El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado en el Congreso de los Diputados, para sorpresa de los presentes, que la próxima semana se iniciará la tramitación de los indultos de los presos del procés. Lo ha hecho al concluir su turno de intervención y aprovechando la pregunta parlamentaria de Laura Borràs (JxCat). La bomba no ha tardado en provocar todo tipo de reacciones, sin embargo, no es más que la oficialización de lo evidente, ya que el Gobierno no tiene la prerrogativa de negarse a tramitar indultos. Lo que sí ha adquirido un cariz político es el momento en que Campo lo ha dicho públicamente.

El ejercicio de la Gracia de Indulto forma parte del ordenamiento jurídico español desde el 18 de junio del año 1870, y fue reformado mediante la Ley 1/1988 14 de enero. La tramitación es competencia del Ministerio de Justicia y compete al Rey la rúbrica final.

Una vez registrada la solicitud de indulto, éstas serán sometidas a un informe del Tribunal sentenciador realizado tras escuchar al Ministerio Fiscal y al ofendido (si lo hubiere). La concesión compete al monarca, Felipe VI, a propuesta del Ministerio de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. Se acordará mediante Real Decreto y deberá insertarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por el momento, a Justicia han llegado peticiones para dos condenadas que permanecen en prisión: Carme Forcadell y Dolors Bassa. A finales de agosto, tres expresidentes del Parlament (Joan Rigol, Ernest Benach y Núria Gispert) registraron una petición de indulto para Forcadell. Por otro lado, UGT de Cataluña formalizó en a mediados de junio la suya propia para Bassa, consejera de Tranajo, Asuntos Sociales y Familias en 2017. Esta última también fue respaldada por los alcaldes de las cuatro capitales de provincia de Cataluña y por varios líderes sindicales.

Además, la Liga Democrática anunció a finales de agosto que pediría el indulto de todos los políticos y actividad condenados como consecuencia del proceso independentista.

La tramitación tiene aún un largo camino por delante, por lo que el anuncio de Campo, que ha sorprendido también a los independentistas tal y como ha admitido la propia Borràs, podría haberse hecho en otro momento. Pero ha escogido este, cuando PSOE y Unidas Podemos ultiman su borrados de Presupuestos y mientras Pedro Sánchez trata de convencer a ERC de que se sume al acuerdo pese a que Ciudadanos se encuentra en el otro lado de la mesa.

Carga política: objetivo Presupuestos

La tramitación de todas ellas responde al mero funcionamiento normal de las instituciones. Sin embargo, el anuncio de Campo está cargado de tintes políticos. Gestos inequívocos, guiños para seducir a sus socios de investidura de Esquerra Republicana (ERC) y allanar el camino de los Presupuestos.

Tiempo ha que Sánchez ha dirigido sus esfuerzos a alimentar su idilio con Ciudadanos, lo que ha provocado que Gabriel Rufián admitiera en varias ocasiones que se auto-veta de cualquier tipo de acuerdo porque no es posible aprobar unas cuentas con ambos al mismo tiempo. La decisión del presidente del Gobierno tampoco agrada a sus socios de Gobierno, pero los morados se limitan a exigir que se cumpla con el programa de investidura.

En este sentido, tal y como publicamos en ElPlural.com, Esquerra fía toda su influencia en el Gobierno a que Unidas Podemos presione a Sánchez para que se dirija hacia el bloque de la investidura y no a los naranjas. Pero el líder del Ejecutivo insiste en que es posible un acuerdo con ambas formaciones, y el anuncio de Campo ha sido interpretado por los independentistas como “un gesto político”, según han reconocido fuentes internas de ERC a este periódico.

No obstante, las mismas fuentes recuerdan que "nosotros vamos a por la amnistía. Es lo que pedimos”. Y en relación a los Presupuestos, “habría que verlos”.