El Gobierno estudiará tipificar la violencia económica y, especialmente, el impago de las pensiones, como una modalidad de violencia de género en el Código Penal, según se desprende de la respuesta a la magistrada Lucía Avilés, que a través de una exposición razonada solicitó en noviembre al Ejecutivo esta iniciativa.

La propia Avilés lo ha anunciado en Twitter, donde la magistrada titular del juzgado de lo penal 2 de Mataró (Barcelona), ha colgado las respuestas a su petición del pasado mes de octubre. En uno de esos escritos, del el Ministerio de Justicia, se le comunica su voluntad de tipificar "de manera especifica y adecuada" la violencia económica como modalidad de violencia de género, tal y como reclama la jurista.

Justicia admite que hay que actualizar la ley

La magistrada hizo su petición al Gobierno tras detectar un vacío en la legislación a la hora de castigar la violencia por la que un hombre priva de forma intencionada de recursos a la mujer y/o a sus hijos, principalmente con el impago de las pensiones alimenticias, pero también engloba la apropiación ilegítima de bienes de la mujer o la obstaculización a la mujer para disponer de los recursos compartidos en el ámbito familiar. Avilés constató que quedaban fuera supuestos en los que las mujeres trabajan en el negocio familiar sin derechos sociales básicos.

Según expone el Ministerio, la ley contra la violencia de género "merece ser actualizada y adaptada a las nuevas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres", entre las que se encuentran "de forma expresa" las de naturaleza económica porque "erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones y garantizar la protección, atención y recuperación de las mujeres que la sufren así como la de sus hijos e hijas debe ser objetivo prioritario de un Gobierno comprometido no solo con el bienestar y seguridad de las personas sino también con la justicia y la igualdad", apostilla la misiva.

El 12% de las mujeres sufre esta violencia

La titular de juzgado número 2 en Mataró basó su exposición razonada al Gobierno en una sentencia dictada a raíz del impago de una pensión alimenticia en un procedimiento de mutuo acuerdo. El demandado tenía dos condenas previas por violencia machista y la mujer se encontraba en una situación difícil al la hora de negociar. La violencia económica de género no sólo se ciñe al pago de pensiones sino a las cuotas hipotecarias, a poner impedimentos para que la mujer trabaje o al control de las cuentas. Un tipo de violencia psicológica que sufre el 12% de las mujeres y que limita su libertad.