El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado la decisión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, de bloquear más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas en la plataforma Airbnb. Esta sentencia representa un golpe significativo a la política de vivienda del alcalde José Luis Martínez Almeida, quien defiende a capa y espada el modelo turístico de la capital española, aunque eso suponga el desplazamiento de sus vecinos a causa de la especulación inmobiliaria que tanto favorece a este sector.
La resolución del TSJM afecta a anuncios de viviendas completas de uso turístico en comunidades autónomas como Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi. El Ministerio de Consumo había detectado que estos anuncios incumplían la normativa vigente al no incluir el número de licencia o registro, no especificar si el arrendador era particular o profesional, y mostrar licencias falsas, lo que podría inducir a error a los consumidores.
En respuesta a esta situación, Bustinduy ha reafirmado su compromiso de colaborar con las administraciones públicas competentes para erradicar la ilegalidad en el sector de los alojamientos turísticos y garantizar el acceso a la vivienda. El Ministerio ha ofrecido asistencia técnica a otras administraciones para que actúen en esta línea y pongan fin a los miles de anuncios ilícitos detectados.
Además, el Ministerio ha abierto expedientes sancionadores a plataformas de alquiler de viviendas turísticas por no retirar miles de anuncios sin licencia, lo que podría acarrear multas de hasta 100.000 euros. Estas acciones se enmarcan en el objetivo de combatir la especulación y proteger los derechos de los consumidores.
La sentencia del TSJM también pone en evidencia la falta de control por parte del Ayuntamiento de Madrid sobre los pisos turísticos ilegales. El Ministerio de Consumo ha identificado más de 15.200 pisos turísticos ilegales en la ciudad, mientras que el Consistorio solo ha concedido 1.131 licencias. Esta discrepancia ha llevado al Ministerio a solicitar al alcalde Almeida que elimine los anuncios de viviendas turísticas sin licencia en plataformas como Airbnb o Booking.
Mientras el Ministerio de Consumo impulsa medidas para controlar la oferta ilegal, algunas comunidades autónomas y ayuntamientos han sido acusados de otorgar licencias sin control, lo que ha agravado la crisis de vivienda en muchas ciudades.
La sentencia del TSJM y las acciones del Ministerio de Consumo marcan un punto de inflexión en la lucha contra los pisos turísticos ilegales en España. El fallo judicial refuerza la posición del Gobierno central en su enfrentamiento con las políticas de vivienda del alcalde Almeida, y abre el camino para una mayor regulación y control del sector.
En este contexto, Bustinduy ha destacado la necesidad de una colaboración efectiva entre las administraciones públicas para abordar la crisis de vivienda y garantizar la protección de los consumidores. El Ministerio continuará trabajando en diversas actuaciones complementarias a las que puedan desarrollar otras autoridades, con el objetivo de poner fin a la ilegalidad generalizada de los alojamientos turísticos y favorecer el acceso a la vivienda.
La sentencia del TSJM también ha sido interpretada como una advertencia a otras plataformas de alquiler de viviendas turísticas que operan en España. El fallo subraya la responsabilidad de estas empresas en garantizar que los anuncios publicados en sus plataformas cumplan con la normativa vigente, y establece un precedente para futuras acciones legales en caso de incumplimiento.