Francia empieza a mirar ya hacia las presidenciales de 2027 y lo hace con una preocupación que va mucho más allá de los nombres propios. La advertencia del primer ministro, Sébastien Lecornu, sobre la existencia de “graves amenazas” de injerencia extranjera sitúa la seguridad democrática en el centro de una campaña que todavía no ha arrancado oficialmente, pero que ya condiciona todos los movimientos de la política francesa.
La cita de 2027 será especialmente sensible porque Emmanuel Macron no podrá aspirar a un tercer mandato consecutivo. La Constitución francesa limita a dos los mandatos presidenciales seguidos, lo que convierte las próximas elecciones en el primer gran relevo del macronismo desde su llegada al Elíseo en 2017. No se trata solo de elegir presidente: Francia tendrá que decidir qué queda del espacio político que Macron construyó entre la derecha tradicional y la socialdemocracia, y quién capitaliza el desgaste de una etapa marcada por la fragmentación parlamentaria, la contestación social y el avance de la extrema derecha.
La sucesión de Macron, bajo sospecha antes de empezar
El aviso de Lecornu llega en un momento de máxima vulnerabilidad política. Francia salió de las legislativas anticipadas de 2024 con una Asamblea Nacional sin mayoría clara. El Nuevo Frente Popular fue la primera fuerza en escaños, por delante del bloque macronista y de la extrema derecha de Agrupación Nacional, pero ningún campo logró la mayoría absoluta de 289 diputados. Ese Parlamento dividido ha convertido la gobernabilidad en un ejercicio permanente de equilibrio y ha acelerado la sensación de fin de ciclo.
En ese contexto, cualquier operación de desinformación puede tener un impacto multiplicador. Las presidenciales francesas se deciden a dos vueltas y, como ya ocurrió en 2017 y 2022, unos pocos puntos pueden determinar quién pasa al duelo final. En 2022, Macron ganó la primera vuelta con el 27,85% de los votos, Marine Le Pen obtuvo el 23,15% y Jean-Luc Mélenchon se quedó muy cerca, con el 21,95%. Esa diferencia de poco más de un punto entre Le Pen y Mélenchon explica por qué la izquierda francesa mira 2027 como una oportunidad real, pero también como un terreno especialmente expuesto a campañas de descrédito.
El propio Mélenchon ya ha confirmado su voluntad de volver a competir y La Francia Insumisa intenta situarse como alternativa frente a una extrema derecha que aspira a normalizar su llegada al poder. La denuncia de presunta injerencia contra candidatos de LFI durante las municipales de marzo añade así una dimensión nueva al pulso presidencial: no solo se discutirá sobre inflación, servicios públicos, seguridad o política exterior, sino también sobre quién controla el relato digital y con qué herramientas.
De Rusia a Israel: el debate sobre la injerencia se ensancha
El Gobierno francés ha señalado en varias ocasiones a Rusia como uno de los principales actores de riesgo en materia de injerencia y desinformación, una preocupación compartida por otros países europeos desde la invasión de Ucrania. París cuenta desde 2021 con Viginum, un organismo dependiente de la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional encargado de detectar interferencias digitales extranjeras. Su creación ya mostraba que Francia había asumido que las campañas electorales no se disputan solo en mítines, platós y debates, sino también en redes sociales, páginas falsas y operaciones coordinadas de intoxicación.
Pero el caso denunciado por LFI amplía el foco. Mélenchon ha apuntado a la empresa israelí Blackcore como responsable de una campaña de desprestigio contra tres candidatos de su formación: Sébastien Delogu en Marsella, François Piquemal en Toulouse y David Guiraud en Roubaix. La acusación introduce un elemento políticamente explosivo, porque conecta la batalla electoral francesa con el clima internacional marcado por la guerra en Gaza, las tensiones diplomáticas con Israel y las posiciones de LFI, una de las fuerzas europeas más críticas con el Gobierno de Benjamin Netanyahu.
La polémica se intensificó además con las declaraciones del embajador israelí en Francia, Joshua Zarka, quien afirmó en France 2 que preferiría que cualquier otro candidato antes que Mélenchon llegara a la Presidencia de la República en 2027. LFI ha presentado esas palabras como una “injerencia directa” en el proceso electoral francés y ha reprochado al Ejecutivo de Macron su silencio. El partido reclama crear un órgano de supervisión de campaña que avise a los candidatos de posibles operaciones extranjeras e incluir la “injerencia electoral” en el Código Penal.
La democracia francesa se blinda ante una campaña imprevisible
La respuesta del Ejecutivo apunta hacia una nueva arquitectura legal. El Gobierno prevé impulsar un proyecto de ley contra la injerencia extranjera, reforzar la cooperación europea y actuar contra cuentas falsas que contaminen el debate público. Francia ya aprobó en 2024 una ley para prevenir injerencias extranjeras y puso en marcha un registro de actividades de influencia vinculadas a actores extranjeros no europeos, gestionado por la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública. La cuestión ahora es si ese marco será suficiente para una campaña presidencial de alto voltaje.
La preocupación no es abstracta. Las operaciones híbridas buscan erosionar la confianza en las instituciones, fabricar escándalos, amplificar divisiones sociales y condicionar la participación electoral. En un país con una extrema derecha fuerte, una izquierda fragmentada pero competitiva y un macronismo obligado a buscar heredero, el margen para la manipulación es amplio. La batalla por suceder a Macron no se librará únicamente entre candidatos: también se jugará en la capacidad del Estado para garantizar que la competición sea limpia.
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