Ignacio González era presidente de la Comunidad de Madrid cuando se realizó la venta, en 2013. Los grupos en la oposición le consideron el responsable máximo de un quebranto patrimonial de alrededor de 100 millones de euros.

Según declaró un alto responsable de Vivienda, en calidad de testigo, ante el juez, el Gobierno de González "troceó" todos los contratos de esta operación, por lo que ninguno de ellos pasó por el Área de Contratación de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, de manera que se apartó al órgano fiscalizador de esta institución.

González elude su responsabilidad
Ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, Ignacio González declaró en noviembre de 2015 que "estábamos en un contexto muy complicado, mucho más agravado por un sistema de financiación que le perjudicaba a la Comunidad" y que se requería conseguir ingresos para equilibrar el presupuesto por lo que también se intentó vender suelo e inmuebles. Intentó eludir su responsabilidad al afirmar que la decisión se tomó de forma por parte de los miembros del Consejo de Gobierno. "Hay una política del Ivima de vender sus viviendas a los inquilinos. No se vendían porque estábamos en crisis. Muchas de esas personas no tenían acceso al crédito y como consecuencia de eso era imposible hacer la venta individualizada", dijo para justificar la enajenación en bloque de las 32 promociones de pisos.

No conocía la relación Cavero-Goldman Sachs
El expresidente madrileño aseguró que desconocía la relación del exconsejero de Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, con el fondo de inversión Goldman Sachs a través de su SICAV Bussola 99.