La Ley de Residuos inicia este martes su trámite parlamentario y, como antesala del debate en el Congreso, el Ministerio de Transición Ecológica organizó ayer una jornada oficial titulada ‘Economía circular, el momento es ahora’ para hablar sobre los retos que afronta España en esta materia, y que fue inaugurada por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España Teresa Ribera.
Hasta aquí todo normal. En la jornada sobre economía circular intervinieron representantes de la Administración, de compañías privadas de diversos sectores, uno solo del sector de residuos (Plastic Energy) y una única organización ecologista: Amigos de la Tierra, una asociación muy conocida por la ministra Teresa Ribera, ya que desde el pasado febrero sometió a la vicepresidenta a una especie de escrache digital, tal y como denunció ElPlural.com.
En concreto, Amigos de la Tierra lanzó hace unos meses la campaña #GobiernodesplastificanosYA con la clara intención de influir en la Ley de Residuos. La forma de presionar al Gobierno fue mencionando el perfil de Teresa Ribera en las redes sociales al mismo tiempo que pedían a los usuarios el envío de fotos de latas y botellas que se encontraran en espacios públicos para reenviárselas a la ministra.
Como consecuencia la vicepresidenta recibió más de 10.000 fotos durante dos meses, así como una proyección en la sede de su ministerio el pasado 26 de marzo.
La respuesta de la ministra no fue, como parece lógico, denunciar ante la opinión pública la presión que estaban ejerciendo los ecologistas, sino darles voz en una jornada oficial a Amigos de la Tierra. “Al parecer, la presión de los ecologistas ha surtido efecto’’, comentan fuentes del sector del reciclaje.
Amigos de la Tierra es una de las organizaciones pertenecientes a la Alianza Residuo Cero, el lobby que intenta imponer el SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno) en España. También es una las entidades que apoyan a Retorna, la organización que presuntamente ha recibido pagos frecuentemente del grupo noruego Tomra, una multinacional que pretende obligar a los comercios a pagar por las máquinas de depósito que ellos mismos fabrican. El coste de cada máquina se sitúa entre 15.000 y 20.000 euros.
El SDDR es un sistema de reciclaje que sólo se ocupa del 1,5% de los residuos plásticos, y que supondría un enorme gasto para el comercio, que atraviesa un momento muy complicado con cierres de negocios a causa de la pandemia de coronavirus.
En la jornada sobre economía circular celebrada ayer, la ministra Ribera enumeró algunas propuestas que recoge el anteproyecto de Ley de Residuos, entre las que destaca la revisión del marco jurídico de la Responsabilidad Ampliada del Productor, precisando los costes asociados a la gestión de los residuos que deben asumir los productores y que, además, será ampliado a otros residuos. Es decir, la industria y el comercio deberán asumir un mayor coste por los residuos justo en una situación de grave crisis económica y con las cuentas de las empresas intentando salir a flote tras la COVID-19.
