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Los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tomaron medidas para impedir que los agentes encargados de investigar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, fueran identificados durante una reunión con la dirección del instituto armado. La decisión partió del entonces jefe de la unidad, Rafael Yuste, y del responsable del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN), el teniente coronel Antonio Balas, quienes optaron por limitar la asistencia al encuentro convocado en julio de 2024 por el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas.
Según ha publicado El Independiente, los responsables de la investigación desconfiaban de la convocatoria y consideraban innecesario que los agentes que trabajaban directamente en el procedimiento judicial tuvieran que comparecer ante sus superiores. Su principal preocupación era que aquella reunión permitiera conocer las identidades de los investigadores destinados a una causa especialmente sensible por su vinculación familiar con Pedro Sánchez.
Los hechos se remontan al 15 de julio de 2024. Aquel día, Yuste comunicó a Balas que el DAO había convocado para la jornada siguiente una reunión en las dependencias de la UCO. Llamas había solicitado expresamente la presencia de los efectivos que participaban en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz sobre David Sánchez.
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La petición despertó las reservas de Balas, quien trasladó su preocupación al entonces responsable de la unidad. Ambos acordaron que los investigadores y analistas no asistieran al encuentro y que la representación del equipo quedara limitada al propio teniente coronel y al oficial encargado de coordinar las pesquisas. De esta manera, pretendían preservar la identidad del resto de los agentes sin impedir que la dirección de la Guardia Civil recibiera información sobre el desarrollo del procedimiento. La decisión, de acuerdo con las fuentes citadas por el periódico, respondió al propósito de evitar una exposición que los dos mandos consideraban innecesaria para el avance de la investigación.
Una reunión marcada por las discrepancias internas
El encuentro se celebró finalmente el 16 de julio de 2024 con la presencia de Manuel Llamas, el general jefe de Policía Judicial, Rafael Yuste, Antonio Balas y el oficial coordinador de la investigación. Durante la reunión, el DAO explicó que acudía por indicación del entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y que debía elaborar un informe sobre lo tratado. Según la documentación incorporada a las actuaciones judiciales, Llamas pidió reforzar los medios disponibles para acelerar las diligencias y concluirlas cuanto antes, sin que constara una explicación concreta sobre los motivos de aquella urgencia.
La cita llegó apenas cuatro días después de otro encuentro que había provocado discrepancias entre los responsables de la investigación y la dirección del instituto armado. El 12 de julio, Leonardo Marcos había reunido a varios mandos para abordar las actuaciones policiales relacionadas con David Sánchez. Según declaró posteriormente Yuste, el director general cuestionó con dureza uno de los oficios de la UCO, al que calificó de "totalmente prospectivo y malintencionado".
Marcos también habría asegurado que la credibilidad de la unidad y de la Guardia Civil estaba "por los suelos". Siempre según el relato del antiguo jefe de la UCO, exigió que el análisis de los correos electrónicos investigados estuviera terminado el 19 de julio y que "no haya nada".
Yuste rechazó la viabilidad de aquel plazo. Explicó que todavía quedaba documentación por examinar y que, una vez concluido el análisis, debía redactarse el correspondiente informe para el juzgado de Badajoz. Por tanto, consideraba materialmente imposible finalizar el trabajo en la fecha solicitada.
Las reuniones adquirieron relevancia posteriormente, cuando varios mandos prestaron declaración en el marco de la investigación judicial sobre las presuntas maniobras para interferir en causas relacionadas con el entorno del Gobierno.
En esas declaraciones también apareció una instrucción atribuida a Manuel Llamas: que los agentes evitaran actuar de manera proactiva en procedimientos con "afectación política" y se "pusieran de perfil", dejando la iniciativa en manos de la autoridad judicial.
El DAO negó haber trasladado aquella orden en los términos denunciados. Además, cuando Rafael Yuste compareció en junio de 2026 ante el juez Santiago Pedraz, matizó que no había interpretado esa indicación como una presión, aunque confirmó que se había hablado de adoptar una actitud menos proactiva.
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