perú, Colombia y Ecuador participan esta semana en Viena en la decimotercera Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (COP13), que se celebra entre el 19 y el 23 de octubre. Su objetivo es reclamar una respuesta coordinada contra las redes delictivas que operan en sus territorios y conseguir que las comunidades afectadas tengan voz en la elaboración de nuevos instrumentos internacionales.
La dimensión de la violencia refleja la gravedad del problema. Según los datos de la organización Global Witness recogidos por Associated Press, al menos 105 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en América Latina durante 2025, lo que representa el 85% de los 124 homicidios documentados en todo el mundo. Colombia, con 39 víctimas, y Brasil, con 26, figuran entre los países más afectados.
Para los representantes indígenas, estas cifras evidencian que la destrucción ambiental y la violencia contra quienes protegen los territorios son dos caras de una misma crisis. La expansión de las economías ilegales no solo degrada el ecosistema amazónico, sino que también amenaza la seguridad, la salud y la continuidad de las comunidades que dependen de él.
Oro ilegal, narcotráfico y deforestación: el negocio criminal que devora la selva
El avance de las mafias en la Amazonia responde a una combinación de actividades ilícitas que encuentran en la inmensidad de la selva, las fronteras internacionales y las limitaciones de la presencia estatal condiciones favorables para desarrollarse. Entre ellas destacan la minería ilegal de oro, la tala clandestina y las redes vinculadas al tráfico de drogas.
Sus consecuencias van mucho más allá de la pérdida de vegetación. La extracción ilegal de oro puede contaminar con mercurio los ríos que utilizan las comunidades indígenas para beber, pescar y obtener alimentos. A su vez, la apertura de explotaciones mineras, carreteras y plantaciones ilegales favorece la degradación de los bosques y facilita el acceso de otros grupos delictivos.
Galois Flores, representante del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, en Perú, explicó a Associated Press que las organizaciones criminales disponen de armas, recursos económicos y capacidad para intimidar a las poblaciones locales. Según su testimonio, las actividades ilegales están sometiendo a una presión creciente a los pueblos que habitan la región.
La situación es especialmente delicada porque algunas comunidades carecen de protección institucional suficiente para hacer frente a organizaciones que cuentan con estructuras económicas y capacidad de actuación transfronteriza.
En Colombia, la dirigente indígena Ingry Mojanajinsoy ha denunciado que grupos armados tradicionalmente vinculados al narcotráfico están diversificando sus fuentes de ingresos mediante la minería ilegal. Esta actividad puede perjudicar incluso a poblaciones situadas lejos de los puntos de extracción, debido a que la contaminación se desplaza por los cursos de agua.
El problema, por tanto, no se limita a determinadas explotaciones clandestinas. Las organizaciones indígenas advierten de que las diferentes economías criminales pueden reforzarse mutuamente, dificultando las actuaciones aisladas de las autoridades.
Los indígenas se organizan para defender sus tierras ante la violencia de las mafias
Ante la falta de protección efectiva, algunas comunidades han desarrollado sus propios mecanismos de vigilancia territorial para frenar la entrada de mineros ilegales, narcotraficantes y taladores.
En Perú, la Nación Wampis ha instalado dos puestos de control en los que participan 14 guardias indígenas por instalación. Su función es vigilar el territorio e intentar contener el avance de la minería ilegal, una actividad que amenaza tanto los recursos naturales como los medios de subsistencia de la población.
Estas iniciativas implican importantes riesgos personales para quienes participan en ellas. Los defensores de los territorios denuncian amenazas frecuentes y una capacidad limitada para enfrentarse a organizaciones criminales fuertemente armadas.
Uno de los casos más graves se registra entre los kakataibo de la Amazonia peruana. Según Marcelo Odicio, presidente de la Federación de Comunidades Nativas Kakataibo, seis dirigentes de este pueblo han sido asesinados desde 2020, mientras las redes de narcotráfico han instalado cultivos ilegales de coca y laboratorios de procesamiento en sus bosques ancestrales.
Las amenazas se extienden también al otro lado de las fronteras. En Brasil, el líder asháninka Francisco Piyako Apiwtxa relató que, durante el pasado mes de julio, al menos cinco hombres armados y encapuchados entraron en una comunidad indígena, amenazaron a varias familias y buscaron a dirigentes locales.
La violencia no solo pretende facilitar las actividades ilegales, sino que también debilita los mecanismos comunitarios de defensa del territorio, según denuncian sus representantes.
Frente a esta situación, los líderes indígenas reclaman que los gobiernos reconozcan oficialmente el trabajo de sus guardias territoriales y establezcan mecanismos de protección para las personas amenazadas.
Amazon Watch, una de las organizaciones que acompaña a la delegación en Viena, defiende que las comunidades indígenas no deben ser consideradas únicamente víctimas de la delincuencia organizada, sino actores imprescindibles para combatirla.
La organización señala que existen iniciativas de vigilancia y cooperación entre comunidades de diferentes países, como una guardia indígena binacional en la frontera entre Brasil y Perú para hacer frente al narcotráfico.
Una nueva batalla en la ONU para perseguir los delitos ambientales
La conferencia de Viena representa una oportunidad para abordar estas amenazas desde una perspectiva internacional. Los gobiernos participantes estudian la posibilidad de iniciar negociaciones sobre un nuevo protocolo de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que contemple específicamente los delitos que afectan al medio ambiente.
La iniciativa permitiría reforzar la cooperación entre países para investigar actividades como la minería ilegal, el tráfico de especies silvestres, la tala clandestina y el comercio ilícito de recursos naturales. Sin embargo, los representantes indígenas consideran que una respuesta eficaz no puede limitarse al aumento de las operaciones policiales o militares. Reclaman que se investiguen las estructuras financieras que sostienen estas actividades, incluidos los circuitos que permiten comercializar en los mercados internacionales el oro extraído ilegalmente.
La dimensión económica constituye una de las principales reivindicaciones de la delegación. Las organizaciones ambientales advierten de que combatir a los trabajadores de las explotaciones clandestinas sin perseguir a los financiadores y compradores finales resulta insuficiente para desmantelar las redes criminales.
Raphael Hoetmer, responsable del programa de Amazonia Occidental de Amazon Watch, ha cuestionado la eficacia de las intervenciones militares aisladas, que pueden desplazar temporalmente a los grupos ilegales sin resolver los problemas de fondo.
Los dirigentes indígenas señalan que, en ocasiones, los operadores ilegales regresan a las explotaciones cuando se retiran las fuerzas de seguridad. Por ello, reclaman que un eventual nuevo protocolo internacional contemple medidas para rastrear los flujos financieros ilícitos, reforzar los derechos territoriales y garantizar una participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) asegura que ya desarrolla proyectos de cooperación con comunidades indígenas, incluida una iniciativa en Brasil para mejorar la vigilancia de la minería ilegal y facilitar la coordinación con las autoridades. No obstante, el organismo no ha confirmado si las comunidades indígenas dispondrán de un papel formal en las negociaciones del futuro protocolo, según la información publicada por Associated Press.
La cuestión resulta fundamental para los representantes amazónicos: temen que las decisiones internacionales vuelvan a adoptarse sin la participación de quienes sufren directamente las consecuencias de las actividades criminales.
La destrucción de la Amazonia también se financia fuera de la selva
Más allá de las fronteras amazónicas, la crisis plantea preguntas sobre la responsabilidad de los mercados internacionales que absorben los productos de las economías ilegales.
El oro extraído clandestinamente puede incorporarse a circuitos comerciales que dificultan conocer su procedencia. El narcotráfico, por su parte, depende de cadenas de distribución internacionales en las que participan organizaciones establecidas muy lejos de los territorios donde se producen las drogas.
Esta conexión es una de las razones por las que los representantes indígenas han decidido trasladar sus reivindicaciones a Viena. Su argumento es que la protección de la Amazonia no puede depender exclusivamente de los gobiernos de los países donde se encuentra la selva si las actividades que la destruyen están integradas en redes económicas transnacionales.
La delegación reclama que Europa, América del Norte y otros mercados de destino asuman también responsabilidades en la persecución del dinero procedente de los delitos ambientales.
El programa de actividades organizado por Amazon Watch durante la COP13 incluye encuentros dedicados precisamente a analizar la relación entre las actividades ilícitas en la Amazonia, el tráfico internacional de recursos y las redes financieras que permiten sostenerlas.
La discusión coincide con un momento de creciente preocupación internacional por el papel de la delincuencia organizada en la destrucción de ecosistemas estratégicos. La Amazonia alberga una biodiversidad excepcional y desempeña una función importante en la regulación del clima, pero también es el hogar de numerosas comunidades cuya supervivencia depende de la conservación del territorio.
La reunión de Naciones Unidas, cuya decimotercera sesión se prolongará hasta el 23 de octubre, abre así un debate que supera la protección medioambiental: cómo combatir las economías criminales que se enriquecen con la destrucción de los recursos naturales y cómo garantizar que quienes defienden la selva puedan hacerlo sin arriesgar sus vidas.
Para los pueblos indígenas que han viajado a Viena, la prioridad no es únicamente detener la deforestación, sino impedir que las redes criminales continúen condicionando la vida de sus comunidades. Su reivindicación es que la protección de la Amazonia deje de depender solo de quienes habitan y defienden sus territorios y se convierta en una responsabilidad internacional compartida.
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