El PSOE es un aliado del colectivo LGTBI y siempre hemos estado comprometidos con sus derechos. Ponerlo en duda forma parte de un debate interesado, oportunista y que no responde a la verdad.

Desde hace algunos meses se viene cuestionando, de manera interesada, el apoyo del Partido Socialista al colectivo LGTBI. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos lo que ha significado este Partido para el avance de los derechos de dicho colectivo y, en especial, de su compromiso con la protección de las personas trans. En nuestro país cuando se ha avanzado en derechos sociales siempre ha sido de la mano de los y las socialistas.

En materia LGTBI, nuestras son las leyes del Matrimonio Igualitario y la ley 3/2007 Reguladora de la Rectificación Registral de la mención relativa al sexo de las personas. Y vamos a seguir avanzando en derechos con la ley de Igualdad de Trato, registrada recientemente y con una futura ley LGTBI.

Y será como sabemos hacerlo en el PSOE: proponiendo normas con rigor jurídico para que sean garantes de derechos. Para que los recursos que seguro presentarán las derechas al Tribunal Constitucional, no prosperen.

Los derechos históricamente reclamados por las personas trans nos ocupan y nos preocupan. Y queremos centrarnos no solo en garantizar esos derechos sino en aplicar políticas que mejoren su calidad de vida, que les permita vivir sin ser estigmatizadas y hacerlo con dignidad. Para ello hay que poner en marcha políticas de empleo, sanitarias …poner fin al acoso y el miedo que sufren.

En el PSOE estamos a favor de la despatologización, como queda recogido en nuestros compromisos electorales y orgánicos. Ya propusimos una reforma en el Congreso en ese sentido, un documento que llegó a informe de ponencia pero que decayó por las elecciones en 2019.

En la reforma de la ley 3/2007, el PSOE propuso la modificación en el registro civil del sexo, sin la necesidad de presentar informes médicos. Y que esta modificación debe hacerse, además, bajo la premisa de la voluntad de la persona interesada. Defendemos que esa manifestación quede reflejada con seguridad jurídica, como en cualquier otro proceso de orden administrativo. Porque la seguridad jurídica la da el cambio registral. Lo que hay que establecer es cómo se va a plasmar, o qué forma jurídica concreta va a tener para que esto se lleve a cabo con todas las garantías.

El borrador del anteproyecto de ley que ahora tenemos encima de la mesa requiere un debate más amplio, ya que incluye cuestiones que tienen que ver con el ámbito sanitario, deportivo, educativo... y además introduce cuestiones tan delicadas como los tratamientos hormonales de bloqueadores de la pubertad en menores, un asunto que requiere del análisis de los profesionales sanitarios.

Tengamos un debate sosegado. Sólo desde el diálogo, el consenso y el acuerdo conseguiremos un avance sólido de los derechos del colectivo LGTBI.

Isabel García es delegada federal LGTBI del PSOE