La hoja de ruta de Junts para presionar a Sánchez: ruptura parlamentaria, financiación y autodeterminación

La mano tendida que Pedro Sánchez ofreció esta semana a Junts per Catalunya para reconducir la relación hacia una nueva estabilidad parlamentaria se vio quebrada tras el voto en contra de los independentistas junto a los de PP y Vox para tumbar la senda de estabilidad presupuestaria. Los neoconvergentes plantean un programa que dificulta o casi imposibilita el éxito de cualquier negociación que pueda dar lugar a un acuerdo factible entre las partes.

Aparte del borrado de delitos imputados a Carles Puigdemont y garantizar su vuelta a España, Junts exige muchas cuestiones que impiden que se pueda llegar a un acuerdo, desde un cupo para Cataluña que la separe del régimen común, lo que significaría una reformulación sobre financiación autonómica, hasta reconocer el derecho a la autodeterminación en el Estado español, lo que supondría un cambio del texto constitucional. Unas demandas que carecen de viabilidad según fuentes cercanas a Junts y PSC.   

La cuestión no es que el Gobierno acceda o no al inicio conversaciones en torno a estos temas, algo que sería harto complicado, sino que los de Puigdemont pretenden no volver a negociar con Sánchez hasta que todas estas exigencias se asuman. Pero lo realmente enrevesado de todo esto es que este tipo de medidas requieren un cambio de la Constitución y otras, directamente, no dependen de Moncloa, como es el reconocimiento de una amnistía. Está última medida sería posible si por el mes de febrero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea despeja las dudas sobre las prejudiciales, y el Tribunal Constitucional se acaba pronunciando a favor de la aplicación plena de la Ley de Amnistía. En cuanto a la oficialidad de la lengua catalana en Europa o que Cataluña sea un miembro de pleno derecho en la Unesco, son asuntos que tampoco dependen del Gobierno español.

De cualquier forma, este escenario dejaría a Sánchez sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado por un año más y sin resolver del todo las exigencias de Junts, que tal y como explicó la portavoz en el Congreso Míriam Nogueras, forman parte de una "lista muy larga".  

Con todo, Junts reclama, además el traspaso de las competencias en materia de extranjería, a lo que se opone Podemos; una ley contra la multirreincidencia, tramitación que el PSOE y PP han acordado ya con Junts para sacar adelante a partir de febrero; una ley sobre los cajeros automáticos; el pago inmediato de las ayudas pendientes a los enfermos de ELA; la publicación de las balanzas fiscales; la ejecución del 100% de las inversiones que no han sido ejecutadas en Cataluña en anteriores años; la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, que paradójicamente Junts se niega a apoyar con sus votos, la publicación de los datos de ejecución de dichos presupuestos; un aval público para los propietarios de pisos de inquilinos morosos; la desclasificación total de documentos sobre el atentado del 17 de agosto de 2017 sucedido en las Ramblas de Barcelona; y la competencia sobre los jueces de paz.

Tras el acercamiento de Pedro Sánchez y el rechazo de Junts, Míriam Nogueras recordó que “hay momentos para negociar y momentos para cumplir los acuerdos”, dando a entender que el tiempo para nuevas conversaciones ha acabado. Pero, si los neoconvergentes están realmente cerrados en banda y dispuestos a no ceder ni un milímetro, serán también conscientes del poco o nulo margen de posibilidades que brinden el reconocimiento de sus reclamaciones.