El "silencio" de Marruecos impide la reagrupación de 600 menores migrantes desde 2021

El papel de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta es uno de los principales puntos de disputa en el seno del Gobierno. Justo después de que Pedro Sánchez volviera a defender este lunes la cooperación del país vecino, una de las ministras implicadas en la gestión salió a contradecir, con datos, la versión del presidente del Gobierno. La titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, señaló el “silencio” de Rabat ante las 600 solicitudes de reagrupación familiar que aún están pendientes de tramitar.

“Antes del 30 de julio ya se habían enviado a Marruecos alrededor de 600 expedientes para verificar la situación de menores. ¿Saben cuál ha sido la respuesta hasta hoy? El silencio. Seguimos esperando”, dijo en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. “Si la reunificación es segura, la reunificación se hace. Se ha hecho siempre y se seguirá haciendo, pero mientras esos trámites se resuelven, esos niños no pueden quedar desamparados. Es nuestra obligación protegerlos”.

La ministra de Sumar defendió, además, la urgencia de trasladar a los menores a la Península cuanto antes para “garantizar” la protección de su interés superior, mientras se resuelven sus expedientes. “Ningún territorio de frontera pueda verse obligado a elegir entre abandonar a los niños o quebrar sus servicios de acogida”, remarcó. Esto choca también con lo que había defendido Sánchez unos minutos antes en la Cadena SER, que “la prioridad del Gobierno es que todos esos expedientes se resuelvan en la ciudad autónoma”.

El presidente había remarcado también la colaboración de Marruecos en todo lo que tiene que ver con la gestión de las 72.000 personas que cruzaron la frontera hace un mes. “La experiencia que yo tengo respecto a la crisis previa en Ceuta es la de una coordinación, una cooperación instantánea, inmediata por parte de las autoridades marroquíes”, defendió.

600 expedientes sin resolver desde 2021

Rego ya había señalado este dato en la Conferencia Sectorial una semana antes. En ambos casos, Rego se refiere a solicitudes cursadas desde todas las comunidades autónomas desde el año 2021. Estas se envían a los gobiernos de los países de origen en los casos de menores migrantes no acompañados, para que estos aporten los datos de los familiares de estos niños y niñas. En caso de que se lleguen a identificar -y de que los padres o tutores estén de acuerdo-, se procede a tramitar su vuelta al país de origen, primando en cualquier caso el interés superior del menor.

Son las comunidades autónomas las que inician este proceso, que estudia en todo caso la Fiscalía de menores competente. Los procedimientos de reagrupación que se llevan a cabo cada año quedan recogidos en las memorias de la Fiscalía General del Estado, en las que ya está reflejado que, en el caso de Marruecos, hay unas 600 sin resolver desde hace cinco años por la falta de respuesta de sus autoridades.

Rabat impide la reagrupación que exige el PP

Este es el “silencio” al que hace referencia Rego, que se agrava ahora antes los miles de niños y niñas que cruzaron la frontera hacia Ceuta los días 30 y 31 de julio. Según el Gobierno, nueve de cada diez personas ya han sido devueltas a Marruecos -datos de los que duda la propia ciudad autónoma y las asociaciones que trabajan con ellos sobre el terreno-, pero en el caso de los menores no acompañados y las personas solicitantes de asilo, el proceso se alargará porque no se pueden devolver de forma inmediata.

Esto es lo que exige el Gobierno ceutí, que lidera el PP de Juan Jesús Vivas. El presidente de la ciudad autónoma se reunió el pasado jueves con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para abordar la crisis migratoria, y allí se dio el mismo choque que entre Sánchez y Rego. Vivas aboga por devolver a los menores a Marruecos para evitar un “efecto llamada”, pero la fiscal apostó, según Artículo 14, por trasladarlos a la Península para aliviar, precisamente, el desborde de los centros de acogida en Ceuta que también denuncia el popular.

Lo que está claro es que los casos de los menores se deben estudiar uno por uno, garantizando que, en caso de ser devueltos a su país de origen, no acaben en peores condiciones de las que están. En este sentido, a las 600 solicitudes que no se han tramitado en Rabat se suma que ninguna familia marroquí ha reclamado a los 5.000 menores que siguen desamparados en Ceuta.

Todo esto lo complica también el hecho de que el propio PP se oponga, en las comunidades autónomas que gobiernan -la mayoría- a aceptar el traslado de los menores de Ceuta a sus centros. Desde Infancia siguen insistiendo en la urgencia de hacerlo “cuanto antes”, especialmente en el caso de las niñas. “Son muchas y son en muchos casos menores de 13 años. Vienen de historias familiares de abusos y violencia y vamos a tener que trabajar de forma individual con ellas para ver qué opciones de acogida o reagrupación familiar se pueden dar, siempre de acuerdo con su situación e interés superior”, dicen desde el Ministerio.