Así lo ha confirmado la organización en un comunicado. A la mesa se sentarán la Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo; la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop; Diego Blázquez, asesor del Gabinete de la Vicepresidencia de Gobierno; la Ministra de Justicia, Dolores Delgado; la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella Gómez; el defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y Fiscalía.
Una serie de encuentros que servirán para poner el foco sobre la violencia machista. Tras el análisis de los datos, ideas y explicaciones de las partes implicadas, Amnistía realizará una valoración sobre las principales medidas y compromisos expuestos en las negociaciones.
Un problema estructural en nuestra sociedad. Tal y como indican todas las encuestas -valga como ejemplo el CIS de enero-, esta lacra preocupa cada día más a los españoles. Y es normal teniendo en cuenta los datos: cerca de mil asesinadas desde que se implantara el censo en 2003 encargado de contabilizar el peaje de esta execrable realidad.
Esteban Beltrán, director de la organización en España, crítico con la gestión por parte de los diferentes gobiernos y la falta de medidas que erradiquen y condenen estas actitudes, ha justificado así el paso adelante de Amnistía: “Las mujeres no quieren esperar más ante una situación que tiene solución, y reclaman a sus instituciones respuestas eficaces y efectivas, que mejoren su protección y atención en caso de sufrir una agresión sexual. Iniciamos esta ronda de reuniones para plantear nuestras preocupaciones, nuestras propuestas y obtener compromisos concretos por parte de las administraciones”.
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Ya es hora de que me creas
Este es el título del último informe presentado por la entidad en materia de género. En él se presentan de forma pormenorizada los datos y las consecuencias que la violencia machista deja en sociedad. Muchas veces, desde los medios, tratamos de incidir mucho en las cifras finales. Caer en la trampa de informar exclusivamente cuando hay muertes o violaciones, mientras que los daños psicológicos o el arraigo cultural inculcado en sociedad quedan en segundo plano. Pero, ¿qué es la violencia sexual?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como “todo acto sexual, tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.
Desde Amnistía se ha tratado de profundizar y generar un debate más amplio. Proponer medidas contra la explotación laboral -haciendo especial mención a la situación de las migrantes-, proteger a las denunciantes, fomentar políticas públicas que aborden la totalidad del conflicto, asistir de forma integral y especializada a las víctimas, etc. Toda una serie de responsabilidades que la Administración ha de depurar y no dejar en el olvido.
Cerca del 50% de las mujeres, según la última encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA), ha experimentado alguna forma de acoso sexual desde los 15 años. Sin embargo, la falta de estudios sociológicos oficiales sobre el tema hace muy complicado medir la dimensión real del problema.
Cifras que sumar a las cosechadas en la Macroencuesta de la Violencia contra la Mujer de 2015 (la última que se ha publicado), en la que se afirmaba que hasta el 14% de las mujeres de 16 años o más había sufrido violencia sexual a lo largo de su vida por parte de parejas, exparejas o terceros.
Un problema que examinar desde su origen. Porque, además de la gravedad que revierten los guarismos desprendidos por cada informe o comunicado, todas las asociaciones que tratan de poner fin a esta lacra insisten en la necesidad de revertir los comportamientos arraigados culturalmente.
