A finales de 2025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se propuso recoser la mayoría parlamentaria que le invistió el 16 de noviembre de 2023. Tras el éxodo de Podemos al grupo mixto y el ruidoso divorcio con Junts Per Catalunya, esa mayoría quedó diluida, y con ella las posibilidades de aprobar cualquier iniciativa en el Parlamento, incluidos los Presupuestos Generales del Estado, el único proyecto que insuflaría el oxígeno político necesario para que el Ejecutivo pueda agotar la legislatura. Y el principal objetivo del Gobierno es llegar a 2027 en las mejores condiciones posibles para dar la batalla.
Antes de relanzarse al cortejo de los socios díscolos, Sánchez terminó de amarrar los 18 escaños de sus socios parlamentarios más fieles ―PNV, Bildu y ERC―. Sánchez se reunió en la Moncloa con el lendakari, Imanol Pradales, para firmar nuevos traspasos competenciales para el País Vasco. E hizo lo propio con Oriol Junqueras, a quien regaló una foto presidencial para oficializar el proyecto de reforma de financiación autonómica. Por otro lado, a Bildu se le concedió el peso político de anunciar la prórroga del escudo social a finales del pasado mes de diciembre.
La siguiente pantalla era Podemos, la formación que más tiempo llevaba fuera del redil. El nuevo acuerdo entre morados y socialistas para regularizar a 500.000 migrantes que ya residen en España ha permitió desencallar la negociación del traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat de Catalunya, una exigencia más de los de Puigdemont que habían bloqueado desde Podemos por ser un “texto racista”.
Este miércoles, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha dejado abierta esa puerta. Y quizá, ese acuerdo permita un acercamiento entre el Gobierno y los exconvergentes para rematar la nueva concesión de competencias. Mientras, los independentistas catalanes no reparan en elevar el tono, aunque las negociaciones se mantengan en perfil bajo.
El desdén de Feijóo
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra la regularización masiva de migrantes que ya trabajan y residen en nuestro país. Lo ha hecho en una entrevista concedida a Espejo Público, donde tuvo oportunidad de subrayar la “negligencia continuada” en la gestión gubernamental y la “irresponsabilidad” del presidente Sánchez, “un político asistido, sin oxígeno”, ha dicho.
Asimismo, Feijóo ha sostenido que esta medida “va en contra de los socios de la Unión Europea y del pacto de inmigración y asilo firmado por los jefes de Gobierno europeos”, que provoca “un efecto llamada” y supone “una alfombra roja para conseguir residencia legal en España”. A renglón seguido, Feijóo ha vinculado este gesto político con una alteración del censo de cara a elecciones futuras, pese a que todos aquellos que puedan acogerse al real decreto no podrán votar en las siguientes elecciones generales.
Hace unos meses que Sánchez dio orden a sus ministros de plantearle una batería de políticas con alto impacto electoral y que no tuvieran que someterse a una mayoría parlamentaria en descomposición. Esta, fue una de ellas. El Gobierno no necesita a Podemos para nada, pero ha querido vestir el impulso a la regularización masiva de inmigrantes como un acuerdo con los morados, que llevaban —los dos años que la medida ha estado guardada en el cajón— presionando para que se aprobara.
Sin embargo, la regularización masiva de inmigrantes obedece a un objetivo superior al de querer encajar de nuevo el puzle de la mayoría de la investidura. El movimiento tiene más aristas. Por un lado, cambiar el eje del discurso. Hacerlo virar desde las polémicas, ya sea el horizonte judicial de las causas que acechan al Gobierno y al PSOE o las derivadas del accidente mortal de Adamuz.
Sánchez busca centrar el debate en la política y, además, seguir erigiéndose en “faro moral” de la socialdemocracia. En un contexto de deportaciones masivas en EE.UU., con la policía migratoria de Donald Trump sembrando el caos en Mineápolis, o con algunos gobiernos europeos, incluidos los de corte progresista, endureciendo sus políticas contra la inmigración, en España avanzan en el sentido contrario, dando soporte legal a más de medio millón de extranjeros. El presidente alimenta así su antagonismo a Trump, un perfil que lleva meses explotando.
En el PSOE han querido dejar en evidencia el cambio de posicionamiento de Feijóo respecto a 2024 y azuzan un debate que hace volar las expectativas de la ultraderecha. Lo hacen conscientes de que el crecimiento de Vox se produce a costa de los populares y esto puede aumentar su dependencia en las comunidades que tienen que medirse en las urnas en los próximos meses, pero obviando que ya existe también una corriente de voto —de momento, residual— que le hurta también a los socialistas.