Todas las medidas del decreto de vivienda que el Gobierno lleva al Consejo de Ministros

El desahucio de Maricarmen el pasado miércoles fue la gota que colmó el vaso en la crisis que atraviesa la vivienda en España de hace mucho tiempo atrás y que se cristaliza prácticamente a diario con multitud de desahucios, subidas constantes de los alquileres y el abandono a los inquilinos, mientras los fondos buitre y de inversión multiplican sus beneficios de forma recurrente. 

Con este telón de fondo y después de que en julio el Gobierno no consiguiera reunir los apoyos necesarios para sacarlo adelante, este martes vuelve al Consejo de Ministros el decreto de vivienda. Lo hace, no obstante, con la presión de su socio minoritario, Sumar, y del resto de socios, y con las exigencias del Sindicato de Inquilinas que, aseguran, no cesarán en sus protestas si el ‘decreto Maricarmen’ que ellas presentan no sale adelante o sale incompleto.

A la espera de conocer el resultado de la negociación en el Consejo de Ministros, el Gobierno plantea las siguientes medidas:

1. Protección ante los desahucios. Desde Sumar insisten en recuperar la prórroga automática de alquileres con una actualización anual conforme al IPC, lo que se conoce como renta antigua. La propuesta que ha planteado al Gobierno incluye la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2028 los procesos de desahucio cuando afecten a personas en situación de vulnerabilidad económica y sin alternativa habitacional. El borrador establece que cuando el desahucio afecte a un pequeño propietario, será la Administración quien asuma los gastos de compensación de todo el proceso, incluyendo impagos de anteriores, suministros y otros daños ocasionados. La suspensión judicial de los procesos se revisará cada doce meses y tendrá una duración máxima de hasta tres años.
2. Prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre. Esta medida ya venía recogida en el borrador del decreto que no prosperó en julio e incluye aspectos como el derechos de los inquilinos a tantear si el propietario quiere vender la viviendas. Asimismo, comprende que si se trata de una venta en bloque, se debe indicar a los inquilinos en cuánto se valora su vivienda y ofrecérsela a ese mismo precio.
3. Estabilización de los contratos de alquiler para la protección de personas que viven en comunidades donde no se aplica la Ley de Vivienda. Con esta medida, los anuncios de alquiler estarán obligados a indicar si el propietario es gran tenedor, el precio de la vivienda conforme al índice de referencia pública y la renta del último contrato independientemente de si es zona de mercado residencial o tensionado. Asimismo, en este caso, también será obligatorio indicar el límite de renta aplicable. Entre otras cosas, este punto recoge que los inquilinos podrán descontarse de las rentas las mejoras que deban llevar a cabo por daños que afecten a la seguridad, habitabilidad y salubridad de las viviendas.
4. Regulación del alquiler de temporada. Con esta medida, se pretende poner fin al fraude en los contratos de corta duración, cuando no se respetan los plazos que marca la ley para el alquiler de viviendas.
5. Aumento del IVA a los pisos turísticos para que tributen como el negocio que son.
6. Bonificaciones fiscales a inquilinos. Esta medida, que ya se incluía en el borrador de julio, contempla que los inquilinos de entre 18 y 35 años, con una base imponible inferior a 24.107 euros y que alquilen vivienda en zona tensionada, se puedan deducir el 10,05% por el alquiler de su vivienda habitual. Así, si los ingresos del inquilino están por debajo de esta cifra, podrán deducirse 9.040 euros anuales, con ajustes en el caso de ingresos entre 17.707,20 y 24.107,20 euros anuales.
7. Bonificaciones fiscales a quienes bajen el precio del alquiler. Este punto comprende que los propietarios que mantengan al mismo inquilino con una renta ligeramente superior a la inicial del último contrato, podrán deducirse el 100% de estos ingresos. La norma habla de rebajar un 5% la renta del último contrato, pero una vez aplicada la cláusula de actualización. Asimismo, también podrán beneficiarse de esta bonificación quienes firmen contrato con nuevo arrendatario o aquellos que alquilen por primera vez, siempre y cuando la renta no supere el precio que marca para esa vivienda el índice de precios de referencia del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, quienes incrementen los alquileres verán disminuida la reducción hasta ser apenas un 15% en quienes suban el 20% o más.
8. Ayudas a la compra de la primera vivienda. Con el objetivo de respaldar a quienes quieran adquirir por primera vez un inmueble pero no dispongan de ahorros suficientes para hacerlo.
9. Blindaje del parque estatal de vivienda. Según señalan desde la cartera que dirige Isabel Rodríguez, con ello pretenden que “nunca más una vivienda pagada con el dinero de todos acabe en manos de especuladores”. Este apartado incluye la propuesta de modificación del régimen socimi, enfocada a que solo puedan acceder a ese marco fiscal las empresas dedicadas a vivienda social y asequible.
10. Bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente. Esta medida se mueve en el marco del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que mantiene sujetas las transferencias que hace el Estado a las Comunidades Autónomas a la prohibición patrimonial de la vivienda que se venda al Gobierno antes de diciembre de 2027, siempre que su valor de transmisión sea inferior a 800.000 euros.

El Sindicato de Inquilinas insiste en el ‘decreto Maricarmen’

Frente a estas diez medidas que llegan al Consejo de Ministros este martes, el Sindicato de Inquilinas ya ha avanzado que no paralizarán sus protestas ni la acampada que está ubicada en la Puerta del Sol si no se incluyen los puntos que ellas plantean.

Entre estos, destacan: 

1. Contratos de alquiler indefinidos o de renovación automática
2. Medidas estructurales para impedir los desahucios. Con ello, desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid reclaman una reforma que impida expulsar de su vivienda a las personas vulnerables y que no cuenten con alternativa habitacional adecuada. 
3. Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Para regular los alquileres de temporada y por habitaciones. 
4. Prórroga de los contratos vigentes.
5. Congelación de los precios actuales del alquiler.