No es solo una disputa entre socios incómodos. Lo que está ocurriendo en decenas de ayuntamientos españoles es una operación política deliberada para trasladar al ámbito municipal un modelo de confrontación basado en la exclusión social, con el Partido Popular aceptando jugar en el terreno que le marca Vox.
Según ha informado El País, la dirección de Vox ha ordenado a sus concejales dinamitar acuerdos con el Partido Popular si no asumen el principio de “prioridad nacional”, un eufemismo que encubre discriminación institucional contra la población migrante en ayudas sociales, vivienda y servicios públicos. La instrucción es clara: sustituir las mociones del PP, forzar votaciones y, si no se aceptan sus postulados, votar en contra.
La maniobra tiene menos que ver con la gestión local que con una estrategia de presión. Vox busca someter al PP a una elección tramposa: asumir postulados ultras o aparecer, según su marco discursivo, alineado con la izquierda. No pretende pactar, sino empujar a los conservadores hacia posiciones cada vez más radicalizadas. Más inquietante aún es el desplazamiento del discurso. Ya no se habla solo de preferencia en ayudas, sino de reservar determinadas prestaciones exclusivamente para españoles, una ruptura con principios constitucionales y con pilares del Estado social.
Vox y PP están alineados en la idea del rechazo al proceso de la regularización, sin embargo, se vuelve a dar la misma situación: Vox no busca consensuar, sino que busca presentar enmiendas de sustitución al texto de los populares. “En caso de que no las acepten, debemos votar en contra. Y el discurso debe recoger el contenido de nuestras enmiendas”, expresa la circular a la que ha tenido acceso El País.
Los ayuntamientos como laboratorio de exclusión
La ofensiva ha llegado después de que esta doctrina haya empezado a filtrarse en pactos autonómicos en Extremadura y Aragón. Ahora la extrema derecha intenta convertir cada pleno municipal en un escenario para normalizar una idea que rompe con principios básicos de igualdad: que el acceso a derechos dependa del origen.
El problema político no es solo Vox. Es que el PP, lejos de levantar un cordón democrático claro, vuelve a moverse en la ambigüedad. Los populares en vez de dar un golpe en la mesa y poner ciertos límites han decidido agachar la cabeza y acatar órdenes. Esa cesión es precisamente la victoria buscada por la ultraderecha. En la misma línea, el jueves plantearon en la Cortes Valencianas una proposición no de ley para conseguir que los populares reconozcan la “prioridad nacional”. A su vez, el viernes presentaron iniciativas parecidas en los parlamentos navarro y murciano.
Vox marca el rumbo
La paradoja es que Vox reta al PP mientras lo condiciona. Cada órdago ultra funciona como un examen de lealtad ideológica para los populares. A su vez, la próxima meta para los de Abascal son las elecciones andaluzas del 17 de mayo, donde espera volver a poner la “prioridad nacional” como su objetivo más preciado. Cuando Santiago Abascal convierte la “prioridad nacional” en línea roja de cualquier negociación, no solo tensiona alianzas; redefine el marco político. Y el PP vuelve a correr detrás, reaccionando en vez de marcar límites.
Mientras tanto, la supuesta “prioridad nacional” exhibe sus contradicciones. Dirigentes del propio Vox han sido incapaces de explicar quién sería considerado español bajo ese criterio sin caer en formulaciones identitarias próximas al supremacismo étnico. Aunque por muchas definiciones que den la propuesta nace de una lógica de exclusión.
La soledad no preocupa al partido ultra, según fuentes del partido, todo lo contrario. Los de Abascal interpretan su aislamiento institucional como una forma de reforzar su relato antisistema y presentarse como la única fuerza “sin ataduras”. Esa falta de apoyos la convierten en propaganda: cuanto menos respaldo reciben sus iniciativas, más insisten en venderse como una opción que dice lo que otros no se atreven.
El discurso no es nuevo. Vox suele utilizar la idea de que está condicionado por sus pactos con el Partido Popular para alimentar un mensaje recurrente entre sus bases: “Imaginen lo que haríamos si gobernáramos solos”. Desde esa lógica, incluso utilizan para su beneficio las coincidencias entre populares y socialistas en instituciones como el Parlamento Europeo, donde suelen denunciar que el Partido Popular Europeo termina votando en numerosas ocasiones junto a los socialistas.
El ejemplo más reciente se vio en el Congreso, cuando Vox rechazó una enmienda del Partido Popular a su moción sobre inmigración, pese a que el texto popular reproducía literalmente el pacto de gobierno firmado en Extremadura entre ambos partidos. El gesto evidenció que el objetivo no era acordar posiciones ni siquiera con sus socios, sino escenificar confrontación. La consecuencia fue que la iniciativa ultra acabó derrotada por el voto en contra de todos los grupos, incluido el de Alberto Núñez Feijóo.
La nueva meta de Vox
Abascal ha encabezado la campaña electoral en Andalucía, como hizo en las demás comunidades autónomas. La estrategia de Abascal es ser la cara visible del partido, dejando en un segundo plano a los candidatos. En Ayamonte (Huelva) ha vuelto a reiterar que la “prioridad nacional” es una exigencia irrenunciable para su partido. “Todos los españoles, la inmensa mayoría, voten a Vox, al PP o al Partido Socialista, entienden que los de su propio país deben tener prioridad frente a los que acaban de llegar. Por tanto, para nosotros, eso va a ser un asunto prioritario en cualquier tipo de negociación con el Partido Popular”, ha apuntado.
Después de que Pedro Sánchez acusara a Vox de pretender crear “ciudadanos de segunda”, el líder ultra ha respondido reivindicando que ciudadanía y nacionalidad son, a su juicio, conceptos inseparables, para sostener que solo los españoles serían plenamente ciudadanos. Pero su ofensiva no se ha dirigido solo contra el Gobierno: también ha cargado contra el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, al que ha acusado de alinearse con Sánchez por rechazar la llamada “prioridad nacional” y no sumarse a su discurso contra las regularizaciones.
Sin embargo, el nuevo eje ideológico abrazado por Vox - importado de postulados históricos de la extrema derecha francesa - ha dejado al descubierto contradicciones internas y zonas grises difíciles de sostener. La confusión se hizo visible cuando el portavoz de Vox en el Parlamento catalán, Juan Garriga fue preguntado sobre quién es español y él respondió: “El nacido de padre y madre española”. Su primo Ignacio Garriga, secretario general del partido, tuvo que salir a corregirle. “Es español quien tiene DNI”.
La controversia también ha abierto un frente inesperado para Vox con uno de los espacios ideológicos con los que tradicionalmente ha buscado sintonía: la Iglesia católica. El rechazo expresado por la Conferencia Episcopal Española a cualquier discriminación hacia los migrantes ha incomodado al partido ultra, especialmente por el peso que el imaginario católico conserva entre buena parte de sus dirigentes y votantes. El mensaje lanzado por su portavoz, César García Magán, apelando a que “la prioridad es el Evangelio”. Ese conflicto revela un desplazamiento más profundo dentro del partido. La formación ha relegado temas tradicionalmente centrales de su alianza cultural con sectores conservadores - como aborto o derechos LGTBI - para poner el foco en la inmigración, precisamente el terreno donde más choca con la jerarquía eclesiástica.
