En mitad del conflicto que sigue sacudiendo a Oriente Próximo después de que el pasado mes de febrero Estados Unidos e Israel lanzaran una serie de ataques aéreos sobre Irán, y con las consecuencias que se han derivado de ello en el plano económico, este martes la Casa Blanca ha confirmado un acuerdo con el Gobierno de Venezuela, con el que pasa a controlar una quinta parte de las reservas de petróleo venezolano.

Al frente de ello, resuena el nombre de Alejandro Betancourt López, un empresario millonario cuya empresa -North American Blue Energy Partners (NABEP)- ha resultado adjudicataria para la explotación durante 100 años de las reservas de petróleo de Venezuela -concretamente, 17 campos petroleros- que reúnen cerca de 65.000 millones de barriles en reservas. Un pacto con el que se acuerda, entre otras cosas, la propiedad del 35% de la empresa matriz de NABEP al Departamento de Defensa estadounidense. 

Asimismo, el Departamento de Estado tendrá derecho a adquirir, a precio de coste, el 20% del petróleo extraído y a la primera opción de compra del 80% restante. Esto, a juicio de la Administración Trump, “proporcionará una fuente de energía garantizada en nuestro hemisferio en situaciones de emergencia”. Sin embargo, lejos de los diferentes puntos que quedan recogidos en el acuerdo, parte del grueso de la cuestión está en que ha sido la empresa propiedad de Betancourt la elegida para llevar a cabo la explotación de crudo.

Este empresario, nacido en Caracas en 1980 y dueño también de la conocida marca de gafas Hawkers, ha sido investigado en múltiples ocasiones tanto en Suiza como en España y hasta mayo de 2026 no pudo salir de Reino Unido porque sobre él pesaba una orden de extradición de la Justicia suiza por una investigación por blanqueo de capitales. Al margen de ello, en España la Audiencia Nacional mantiene abierta una causa contra Betancourt por una presunta trama de blanqueo de capitales vinculados con fondos procedentes de la petrolera venezolana PDVSA. Esta investigación trata de esclarecer una serie de sobornos a tres funcionarios vinculados a un fraude millonario en Venezuela y a la consiguiente inversión de esos fondos en Europa.

No obstante, en marzo de este año, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz -quien llegó a dictar una orden internacional de detención contra Betancourt- decidió archivar la causa al no apreciar existencia de delito y Anticorrupción recurrió esta decisión. Con ello, fue en junio cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sostuvo que la investigación estaba incompleta y ordenó volver a abrir las pesquisas.

Previo a todo ello, en 2024 la Fiscalía de Zúrich, en el marco de la ‘Operación Bolívar’, solicitó información a Anticorrupción sobre el supuesto desvío de fondos procedentes de la petrolera estatal venezolana, así como en su posterior blanqueo a través de diferentes sociedades y activos. Este trasfondo comprende un supuesto fraude de unos 4.350 millones de dólares relacionados con un préstamos entre PDVSA y Administradora Atlantic.

Sin embargo, los lazos de Betancourt con España no se limitan únicamente a la investigación de la Audiencia Nacional. En 2016, este empresario anunció el cargo de presidente de Hawkers. Tras ello, esta marca, nacida en Elche (Alicante), comenzó a expandir sus tiendas por toda España. Pero esta popular marca de gafas de sol no ha sido la única firma que ha unido a Betancourt con el tejido empresarial español. Betancourt está también vinculado a Auro New Transport, compañía de vehículos VTC y que llevó a que en 2022 empresas como Cabify o Uber presentaran ofertas de cerca de 200 millones de euros.

Asimismo, el empresario venezolano también mantiene una activa participación en Playtomic, una conocida plataforma para reservar pistas y prácticas de deportes de raqueta como el tenis o el pádel.

Los lazos de Betancourt con la industria eléctrica de Chávez

No obstante, los movimientos de Betancourt no han generado polémica únicamente en la Justicia europea. Durante los años 2009 y 2010, cuando Venezuela estaba sumida en una profunda crisis de la energía eléctrica, el empresario venezolano junto con su primo Pedro Trebbau manejaban una empresa bautizada con el sello de Derwick Associates.

Esta empresa, pese a tener escasa experiencia en la construcción de plantas eléctricas, consiguió en apenas 14 meses contratos públicos por más de 5.000 millones de dólares, incluyendo 11 proyectos eléctricos. Sin embargo, fruto de la emergencia que declaró el entonces presidente Hugo Chávez, gran parte de estos contratos se adjudicaron sin los procedimientos ordinarios de licitación.

Fruto de todo ello, las acusaciones de corrupción sobre Chávez y Betancourt se multiplicaron. Aunque no está confirmado que el empresario sobornara al gobierno de Chávez, la ausencia de licitaciones, la enorme cantidad de contratos adjudicados a Derwick Associates y la experiencia limitada de esta empresa, llevó a que diferentes autoridades señalaran por ello a Betancourt.

No obstante, la eléctrica no fue la única industria en la que Betancourt pudo enriquecerse. Conocida es su participación en Petrozamora, una empresa vinculada con PDVSA. Por esta razón, a este empresario se le suele incluir entre los llamados “bolichicos”, jóvenes empresarios que se lucraron durante los años de Chávez gracias a contratos estatales.

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