El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha salido en defensa del director xeral de Montes, Tomás Fernández-Couto  Juanas, tras ser imputado por el juzgado número 3 de Santiago a petición de la Fiscalía, a raíz de una denuncia presentada por la CIG en el año 2012.

El alto cargo del gobierno gallego, que lleva ocupando este puesto desde la época de Fraga Iribarne, solo fue relevado de sus funciones durante los años en que el bipartito (PSdeG/ BNG) encabezado por el socialista, Pérez Touriño, asumió la responsabilidad de la administración gallega, tras las elecciones autónomicas del año 2005. Momento en el que el departamento de Medio Rural pasó a ser gestionado por el nacionalista, Alfredo Suárez Canal.

Indicios de vulneración de las normas de contratación

Fuentes consultadas por este medio, relatan que la base de la demanda se formuló en base a dos hechos que se enlazaban, entendiendo que eran constitutivos de delito, todos ellos relacionados con la contratación irregular a la empresa INAER, de helicópteros para el transporte de brigadas helitransportadas y la contratación a la empresa NATUTECNIA del personal de dichas brigadas, ambas por parte del secretario xeral de Medio Rural y Montes, aquel momento, Fernández-Couto , y el secretario xeral técnico de la Consellería, Francisco José Vidal Pardo, que meses después dimitió por motivos personales.

Según consta en el escrito de denuncia, la relación de helicópteros y brigadas, que en aquel momento había en Galicia era: una flotilla de modelo Puma (Aérospatiale SA 330), con base en Toén (Ourense); otra de modelo Sokol (PZL W-3) con bases en Lomba, San Xoán de Rio, Silleda, además de O Campiño y Marroxo; completadas con el modelo B3 (Eurocopter AS350), distribuidos en Castromaior, Portomarín, Becerreá, O Barco, así como O Xurés, Queimadelos y Vilamaior. Todos ellos contratados a la empresa INAER, con brigadas de NATUTECNIA, exceptuando el último que tenía una brigada de la Xunta de Galicia. 

A pesar de que todos los helicópteros y brigadas helitransportadas estaban prestando servicios para la Administración pública gallega (Servicio de Prevención y Defensa Contra Incendios Forestales, dependientes de la Secretaría General de Medio Rural y Montes de la Consellería de Medio Rural y del Mar, no fue publicado, ni consta por medio alguno la correspondiente contratación de estos medios, conforme al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Hipótesis sobre el modus operandi de la vulneración de la legalidad

Según consta en la denuncia, es difícilmente verosímil que el montante resultante del objeto de la contratación no rebase la cuantía de 100.000 euros, establecida como límite máximo permitido para los contratos de servicios realizados mediante el procedimiento negociado sin publicidad. Al no darse estas circunstancias, la licitación de este contrato debería de estar sometido a la publicidad necesaria en Diario Oficial de Galicia. 

Tratándose de un contrato de servicios, al igual que se tipifica como tal, en la anterior convocatoria, que abarca los años 2009, 2010 y 2011, no estamos ante ningún supuesto de exclusión del requisito de publicidad. 

La conclusión a la que se llega desde la formación sindical en la denuncia es que “la explicación más plausible es que se contratasen por parte de las personas responsables de la Consellería de Medio Rural y del Mar esos servicios de forma ilegal, y a cambio de alguna contraprestación irregular en beneficio propio”

A pesar de que la denuncia fue interpuesta en el año 2012, no fue hasta casi finalizar el 2014, cuando un informe del Consejo Gallego de Cuentas, demostró que la Xunta de Galicia “demoró en exceso la convocatoria del concurso original”, además de producirse una modificación posterior de las condiciones iniciales, que según este órgano “constituye un obstáculo legal para la convocatoria posterior de este procedimiento de negociado sin publicidad, con la consiguiente infracción de los principios de publicidad y transparencia”