El próximo miércoles 22 de enero, el Congreso de los Diputados celebrará un Pleno extraordinario en el que se debatirán y votarán varias medidas clave, entre las cuales se incluyen la convalidación de decretos sobre ayudas al transporte público, reformas en el sistema de pensiones, la implementación de un nuevo impuesto sobre las empresas energéticas y la modificación del sistema de compatibilización de pensiones con empleo. Este Pleno también abordará el controvertido gravamen energético y el suplicatorio de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre otros asuntos.
Este Pleno se llevará a cabo en un contexto político cargado de expectativas, ya que las decisiones que se tomen en esta jornada serán de gran relevancia para la continuidad de varias medidas aprobadas por el Gobierno en las últimas semanas. Los decretos que se someterán a votación fueron aprobados por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre de 2024, fecha en la que entraron en vigor. Según lo estipulado en el artículo 151 de la Constitución Española, el Congreso tiene un plazo de 30 días desde la promulgación de estos decretos para convalidarlos o derogarlos. Por lo tanto, el 22 de enero será la fecha límite para llevar a cabo este proceso, y los diputados deberán decidir si respaldan las medidas propuestas por el Ejecutivo o si, por el contrario, se opta por su revocación.
A vueltas con el impuesto a las energéticas
El gravamen energético es uno de los puntos más polémicos que se debatirán en esta sesión. Este nuevo impuesto temporal, que se aplicará a las empresas energéticas a partir de 2025, ha generado una gran controversia en el Congreso. La medida, que busca aumentar la recaudación por parte de las grandes compañías del sector energético, incluye bonificaciones para aquellas empresas que inviertan en actividades de descarbonización. Además, se contempla la posibilidad de que este gravamen se convierta en un impuesto gestionado por las haciendas forales, un aspecto que ha suscitado el rechazo de varios partidos políticos, entre ellos el Partido Popular (PP), Vox, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts.
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ya ha expresado la oposición de su partido a esta medida, argumentando que el gravamen energético "rompe el principio de relaciones con las comunidades forales", tanto con la comunidad autónoma vasca como con Navarra. Esta postura refleja el malestar que ha causado entre algunos sectores políticos y regionales la intención del Gobierno de aplicar este nuevo impuesto, que se percibe como una invasión de competencias que podría afectar negativamente a la autonomía fiscal de las regiones.
En paralelo, otro de los decretos que se debatirán en el Pleno es un paquete de medidas económicas y tributarias que abarca diversas iniciativas para mejorar el bienestar social. Entre ellas se incluyen la extensión de la bonificación al transporte público, la subida de las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), y la prórroga de varias medidas fiscales. En cuanto a las pensiones, se establece una subida del 2,8% en las pensiones contributivas y de clases pasivas del Estado, mientras que las pensiones mínimas experimentarán un aumento cercano al 6%. Por su parte, las pensiones no contributivas y el IMV se revalorizarán un 9%. Además, el texto prevé la prórroga de la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas a los consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025.
En el ámbito fiscal, el decreto también contempla la modificación de la normativa sobre el IVA aplicado al recibo de la luz, que, a partir de finales de 2024, volverá a un tipo impositivo del 21% tras la expiración de la medida que establecía un IVA reducido. Asimismo, se prevé un ajuste en los rendimientos del trabajo, ya que la cuantía total de los ingresos procedentes de segundo y restantes pagadores que obligan a presentar la declaración de la Renta se elevará de 1.500 a 2.500 euros.
El decreto también incluye varias medidas para fomentar la sostenibilidad y la transición energética, como la extensión de la deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos electrificados hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, se prorrogará el Plan Moves III, que promueve la compra de coches eléctricos, hasta el 30 de junio de 2025. Otras medidas relevantes son la extensión de las deducciones del IRPF por obras de mejora energética en las viviendas, que se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2025. En concreto, se mantendrá la deducción del 20% por actuaciones que reduzcan en un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en viviendas, así como la deducción del 40% por actuaciones que reduzcan en un 30% el consumo de energía primaria no renovable o que mejoren la calificación energética de las viviendas alcanzando las letras 'A' o 'B'.
Reforma de las pensiones
Uno de los temas que también se abordará es la reforma del sistema de pensiones, en particular la mejora de la regulación de la jubilación parcial, activa y demorada. Esta reforma, que se acordó con los agentes sociales en julio de 2024, incluye cambios significativos en el sistema de jubilación activa. En particular, se elimina el requisito de tener una carrera de cotización completa para poder acceder a la jubilación activa, lo que permitirá a los trabajadores seguir percibiendo su pensión mientras continúan trabajando a tiempo parcial o completo. Además, se incrementará el porcentaje de la pensión en función de los años de demora en el acceso a la jubilación. Así, por cada año adicional de demora, el porcentaje de la pensión se incrementará en un 45%, y si el acceso se retrasa cinco años o más, se podrá llegar a percibir el 100% de la pensión.
En cuanto a la jubilación parcial, el decreto ampliará de dos a tres años la posibilidad de anticipar el acceso a la jubilación, siempre con la condición de que se adapten las jornadas laborales de los trabajadores. También se mejorarán las condiciones del trabajador relevista, que deberá ser contratado de forma indefinida y a tiempo completo. Las modificaciones introducidas en el sistema de jubilación parcial y activa entrarán en vigor el 1 de abril de 2025.
Finalmente, el decreto incluye mejoras para los trabajadores fijos discontinuos, quienes recuperarán el coeficiente multiplicador del 1,5 que se aplicaba previamente para calcular el periodo de carencia para acceder a la pensión de jubilación, incapacidad permanente, y pensiones por muerte y supervivencia. Esta medida busca mejorar las condiciones de acceso a la pensión para este colectivo, que históricamente ha tenido dificultades para cumplir con los requisitos de cotización debido a la naturaleza intermitente de su empleo.
La jornada del 22 de enero también incluirá una reunión de la Diputación Permanente, que se encargará de fijar las fechas para las comparecencias extraordinarias de varios ministros, entre ellos Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; José Manuel Albares, titular de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; y Diana Morant, responsable de Ciencia e Innovación. Estas comparecencias permitirán a los ministros explicar en detalle sus políticas y responder a las preguntas de los diputados sobre los temas de su responsabilidad.
