Transparencia urge a La Adrada a entregar los documentos sobre el chalet del juez Peinado

El chalet irregular del juez Peinado sigue en el punto de mira, y de igual manera, la alcaldesa de La Adrada. El Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha redoblado la presión sobre la dirigente municipal para que acceda a las peticiones de información del activista Fernando Jabonero.

"Para dar cumplimiento completo a la citada resolución del 2 de agosto de 2025, el Ayuntamiento de La Adrada debe facilitar al reclamante, en relación con la finca catastral 073801UK6603N, su dirección CM Forestal, copia de los informes técnicos y jurídicos emitidos para facultar la concesión de licencias urbanísticas (de primera ocupación y las de obras de las dos construcciones, vallado, plataforma hormigonada y piscina), copia de los acuerdos o resoluciones de la concesión de cada una de las licencias anteriores y, por último, copia de las autorizaciones municipales para facultar las acometidas y, en su caso, evacuaciones de agua", señala el Comisionado, que insta a la alcaldesa a que facilite al reclamante toda la información citada y que se suma a las presiones de la Fiscalía para el mismo propósito.

"La alcaldesa de La Adrada debe de estar muy mal asesorada", han sido las palabras del propio Jabonero al enterarse de este nuevo requerimiento.

La pasada semana, el Ayuntamiento de La Adrada ya era instado por la Fiscalía a que satisfaga a las peticiones de información de Jabonero y entregue los documentos correspondientes para evaluar la legalidad del inmueble, pero, al mismo tiempo, archivó las diligencias preprocesales penales al considerar que los hechos por los que se llegó a la situación de irregularidad no tienen relevancia penal.

El Ministerio Público reconocía "posibles irregularidades en cuanto a la actuación de los arquitectos que trabajan para el Ayuntamiento de La Adrada al carecer de la condición de funcionarios públicos, por lo que su nombramiento podría no ser ajustado a la legalidad" y ponía en la responsabilidad del Consistorio satisfacer la petición de información. Es decir, la Fiscalía reconoce que el Ayuntamiento de La Adrada, en lo referente a la tramitación de expedientes urbanísticos como el del chalet del juez Peinado, no ha cumplido con la ley, pero que a pesar de ello no encuentra delito, por lo que se procede al archivo de las diligencias.

El problema del arquitecto municipal

Otra de las aristas de la situación consiste en que el Ayuntamiento de La Adrada no cuenta con un arquitecto municipal oficial para la firma de tales proyectos. Al darse esa situación en un municipio, es la Diputación de turno (en este caso, la de Ávila) la que ha de proporcionar los servicios de un profesional, pero ésta es una situación de excepcionalidad y no algo que tenga que convertirse en norma. Esa es precisamente la cuestión que señala la Fiscalía: que el Ayuntamiento debería contar con esos medios.

"Se había solicitado información sobre los contratos de los asesores, pero el Ayuntamiento, otra vez, se las arregla para omitir aportar los referentes a la licencia de obras de 2004 del chalet de Peinado, y el Fiscal no aprieta a la secretaría, que alega la dificultad de acceder a esos contratos. Existe un departamento municipal que es el archivo y ahí está el tema: accédase al archivo y si la secretaria se niega a aportar esos documentos, ¿para qué están el Seprona y hasta la UCO?", se cuestionaba el propio Jabonero sobre las negativas del Consistorio a aportar los documentos. Por otro lado, la propia Diputación tiene hasta cuatro requerimientos para tramitar la acción pública sobre el chalet de Peinado para la restauración de la legalidad. Entre administraciones se pasan la pelota en un terreno en el que las responsabilidades son grises, pero el panorama que se dibuja es claro: el Ayuntamiento de La Adrada no tiene arquitecto municipal, situación que la Fiscalía valora que debe solventarse, y la licencia del chalet del juez Peinado está en entredicho a vista de la posibilidad de que fuera expedida por alguien sin las competencias para ello.

Por otro lado, Jabonero también denunciaba que la alcaldesa del municipio miente al decir que cada vez que tramitan un expediente administrativo, como no tienen funcionario arquitecto, quien les hace la suplencia es la Diputación. El denunciante valoraba que eso no puede ser cierto, ya que la Diputación no tiene los medios suficientes para hacer frente a tal volumen de firmas.

"Hay un chalet al que se le dio una licencia de obras que no fue informada por la Diputación, y al que se pretende dar la licencia de primera ocupación cuando la licencia de obras es nula al no haberse tramitado un por funcionario competente y habilitado", sentenciaba el activista.