El fallo no ha sido unánime y algunos jueces se han descolgado del veredicto. Según ha podido saber ELPLURAL.COM, el periódico El Mundo, que ha dado en primicia el fallo, ha accedido al mismo antes de que lo haga el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresnada.
Aplicación errónea
El delito de prevaricación no se produce por la aplicación errónea del derecho, sino por dictar, a sabiendas, una resolución injusta", señala la resolución, que apunta a la tipificación que Garzón hizo de los hechos al declararse competente el 16 de octubre de 2008 como el primero de los errores que cometió. En ese auto, el juez calificó los hechos como delitos permanentes de detención ilegal sin ofrecer razón del paradero de la víctima "en el marco de crímenes contra la humanidad", pero el tribunal dice que esa tipificación no es aplicable "ni siquiera en un contexto", porque las leyes que permiten perseguir esos crímenes no estaban vigentes "al tiempo de la comisión de los hechos".
Reconocimiento a las víctimas
La sentencia incluye un reconocimiento a las demandas de las víctimas del franquismo, al concluir que aunque leyes como la de Memoria histórica han reparado "en gran medida" las consecuencias de los crímenes que sufrieron, "no han concluido las actuaciones concretas en orden a la localización y recuperación de los cadáveres para su homenaje y procurar la efectiva reconciliación".
En cualquier caso, el tribunal subraya que el establecimiento de la verdad histórica es una tarea que "corresponde al Estado a través de otros organismos y debe contar con el concurso de todas las disciplinas y profesiones, especialmente a los historiadores".
Un voto particular
El voto particular lo ha emitido el magistrado José Manuel Maza y, además hay un voto particular concurrente (de acuerdo con el fallo pero no con la argumentación), de Julián Sánchez Melgar, quien considera que Garzón, "con pleno conocimiento de la contradicción" de sus resoluciones con las leyes españolas, incoó "un procedimiento penal inviable, instrumentalizándolo al servicio de sus propias intenciones subjetivas".
Denuncia ultraderechista
La querella partía de las acusaciones de las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y Libertad e Identidad, que reclamaban 20 años de inhabilitación para Garzón y el pago de una multa de 21.600 euros por un presunto delito de prevaricación. A su entender, vulneró "a sabiendas" la Ley de Amnistía de 1977 al abrir una causa contra el franquismo. La Fiscalía, sin embargo, había pedido el archivo de la causa, al igual que en las otras dos causas que ha llevado el Supremo contra el ya exmagistrado.
Sin acusación de la Fiscalía
Tanto el fiscal Luis Navajas como su abogado defensor, Gonzalo Martínez-Fresneda, pidieron durante el juicio su libre absolución y el archivo del procedimiento. Entre otras cuestiones, aludieron a la doctrina 'Botín', aplicada por primera vez al presidente del banco Santander y según la cual la apertura del juicio no procedía si actúa en solitario la acusación popular.
El Supremo pone fin así al último proceso que tenía pendiente después de haberle condenado a 11 años de inhabilitación por autorizar la intervención de las escuchas de Gürtel, y haber archivado por prescripción la causa por los cobros de la Universidad de Nueva York.
El tribunal, presidido por Carlos Granados, ha dado a conocer este lunes la sentencia, que tiene como ponente al juez Andrés Martínez Arrieta. La Sala enjuiciadora ha estado completada por los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero. Éste último fue el ponente de la condena por las escuchas.
¿Perpetuará la impunidad del franquismo?
Según fuentes jurídicas consultadas por ELPLURAL.COM, una condena por esta causa habría supuesto un auténtico escándalo internacional. De ahí que fuera previsible una decisión como ésta. Sin embargo, ahora queda por ver hasta qué punto el texto de la sentencia deja una puerta abierta a que se puedan seguir investigando los crímenes del franquismo. Las asociaciones de memoria histórica, a la vista de la actuación de estos magistrados, temen que sirva para perpetuar la impunidad del franquismo.
Aplicación errónea
El delito de prevaricación no se produce por la aplicación errónea del derecho, sino por dictar, a sabiendas, una resolución injusta", señala la resolución, que apunta a la tipificación que Garzón hizo de los hechos al declararse competente el 16 de octubre de 2008 como el primero de los errores que cometió. En ese auto, el juez calificó los hechos como delitos permanentes de detención ilegal sin ofrecer razón del paradero de la víctima "en el marco de crímenes contra la humanidad", pero el tribunal dice que esa tipificación no es aplicable "ni siquiera en un contexto", porque las leyes que permiten perseguir esos crímenes no estaban vigentes "al tiempo de la comisión de los hechos".
Reconocimiento a las víctimas
La sentencia incluye un reconocimiento a las demandas de las víctimas del franquismo, al concluir que aunque leyes como la de Memoria histórica han reparado "en gran medida" las consecuencias de los crímenes que sufrieron, "no han concluido las actuaciones concretas en orden a la localización y recuperación de los cadáveres para su homenaje y procurar la efectiva reconciliación".
En cualquier caso, el tribunal subraya que el establecimiento de la verdad histórica es una tarea que "corresponde al Estado a través de otros organismos y debe contar con el concurso de todas las disciplinas y profesiones, especialmente a los historiadores".
Un voto particular
El voto particular lo ha emitido el magistrado José Manuel Maza y, además hay un voto particular concurrente (de acuerdo con el fallo pero no con la argumentación), de Julián Sánchez Melgar, quien considera que Garzón, "con pleno conocimiento de la contradicción" de sus resoluciones con las leyes españolas, incoó "un procedimiento penal inviable, instrumentalizándolo al servicio de sus propias intenciones subjetivas".
Denuncia ultraderechista
La querella partía de las acusaciones de las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y Libertad e Identidad, que reclamaban 20 años de inhabilitación para Garzón y el pago de una multa de 21.600 euros por un presunto delito de prevaricación. A su entender, vulneró "a sabiendas" la Ley de Amnistía de 1977 al abrir una causa contra el franquismo. La Fiscalía, sin embargo, había pedido el archivo de la causa, al igual que en las otras dos causas que ha llevado el Supremo contra el ya exmagistrado.
Sin acusación de la Fiscalía
Tanto el fiscal Luis Navajas como su abogado defensor, Gonzalo Martínez-Fresneda, pidieron durante el juicio su libre absolución y el archivo del procedimiento. Entre otras cuestiones, aludieron a la doctrina 'Botín', aplicada por primera vez al presidente del banco Santander y según la cual la apertura del juicio no procedía si actúa en solitario la acusación popular.
El Supremo pone fin así al último proceso que tenía pendiente después de haberle condenado a 11 años de inhabilitación por autorizar la intervención de las escuchas de Gürtel, y haber archivado por prescripción la causa por los cobros de la Universidad de Nueva York.
El tribunal, presidido por Carlos Granados, ha dado a conocer este lunes la sentencia, que tiene como ponente al juez Andrés Martínez Arrieta. La Sala enjuiciadora ha estado completada por los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero. Éste último fue el ponente de la condena por las escuchas.
¿Perpetuará la impunidad del franquismo?
Según fuentes jurídicas consultadas por ELPLURAL.COM, una condena por esta causa habría supuesto un auténtico escándalo internacional. De ahí que fuera previsible una decisión como ésta. Sin embargo, ahora queda por ver hasta qué punto el texto de la sentencia deja una puerta abierta a que se puedan seguir investigando los crímenes del franquismo. Las asociaciones de memoria histórica, a la vista de la actuación de estos magistrados, temen que sirva para perpetuar la impunidad del franquismo.