La Justicia ha dado un paso más en una de las causas abierta contra Vito Quiles. La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, integrado en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la capital, ordenaba esta semana su detención después de que el activista y colaborador de distintos medios no acudiera a dos citaciones judiciales relacionadas con una querella por un presunto delito contra el honor. La magistrada considera que las reiteradas incomparecencias evidencian un intento de sustraerse a la acción de la Justicia y, por ello, ha acordado una orden de "busca, detención y presentación" para garantizar que comparezca ante el juzgado.
Según publica el Diario de Sevilla, la investigación nace de una querella presentada a principios de 2026 por un funcionario del Ministerio de Hacienda que asegura haber sido víctima de una campaña de difamación impulsada por Quiles en redes sociales y en los programas en los que participa al propagar un bulo sobre su persona. En concreto, el querellante denuncia que el comunicador lo presentó públicamente como un supuesto asesor de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que habría estado en prisión y que, según sostuvo, logró salir de la cárcel gracias a la intervención de la entonces vicepresidenta del Gobierno, antes de acabar trabajando en el ministerio.
Sin embargo, la realidad, tal y como recoge la querella y según pública el mencionado periódico, es muy distinta. El denunciante es un empleado público que desarrolla su labor en la Administración desde 1985 y cuya trayectoria profesional ha transcurrido con normalidad durante gobiernos tanto del PSOE como del PP. Nunca ha ingresado en prisión ni existe procedimiento alguno que respalde las acusaciones difundidas por Quiles, que el abogado del funcionario califica de "radicalmente falsas" y realizadas "con pleno conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad".
La querella sostiene que el perjuicio fue mucho más allá de la simple difusión de un bulo. Además de atribuirle al presunto afectado unos delitos que no habría cometido, Quiles publicó en redes sociales el nombre completo y una fotografía del funcionario, facilitando su identificación. Esa exposición pública, según el escrito, desencadenó una avalancha de insultos, descalificaciones y amenazas en redes sociales que terminaron convirtiéndose en una auténtica "persecución pública y profesional". El denunciante sostiene que el daño sigue produciéndose porque los contenidos permanecen publicados y continúan acumulando visualizaciones y nuevas interacciones.
Precisamente, esa capacidad de difusión constituye uno de los argumentos destacados en la querella. El abogado recuerda que Quiles mantiene una intensa actividad en plataformas como Telegram y TikTok y cuenta con una comunidad de seguidores que multiplica el alcance de sus publicaciones, amplificando el impacto sobre la reputación del funcionario, una persona anónima y ajena a cualquier exposición mediática.
Antes de acudir a la vía penal, ambas partes participaron en el preceptivo acto de conciliación, que terminó sin acuerdo. A partir de ese momento, el funcionario decidió acudir a los tribunales al considerar que los hechos podrían constituir un delito continuado de calumnias por la falsa imputación de delitos o, subsidiariamente, un delito continuado de injurias graves con publicidad. Además, reclama una indemnización provisional de 50.000 euros por los daños morales y profesionales sufridos.
La orden de detención llega después de que Quiles ignorara dos requerimientos judiciales. El primero le citaba para el 9 de junio a través del Servicio Común de Notificaciones y el segundo para el 25 de junio mediante la Policía Municipal Adscrita. Al no acudir a ninguna de las dos convocatorias, el letrado del querellante solicitó que se acordara su detención, una petición que finalmente fue estimada por la magistrada.
En el auto, fechado el pasado 29 de junio, la juez concluye que las reiteradas ausencias permiten apreciar una voluntad de eludir la actuación judicial, por lo que acuerda su localización, detención y traslado al juzgado para prestar declaración. La resolución no es firme y puede ser recurrida. Entretanto, el abogado de Vito Quiles ya ha anunciado que su cliente tiene previsto presentarse voluntariamente este viernes en comisaría para responder al llamamiento judicial y evitar que su situación procesal se complique aún más.
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