La Fiscalía de Baleares ha presentado una querella contra Pedro Bestard, vicepresidente del Consell de Mallorca y representante de Vox, por el presunto uso particular de vehículos oficiales de la institución insular. El procedimiento judicial supone un nuevo capítulo de una polémica que salió a la luz el pasado mes de mayo y que ha terminado enfrentando al dirigente de la formación de Abascal con la oposición socialista, que reclama su destitución.
El origen de la causa se encuentra en una denuncia presentada por el PSIB el pasado 2 de julio ante el ministerio público. En aquel escrito, los socialistas apuntaban a posibles delitos de malversación continuada de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, a raíz de una serie de desplazamientos que consideraban ajenos a las responsabilidades institucionales de Bestard. La Fiscalía ha decidido ahora dar un paso adelante mediante la interposición de una querella.
La controversia llevó al presidente del Consell, el popular Llorenç Galmés, a encargar un informe a la Secretaría Técnica del Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, área que dirige el propio Bestard. El documento recoge el "uso inapropiado" de hasta tres vehículos oficiales y contabiliza al menos veinte desplazamientos fuera de la agenda institucional del vicepresidente.
Entre los viajes señalados figuran traslados relacionados con actos de partido, así como uno especialmente llamativo, al hallar un desplazamiento a Toledo para recoger una cabra disecada. La documentación incluye también gastos asociados a la taxidermia del animal y al transporte marítimo en ferri. El informe recoge, además, consumos de combustible en jornadas sin actividad institucional registrada y la pérdida de las llaves de uno de los automóviles.
Otro de los aspectos que aparecen en el documento es la retirada de la rotulación institucional de, al menos, uno de los vehículos utilizados por Bestard. Una circunstancia que se suma a las irregularidades señaladas en torno a la utilización de los recursos públicos y que ha alimentado las críticas de la oposición. El código ético del Consell de Mallorca establece en su artículo 4 que los responsables públicos deben actuar conforme a principios de austeridad en el gasto y en el uso de recursos institucionales, honestidad, transparencia y primacía del interés general sobre el privado.
La portavoz socialista en la institución insular, Catalina Cladera, ha calificado de "muy grave" la querella presentada por la Fiscalía y ha insistido en que Galmés debería haber cesado ya a su vicepresidente. La dirigente del PSIB ha reclamado también la intervención de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ante lo que considera una falta de respuesta del máximo responsable del Consell.
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